La Dra. Mussa usa el poder para limitar el accionar de la justicia

ARDE LA ASESORIA TUTELAR
En conflicto con Laura Mussa, Gustavo Moreno perdió facultades
La Asesora Tutelar General, Laura Musa, prohibió a su segundo recibir nuevas denuncias, realizar inspecciones oculares y continuar con viejas causas. Los curas villeros encabezados por Pepe Di Paola lo respaldan.
Por Lucas Schaerer Publicación: 28/09/2011Temática: Justicia
La decisión fue certera. Recortes de poderes al asesor Tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, el funcionario judicial en resguardo de los derechos de los menores que se enfrentó a las diferentes gestiones del GCBA. Desde hace semanas no puede recibir denuncias, realizar inspecciones oculares y se encuentra limitado en seguir las causas que impulsó en primera instancia. La supresión de facultades al asesor Tutelar de Cámara fue determinada por la asesora General, Laura Musa, según denunció el propio Moreno. Así, la máxima funcionaria que debería velar desde el poder judicial por los derechos de los menores de edad e incapaces es quien sale a enfrentar a su propio colega. En relación a este enfrentamiento, el equipo de curas para las villas miserias de la Ciudad presentó una carta a Mussa para que restituya las facultades a Moreno. Noticias Urbanas recibió en exclusiva el texto presentado este martes en la mesa de entrada de la Asesoría Tutelar General.“Nuestra carta valora el trabajo que Moreno viene haciendo en los barrios. No queremos que a raíz de un cargo superior se vea impedido a seguir recorriendo los barrios marginados como lo hace años. Queremos que mantenga la cercanía con las villas. No vemos que un nuevo cargo impida la cercanía con los pobres”, expresó a este medio el cura de la villa del Bajo Flores, Gustavo Carrara.La carta firmada por José "Pepe" Di Paola, en calidad de asesor de veinte curas villeros porteños, fue realizada "para manifestarle una preocupación respecto al impacto en las villas de la nueva situación del Asesor de Cámara", y agregó la misiva "nos preocupa que estas restricciones signifiquen un recorte en el acceso a los derechos de los más pobres".Gustavo Moreno inició el amparo por los menores adictos al paco, los cartoneritos, las irregularidades en los boliches y por las condiciones de asistencia a los pacientes psiquiátricos, entre otros temas de impacto social.

Grupo de la Sierra Denuncia

Denuncia Pública
Asesora Tutelar General restringe acceso a la Justicia

De acuerdo a la Resolución 120/11, la Asesora General Tutelar; Dra Laura Musa impuso un sistema de "TURNOS" para la atencion al público a cargo de los Asesores Tutelares de primera instancia a partir del 1º de agosto del corriente.-Queda evidenciada de esta manera, que la Sra Musa no tiene voluntad de que más habitantes accedan a la justicia, ya que maliciosamente impone a los ciudadanos que necesitan la intervención de la Asesoria que pidan TURNOS, y que se pudran sus derechos, mientras aguardan su turno.
Este sistema no solo restringe al acceso a la atención de los ciudadanos que así lo requieran sino que es una medida burocrática y arbitraria; maxime, porque se trata de velar por los derechos de los más necesitados como son los incapaces.
Ni hablar de la gran cantidad de expedientes que se duermen en los laureles en las oficinas de ciertas Asesorias de 1º Instancia desde que la Dra. Musa asumió. Ni hablar de la gran cantidad de niños durmiendo en las calles de la Ciudad, desnutridos, con frio en sus huesos, sin hogar, sin familia y sin ninguna intervencion de las Asesorias. Ni hablar de las familias que estan esperando una vivienda digna, salud o alimentación en las villas y los barrios de la ciudad.
¡¡¡LA DRA. MUSA SE DEFECA EN LOS DERECHOS DE LOS MAS VULNERABLES!!!

Denuciado por el Grupo de la Sierra

La Ministra Vidal Pasó la Topadora sobre los Pobres

Les entregarán apenas $ 700 a cada grupo familiar
El macrismo pasó la topadora para expulsar a la gente de “La Veredita”

Publicado el 4 de Junio de 2011 por Diario Tiempo Argentino

Por Claudio MardonesRodeadas de policías, más de 300 familias fueron desalojadas del predio en el Bajo Flores y sus casas destruidas. La ministra y candidata María Vidal fue la voz del gobierno que apeló la orden de pagar $ 7200 a cada familia.
La cuenta regresiva que durante meses mantuvo en vilo a más de 300 familias sin techo, terminó este viernes a las 6:30 de la mañana, cuando dos topadoras y más de 500 efectivos de las Policías Metropolitana y Federal desalojaron por la fuerza el asentamiento “La Veredita”, uno de los núcleos habitacionales más precarios de Villa Soldati, el barrio porteño más pobre de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde el 50% de su población sobrevive del cartoneo. La medida fue ordenada por la jueza contravencional porteña Claudia Álvaro y desembocó en una nueva pelea judicial entre el gobierno de Mauricio Macri y los tribunales de la Ciudad, debido a que la ministra de Desarrollo Social y candidata a vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, decidió desconocer dos medidas cautelares que habían sido dictadas por los jueces Vicente Cataldo y Elena Liberatori. Ambos magistrados resolvieron el pago que establece la ley de 7200 pesos, por única vez, para cada una de las familias que iban a ser desplazadas, pero Vidal sostuvo que “si les damos dinero o vivienda a estas familias lo que estamos diciendo es que se impone la ley del más fuerte”, dijo la funcionaria, mientras sigue adelante con su campaña electoral como compañera de fórmula del alcalde porteño.“La Veredita” está compuesta por tres núcleos de casillas que fueron erigidas por sus habitantes sobre la vereda de la calle Portela, entre Riestra y Castañares y sobre Riestra entre Lafuente y Portela. El tercer tramo del asentamiento, tiene más de cinco años de existencia y está ubicado a dos cuadras, sobre la calle Ana María Janner, entre Portela y Riestra. Los tres núcleos ocupan las veredas que rodean a tres terrenos: los predios del colegio Marianista, de los clubes Argentinos Juniors y DAOM, y de la Fuerza Aérea.La decisión de la jueza Álvaro estuvo destinada a desalojar con el uso de la fuerza pública a las dos primeras partes del asentamiento, donde hasta la mañana de este viernes habían más de 280 familias que terminaron aceptando una oferta de 700 pesos por única vez para que dejaran el lugar. La propuesta equivale al 10% del monto que dispuso la jueza Liberatori, pero fue realizada mientras dos topadoras arrasaban las casillas, ante la mirada atónita de un centenar de mujeres que trataban de resistir al avance de las columnas policiales y proteger a sus niños.“Nos trataron como basura y nos dijeron que no teníamos más alternativa que aceptar los 700 pesos y dejar el lugar, o las topadoras se iban a llevar nuestras cosas”, contó a Tiempo Argentino Laura Forno, una de las delegadas del asentamiento que presentó el amparo ante la justicia para evitar el desalojo. El jueves, un día antes del operativo represivo, la jueza Álvaro había dado por concluida la etapa de negociación, luego de que los fiscales Luis Duacastella Arbizu y Roberto Maragliano informaran el fracaso del intercambio con los habitantes de las calles Portela y Riestra. “Lo cierto es que lo único que ofrecieron fue el desalojo o 700 pesos, por eso lo rechazamos. Al día siguiente, cuando llegaron las topadoras a la madrugada, la oferta fue la misma, pero a la fuerza”, contó Forno a este diario, mientras sus vecinas levantaban sus pocas cosas para evitar que las máquinas excavadoras arrasaran con sus techos, sus colchones y la ropa de sus hijos. Para el comisario Ricardo Pedace, superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, se trató del sexto intento para liberar la zona y fue realizado “con total normalidad”, aunque muchos vecinos resistieron con forcejeos y piedras a la marcha ensordecedora de las topadoras.“La ministra Vidal, dice que cumplió el fallo, pero desobedeció dos órdenes cautelares y volvió a usar las topadoras como si fuera la época del intendente de facto Osvaldo Cacciatore”, denunció Gustavo Moreno, asesor tutelar de Cámara del Poder Judicial de la Ciudad. La funcionaria ya había anticipado que no cumpliría con el fallo, y dijo que la semana próxima analizaría la salida habitacional para “algunos afectados”. La ministra, que se encuentra en plena campaña electoral, no estuvo presente en el operativo y no dijo una palabra sobre el destino de los desalojados. No tiene mucho para decir, ya que no hay más lugar en los paradores del estado porteño, que desde esta semana quedaron repletos luego del desalojo del complejo habitacional ubicado en el Bajo Flores. Al parecer, los desalojados de “La Veredita” fueron condenados a terminar en ninguna parte, en medio de una campaña electoral que no se priva de utilizar las topadoras para ganar votantes en una Ciudad que vive al borde de la fractura.

A falta de techos, paradores...

En los departamentos de flores había 186 menores, muchos de ellos ubicados ahora lejos de sus padres.
Advierten que faltarán más de 500 casas para desalojados del RiachueloPublicado el 1 de Junio de 2011

Por Claudio MardonesEl asesor tutelar del poder judicial porteño, Gustavo Moreno, anticipa que la proyección de casas a construir no es suficiente para ubicar a las 2424 familias. Hoy se realiza otra audiencia pública ante la Corte Suprema.

En la Villa 21-24 de Barracas, contabilizamos a 1347 familias viviendo al lado del Riachuelo en situación de extrema pobreza, pero comprobamos que faltan más de 500 viviendas para poder completar la relocalización total que ordena la Corte para empezar el saneamiento de la cuenca.”La advertencia fue realizada por Gustavo Moreno, Asesor Tutelar de Cámara del poder judicial porteño, y uno de los funcionarios del Ministerio Público Tutelar que ha seguido de cerca la relocalización de las familias que viven al lado del curso de agua más contaminado del país.La falta de techos para concretar la reubicación dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue confirmada por Moreno a Tiempo Argentino, cuando faltan pocas horas para que el máximo tribunal reanude, hoy a las 10, la audiencia pública que dispuso para controlar el saneamiento que ordenó en 2008.Según los datos que maneja Moreno, al principio, el gobierno porteño, por medio del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), había destinado 1060 viviendas para esa relocalización, según el plan que su presidente, Omar Abboud, entregó al juez federal Luis Armella a principios de año, cuando faltaba un día para que vencieran los plazos que estableció el magistrado.Dentro de ese plan, el IVC había calculado erigir 840 casas en el predio de “Mundo Grúa”, ubicado en el límite de la Villa 21-24 con Zavaleta, es decir a pocos metros de Iguazú e Iriarte, en el extremo sudoeste del barrio. Sin embargo, un estudio de factibilidad de ese lugar, concluyó que en ese lugar no se podían proyectar 840 viviendas, sino 500.“A las 340 casas que no se pueden construir, se suman otras 220, que están ubicadas en la Avenida General Paz y Castañares, dentro del predio que construyó la Fundación Madres de Plaza de Mayo y que implica un grave desarraigo para las familias, especialmente porque no tienen una sola escuela, ni hospital, ni infraestructura social que los reciba en esa zona”, explicó el fiscal.El fantasma de quedar tirado en cualquier lado no es nuevo en la causa del Riachuelo.El lunes ocurrió en otro caso vinculado con la relocalización de los habitantes del camino de sirga, es decir, los 35 metros de espacio público que hay a los dos lados de la costa, donde viven 2424 familias.El lunes, después de que la Policía Metropolitana desalojara los departamentos del complejo habitacional construido por el IVC en Lafuente y Portela, Moreno inspeccionó el predio de la Metro donde habían llevado a todas las personas que aceptaron desalojar pacíficamente el edificio que tomaron en marzo.Una vez en el lugar, los funcionarios de la Asesoría Tutelar ante la Cámara concluyeron que dentro del edificio tomado había 186 chicos menores de 18 años y 84 familias.Cuando preguntaron a qué lugar serían trasladados, el equipo del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de María Eugenia Vidal, contestó que “la única opción” eran los paradores de la Ciudad.La situación derivó en la protesta de varios desplazados, porque sólo cinco familias pudieron continuar unidas en el Parador Costanera, el único destinado a albergar familias completas. Las otras restantes, es decir, 79 familias, fueron desmembradas para poder meterlas en los pocos lugares disponibles de los otros paradores. El lugar que ocuparon hasta hace 48 horas, estaba destinado a las familias de “El Pueblito”, uno de los asentamientos ubicados al lado del Riachuelo que también será relocalizado. Al parecer, el síndrome de la frazada corta en la causa del Riachuelo, no ha terminado En vísperas de la audiencia que comenzará hoy a las 10, Moreno dijo estar esperanzado en que el máximo tribunal pregunte “sobre el problema habitacional y sobre la forma en la que se han hecho desalojos sin relocalización y con subsidios, algo que viola completamente el fallo de la Corte”.

Fuente: Diario Tiempo Argentino 1/6/2011 Pag. 32

Una realidad

Empezaron las obras de la Terapia Intensiva Pediátrica en el Hospital de Quemados en cumplimiento de la sentencia dictada por la Jueza Petrella en el Expte "Asesoria Tutelar 1 c/ GCBA s/ amparo". Una realidad para exigibilidad de los derechos sociales. Dr. Moreno (19/5/2011)

La sociedad mundial

"En una sola semana, la sociedad mundial actual beatificó a un Papa, casó a un príncipe y mató a un moro. Mientras los pobres siguen muriendo de enfermedad y hambre. ¡Bienvenidos a la Edad Media!". Dr. Gustavo Moreno (18/5/2011)

Moreno 1- IRSA 0

SOCIEDAD › EL GOBIERNO APELARA EL FALLO QUE LO OBLIGA A URBANIZAR UNA VILLA EN LA COSTANERA SUR
El miedo a los pobres en Puerto Madero
Una jueza porteña le ordenó al gobierno de Macri presentar en 120 días un plan para urbanizar la villa Rodrigo Bueno. El jefe de Gabinete dijo que el fallo era “un disparate”. En el fondo del conflicto, un megaproyecto inmobiliario.
Final del formulario
Por Eduardo Videla (pagina 12 25/03/2011)
Para el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, urbanizar una villa ubicada junto a la Reserva Ecológica, tal como lo ordenó en un fallo la Justicia porteña, resulta un “disparate”. En esos términos, el funcionario adelantó que el Gobierno de la Ciudad apelará la medida, dictada el martes último por la jueza Elena Liberatori en una causa que ya lleva casi seis años. La magistrada, antes de adoptar la resolución, consultó a especialistas que dictaminaron que urbanizar esa villa es técnicamente posible y recomendable. En rigor, existe una controversia de fondo que consiste en la proximidad de este barrio precario, donde hoy viven unas 700 familias, de acuerdo con el último censo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), con los terrenos donde el holding IRSA planea construir un megaemprendimiento de viviendas y espacios de recreación marina para personas de alto poder adquisitivo.
La causa se inició en 2005, cuando un decreto del gobierno porteño, durante la gestión de Jorge Telerman, dispuso un plan de subsidios para los que aceptaran irse de la villa, con la idea de erradicarla. Muchas familias aceptaron el dinero, pero otras iniciaron un reclamo judicial, en ese momento, con el apoyo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“Los querían sacar con dinero porque el asentamiento resultaba molesto para el emprendimiento de IRSA”, dijo a Página/12 Gustavo Moreno, quien intervino en el caso como asesor tutelar de primera instancia, en representación de los niños que viven en la villa. Moreno logró que se declare inconstitucional la inclusión del barrio dentro de los límites de la Reserva Ecológica. “Cuando se hizo esa delimitación por ordenanza, en 1986, la villa ya existía, no se trata de una ocupación posterior”, argumentó el asesor.
La historia de la villa Rodrigo Bueno fue reconstruida para la causa por un equipo de antropólogas del Instituto Gino Germani de la UBA y del Conicet, designado por la jueza Liberatori. Los primeros asentamientos datan de mediados de los años ’80, pero su mayor crecimiento coincide con la etapa de crecimiento de Puerto Madero. “Allí vive mucha de la gente que trabaja en la construcción de los grandes emprendimientos inmobiliarios de ese barrio”, relató a este diario Rocío Sánchez Andía, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, autora de un proyecto para urbanizar dicha villa.
La villa Rodrigo Bueno se encuentra ubicada sobre la avenida Costanera Sur, entre la Reserva Ecológica y los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, que en 1997 compró IRSA para su emprendimiento Santa María del Plata. Pero entre la Reserva y la villa hay un cementerio de autos judicializados, de la Policía Federal, y un baldío donde funcionó el obrador de la empresa Covimet. Dos lotes sobre los que los gobiernos de la ciudad no mostraron tanto interés en recuperar como el que ocupa la villa.
El arquitecto Jaime Sorín recibió a principios de 2010, cuando todavía era decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, un pedido de la jueza Liberatori para que, en el marco de la causa, analice la factibilidad de urbanizar el barrio o determine si, por el contrario, era necesario erradicarlo. “El asentamiento tiene muchos años, construcciones definitivas y sólidas, aunque necesitan una mejora. Lo que sí requiere es inversión en espacio público: veredas, calles, agua, una plaza, comedor y guardería”, explicó Sorín a este diario, al hacer una síntesis de su dictamen.
Es que el único equipamiento que tiene el barrio es una capilla, Nuestra Señora de Caacupé, donde hasta fines del año pasado hacía su trabajo pastoral el cura Jorge Carbonell, hoy reemplazante de Pepe Di Paola al frente de la Pastoral Villera porteña.
Sorín advierte que hoy la villa quiere ser erradicada por el mismo Estado que antes le dio chapas, en la gestión de Ibarra, o caños para el agua, durante el actual gobierno. “Se debe dar allí una solución definitiva, a través de una ley de radicación como hicimos con la Villa 31”, agregó Facundo Di Filippo, legislador con mandato cumplido.
En su fallo, la jueza Liberatori declaró nulos los decretos que disponían el desalojo del predio, dispuso la incorporación del barrio Rodrigo Bueno al Programa de Radicación de Villas (Ley 148) de la cual estaba marginado, y le ordenó al Gobierno de la Ciudad que en 120 días presente un plan de integración urbana y social del barrio, entre otras medidas.
El gobierno porteño respondió a través de su jefe de Gabinete. “Realmente es un disparate. Estamos convalidando una toma a gente que ha usurpado un lugar. No podemos convalidar dándole un apoyo del Estado a alguien que tomó un espacio público o un espacio privado”, dijo Rodríguez Larreta.
“Deberían ser más sinceros –le respondió la diputada Sánchez Andía– y reconocer que ideológicamente no les gusta que haya una villa en Puerto Madero. Porque en lo técnico no hay ningún impedimento.”

Moreno 1- Larreta 0

Un fallo ordena al gobierno porteño a hacerlo en 120 días
Para Rodríguez Larreta, urbanizar la Villa Rodrigo Bueno “es un disparate”Publicado el 25 de Marzo de 2011
Por Claudio MardonesEl jefe de Gabinete PRO evitó decir que el grupo IRSA, que tiene como gerente a su hermano Augusto, proyecta un barrio de lujo en la zona.
Para el gobierno porteño, la Villa Rodrigo Bueno, habitada por casi 400 familias sobre el costado sur del lujoso Puerto Madero, no es un barrio sino una usurpación que no merece ser urbanizada. La polémica caracterización fue pronunciada ayer por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, en respuesta a un fallo de la justicia porteña que ordena la urbanización de ese asentamiento en un plazo de 120 días.“Realmente es un disparate. En este caso, es una zona donde no hay infraestructura adecuada para que la gente viva. Estamos convalidando una toma a gente que ha usurpado un lugar”, dijo el funcionario, luego de conocer la medida dispuesta por la jueza Elena Liberatori de Aramburu, titular del cuarto juzgado contencioso de la Ciudad. El fallo, firmado el lunes, considera probado que la villa nació antes que la Reserva Ecológica, que data de 1986, y establece un duro precedente para el megaproyecto inmobiliario Solares de Santa María, un barrio de lujo proyectado por el holding Inversiones y Representaciones SA (IRSA) en las mismas tierras que pertenecieron hace 30 años a la Ciudad Deportiva del Club Boca Juniors y que están frente a la Villa Rodrigo Bueno, en el último extremo de la ribera porteña.El fallo también establece un plazo de 30 días para que la comuna saque el depósito de chatarra que está al lado del barrio, pero ninguno de esos términos será cumplido. Rodríguez Larreta, en su papel de precandidato a jefe de gobierno del PRO, anticipó que apelará el fallo, pero en medio de la intempestiva respuesta se le olvidó un dato íntimo: su hermano, Augusto Rodríguez Larreta, se desempeña como gerente de Relaciones Institucionales del holding perteneciente a Eduardo Elsztain, que también es propietario del 14% del Banco Hipotecario, once shoppings y cientos de emprendimientos inmobiliarios. Por otra parte, apenas asumió Mauricio Macri como jefe de gobierno, en diciembre de 2007, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) quedó en manos del arquitecto Roberto Apelbaum, ex director de IRSA y del Hipotecario. Desde su llegada al IVC, el organismo quedó virtualmente desfinanciado.Dentro de la causa, un informe realizado por un equipo de antropólogas sociales de la UBA e investigadoras del CONICET, advierte que el barrio está habitado por porteños signados por “la imposibilidad de acceder a la vivienda urbana a través de los mecanismos de mercado” y que padecen “la exclusión de programas estatales de vivienda y la necesidad de ‘arreglárselas por las suyas’ para resolver carencias básicas”.El fallo señala que “en otras épocas, la ciudad no dio ninguna importancia” a la Costanera Sur, pero “ante la recuperación edilicia y económica del barrio y con inmuebles que cotizan en 4000 dólares el metro cuadrado, ahora la comuna pretende desalojar”. Consultado sobre la apelación que presentará el PRO, el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, dijo que no le extraña la respuesta, pero advirtió que apoyará el fallo en segunda instancia. “Lo triste”, dijo, “es que Rodríguez Larreta no entiende nada porque no sale de Bolívar 1, pero lo cierto es que el Estado se dio cuenta que existía Rodrigo Bueno el día que IRSA empezó su emprendimiento inmobiliario.”

Opinión
“El problema de fondo no se soluciona con polémicas”
Publicado el 19 de Marzo de 2011 (diario Tiempo Argentino)
Por Gustavo MorenoAsesor Tutelar de la Cámara del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
En medio de las polémicas mediáticas, ni el gobierno nacional ni el de la Ciudad se animan a tocar el principal tema de fondo que ha quedado al desnudo después de la crisis del Parque Indoamericano. Hasta ahora, nadie habló de la creciente pobreza y la profunda crisis habitacional que atraviesa a la zona sur porteña. Nadie ha dicho que desde San Juan y San Pedrito hacia el sur hay una ciudad postergada, y que del otro lado existe otra realidad. Han pasado tres meses desde la toma más grande que tuvo la Ciudad de Buenos Aires y, especialmente, el gobierno porteño ha demostrado que no está preocupado por solucionar la violación a los derechos sociales que se vive en las villas y asentamientos. Los cercos de seguridad pueden servir en un momento coyuntural de violencia, pero sólo sirven en ese momento. Luego, la única solución de fondo consiste en asumir la crisis social y buscar soluciones reales, como tener una política de Estado en materia habitacional con construcción permanente de viviendas y que incluya la urbanización de todas las villas. En estos barrios, el tema central es la falta de Estado, es decir, la ausencia de viviendas, salud y escuelas. Sin esa respuesta, creo que las tomas continuarán. Falta Estado y el problema de fondo no se soluciona con polémicas públicas.

Dr. Moreno en la franja del Riachuelo

Si continúan las demoras, los funcionarios serán multados
El juez del Riachuelo ordenó que no haya desalojo sin reubicación
Publicado el 24 de Febrero de 2011 (Diario Tiempo Argentino)
Por Claudio Mardones
Luis Armella, a cargo del juzgado federal de Quilmes, fijó además un detallado cronograma con fechas límites para garantizar el traslado de las familias que viven en la ribera. Impuso también un trabajo de “concientización”.
El Riachuelo ya cuenta con un cronograma real de saneamiento que incluye la relocalización de todas las familias que viven en las dos riberas del curso de agua más contaminado de la Argentina. Este martes, el juez federal de Quilmes Luis Armella ratificó que no puede haber desalojo de las personas que viven en la franja de 35 metros que nace en el Riachuelo sin una relocalización efectiva de todas las familias. La decisión establece, por primera vez, un cronograma detallado con fechas límites para que todos los estados que integran la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) garanticen el traslado de las familias.En la resolución, a la que accedió Tiempo Argentino, Armella estableció plazos específicos para reubicar a todas las familias que viven en el camino de sirga de los partidos bonaerenses de Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús y La Matanza, además de toda la costa porteña. En la Capital los plazos de reubicación son mucho más cortos que en provincia, donde la mayoría de los límites finales expiran en 2012 y 2013. El letrado aclaró que se trata de “plazos que responden a los estándares de celeridad exigidos, necesarios para dar respuestas a la acuciante situación habitacional existente en la cuenca en saneamiento, y en especial para la definitiva liberación del denominado camino de sirga”. La aclaración no es menor, ya que la ACUMAR no podrá comenzar a limpiar el Riachuelo hasta que no haya liberado la ribera, hoy colmada de personas pobres que viven en estado de alerta desde que comenzaron los primeros intentos de desalojo.También ordena a cada uno de los integrantes de la cuenca “un fuerte trabajo en materia de concientización social sobre los habitantes de la sirga.” Para Armella, los habitantes que hoy ocupan los 35 metros de costa del Riachuelo “resultan beneficiarios primigenios de las relocalizaciones”, es decir que serán prioridad en todas las acciones que se tomen al respecto.Fuentes cercanas al juzgado identificaron las demoras en el saneamiento por las internas que ocurren dentro de la ACUMAR, especialmente entre Nación y Ciudad. Al respecto alertó a “todos los estados de la cuenca que deberán mostrarse cohesionados y sin fisuras en su accionar, despojados de rencillas de cualquier naturaleza”. Si no lo hacen, serán multados, tal como estuvo a punto de ocurrirle al jefe de gobierno Mauricio Macri. Sin embargo, zafó: un día antes del vencimiento de todos los plazos para presentar alternativas de relocalización, el Instituto de Vivienda entregó un plan para garantizar la orden del juez.La medida también incluye a todos los pequeños asentamientos “sueltos”, que no han sido contenidos en los censos que lleva adelante un equipo de funcionarios de la Defensoría General del Poder Judicial, junto a la Defensoría del Pueblo y al Asesor Tutelar de Cámara Gustavo Moreno. Además, el juez también ordenó que los ministros de Seguridad y Justicia de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires deberán “asegurar el trabajo de los encargados de la relocalización” y si no lo hacen serán multados. El mensaje también está dirigido a las fuerzas de seguridad. “Deben maximizar los esfuerzos para evitar situaciones que entorpezcan el desarrollo de las obras”, advirtió el juez de Quilmes, que también aludió a todos los municipios que integran la ACUMAR para que se comprometan a recuperar los terrenos desalojados, transformarlos en espacios públicos libres que se puedan utilizar para las obras de saneamiento e impedir nuevas construcciones. Cualquier demora o entorpecimiento será considerado como incumplimiento y los responsables deberán ser identificados.

Moreno 1- Macri 0

Con Shakira, sin vecinos
Publicado el 15 de Marzo de 2011(Diario Tiempo Argentino)
Mauricio Macri estuvo la semana pasada a dos cuadras del lugar para sacarse una foto con la cantante colombiana Shakira, pero se negó a recorrer el camino de sirga del Riachuelo cuando los vecinos lo invitaron a recorrerlo. La noticia de la reubicación mantiene a los vecinos de la zona en estado de alerta, especialmente hace 15 días, cuando comenzaron a censarlos. Cuando la entrada de la Villa 21-24 amaneció vallada por la visita del jefe de gobierno y la cantante, la invitación fue comunicada a la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, por el asesor tutelar Gustavo Moreno, a cargo del censo. La respuesta nunca llegó, pero cerca de las 15 Macri y Shakira arribaron al centro de primera infancia El Alfarero, en la entrada de la 21-24. La colombiana dijo que “proyectos como este pueden inspirar a que se expanda la inversión para la infancia abandonada en América latina”, y se fue. Macri también. “Es insólito que Macri venga a dos cuadras de la sirga y no visite a las 1000 familias que viven una incertidumbre amargante”, se quejó Moreno y agregó: “Macri no puede entrar sin la policía al barrio, es lamentable.”

Sin viviendas, el desalojo es ilegal

Diario El Tiempo Argentino 13/02/2011
En 2008 la corte suprema ordenó la relocalización de sus habitantes, no la entrega de subsidios
Sirga: sin vivienda el desalojo es ilegal

Por Claudio Mardones
Mañana vence el plazo impuesto por el juez federal Luis Armella para que el gobierno porteño desaloje la costa del Riachuelo. No será posible: hay 1400 familias que deben recibir viviendas y la comuna sólo entregó algunos subsidios.

A los dos lados del Riachuelo hay miles de familias pobres que viven una cuenta regresiva que parece interminable. En los papeles del juez federal de Quilmes Luis Armella, esa espera terminará mañana, cuando venza el plazo para que el gobierno porteño desaloje a todos los habitantes porteños del camino de sirga, es decir, de los 35 metros de la ribera que son públicos. Si el jefe de gobierno Mauricio Macri no cumple con la orden federal, podría recibir una multa económica diaria. Pero ese dato no forma parte de las preocupaciones que quitan el sueño a las 1400 familias que viven en el costado porteño del Riachuelo. Especialmente porque no tienen donde ir.
“Si en este momento avanza cualquier tipo de desalojo, no hay viviendas disponibles para toda los habitantes de la sirga.” La advertencia pertenece al asesor tutelar de Cámara del Poder Judicial de la Ciudad, Gustavo Moreno. El funcionario recordó que realizar el desalojo masivo sin un destino definitivo, viola el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó sanear el Riachuelo en 2008. “El fallo dice claramente que hay que relocalizar a los habitantes de la sirga y esa orden no se soluciona con desalojos sin destino”, aclaró el abogado. De acuerdo a los relevamientos realizados por el Ministerio Público Tutelar, “hay 3000 menores de 18 viviendo al costado del Riachuelo”. Ese universo de niños y adolescentes está repartido en todos los asentamientos que hay en la ribera del cauce más contaminado de la Argentina. Se trata de las 70 familias del asentamiento “El Pueblito”, ubicado entre Barracas y la 1-11-14 del Bajo Flores, otras 70 que integran el asentamiento “Luján”, las 220 que forman parte de la Villa 26 y las casi 1000 familias de vecinos de la villa 21-24, que habitan en la curiosa curva del Riachuelo que parece una bahía. Todos ellos se mantienen en estado de asamblea desde el 12 y 13 de enero, cuando fueron desalojados tres grupos de adultos, dos familias, una mujer sola con discapacidad, una nena de seis años y un bebé de seis meses. La medida fue impulsada por el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, Diego Santilli. Sus funcionarios no ofrecieron viviendas, sino un manojo de subsidios. Los operativos sembraron pánico en la zona, pero la situación se disipó el martes pasado, cuando el presidente del Instituto de la Vivienda, Omar Abboud, llegó a la villa y anunció un plan de viviendas. Su implementación llevará un año. La noticia calmó a los vecinos, pero crispó a las empresas y funcionarios interesados en el saneamiento de la cuenca. Un negocio de 900 millones de pesos. “Están todos más interesados en sanear que en entregar vivienda, pero eso no se ajusta al fallo, es ilegal”, advirtió Moreno.

Ahora lo tenemos como Asesor Tutelar Camarista!!!!

El lunes 1 de noviembre de 2010, el Dr. Gustavo Daniel Moreno prestó juramento como Asesor Tutelar de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El destacado Dr. Moreno, después de su afirmación solemne "sí, juro", alzó su mano e hizo la "V" de la ¡Victoria!. Luego, expresó que seguirá trabajando por los derechos de los incapaces, renovando así su compromiso de lucha por alcanzar la justicia e igualdad social.

En la Ciudad, no tenemos Salud

Macri no hace justicia con la salud
Los jueces ordenaron obras edilicias, provisión de servicios básicos y nombramiento de personal en, entre otros centros, el Lagleyze, el Quemado, el Alvear, el Borda y el Garrahan. Hubo embargos, multas y hasta pedidos de destitución del ministro de Salud

Por Irina Hauser

Ante la orden judicial de reabrir y reacondicionar el centro oftalmológico Lagleyze, la respuesta del gobierno porteño fue dejarlo sin calefacción, agua caliente e insumos. En vez de nombrar doce enfermeros en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Alvear, propició el cierre del servicio de adolescencia. Cuando una jueza lo conminó a terminar la lavandería del Tobar García, dijo que era mejor mandar la ropa al Moyano, que está cerca y tendría la suya lista en seis meses, o por qué no contratar un “delivery”. De las obras edilicias indicadas para el pabellón central del Borda hace dos años y medio, concretaron el 0,68 por ciento. Aún después de Cromañón y con una sentencia firme, el Hospital del Quemado sigue sin tener terapia intensiva pediátrica. Todo esto es sólo una pequeña muestra de lo que se ha convertido en una práctica recurrente de la administración de Mauricio Macri: incumplir las órdenes judiciales, en especial, aquellas destinadas a mejorar la atención y la salud de los ciudadanos.

El caso de la ambulancia que debía estar en la villa 21-24 y nunca llegó tuvo como consecuencia palpable la muerte de un chico de 14 años baleado al resistirse al robo de sus zapatillas. El trágico desenlace tiene una única explicación: el ministro de Salud porteño Jorge Lemus se resiste a acatar la orden de poner una ambulancia en forma permanente en el centro de salud (Cesac). Pedía seguridad para los médicos, pero rechazaba la custodia de un policía federal. Casi como concesión, ofreció disponer de una ambulancia del Hospital Penna que –prometió– tardaría entre “siete y diez minutos” en llegar. El sistema se estrenó el 19 de abril. El 20 una mujer llamó porque su hija de cinco años tenía una hemorragia genital: “La ambulancia no entra en esa zona”, le dijeron. Un día después, Luis Ponce, el chico tiroteado, se desangró en la calle mientras el barrio reclamaba por teléfono la presencia del SAME, que tardó 45 minutos.
La medida de garantizar una ambulancia era parte de un plan de asistencia a los adictos al paco, que también requería nombrar psicólogos y pediatras. Ni la ambulancia ni los especialistas aparecieron pese a las sucesivas intimaciones. Lemus fue denunciado penalmente y la Cámara de Apelaciones del fuero contencioso confirmó que debe pagar una multa de 500 pesos diarios.
“Todos los gobiernos discuten los fallos. Pero el incumplimiento sistemático es una característica del actual, y en especial del Ministerio de Salud. Antes no vimos nada igual”, le dijo a Página/12 el asesor tutelar Gustavo Moreno, impulsor –entre muchos otros– del expediente de la ambulancia. El legislador Jorge Selser, quien preside la Comisión de la Legislatura, señaló que “el abandono de las obras, que están paralizadas, y el incumplimiento de las demandas no se corresponden con la situación de holgura económica que hay en la Ciudad”.
Las multas o pedidos de destitución son un punto al que los jueces llegan, tras varios intentos, cuando no ven voluntad de nada. Esta semana, como informó Página/12, la jueza Elena Liberatori dictó una tercera medida cautelar con un plazo de cinco días para que el gobierno inicie las obras de calefacción y agua caliente en el centro oftalmológico de Paternal Pedro Lagleyze y se efectivicen 27 nombramientos.
En una de las tantas audiencias judiciales por la situación del Lagleyze, uno de los funcionarios de Salud sinceró el criterio oficial en un cuarto intermedio: no quieren invertir en hospitales que, como éste, atienden un 84 por ciento de pacientes que vienen de otras provincias o países limítrofes. El mismo argumento fue esgrimido, también fuera de micrófono (pero ante varios testigos) frente a la demanda iniciada por la Asociación de Profesionales del Garrahan, que denunció que el gobierno porteño no cumple con el aporte del cincuenta por ciento del financiamiento del hospital que le toca (la otra mitad la aporta la Nación). Liberatori los invitó a saldar la deuda. La respuesta fue el silencio. Entonces trabó un embargo sobre las cuentas porteñas por 14 millones de pesos adeudados de 2009, aprobados por la Legislatura, y que tenían destino fijo: el área de ortopedia y yesos, la construcción de dos quirófanos, el reemplazo de calderas rotas y equipos diversos. El macrismo apeló.

Los niños y los locos
Con los hospitales psiquiátricos parece haber una fijación. Los problemas del Torcuato de Alvear son previos a la llegada de Macri al poder, pero a él le tocó dar las soluciones indicadas por Juan Vicente Cataldo y que una sentencia de Cámara dejó firmes en junio de 2007. Debía resolver la sobrepoblación, la falta de personal, la carencia de plan de evacuación, arreglar la red de gas y hacer refacciones para dar mínimas condiciones de alojamiento dignas. Un informe de la asesoría tutelar dice que en tres años las obras avanzaron sólo un 8 por ciento y que las partidas asignadas no fueron ejecutadas, por lo que finalmente se trabó un embargo por 8,2 millones de pesos. El año pasado, la dirección del hospital reclamó al menos doce enfermeros: en mayo último, sin novedades, tuvieron que cerrar el servicio de adolescencia.
En el Borda, los vidrios rotos en el servicio de admisión y los baños hediondos del helado pabellón para los pacientes duales (adictos y psquiátricos) pintan el más leve retrato de un lugar donde se supone que el que entra debería salir mejor. Como salvedad, los informes judiciales aseguran que la atención médica es buena. Desde mayo de 2008 la Justicia señaló la necesidad urgente de obras edilicias, eléctricas, cloacales, de gas y agua potable, y al menos setenta nombramientos de médicos y enfermeros. Hace un mes la jueza Andrea Danas insistió con una nueva medida cautelar similar, donde también pidió sábanas, muebles y protección contra incendios.
El colmo es la batalla judicial por el Hospital Moyano, que inició Soledad Acuña cuando era legisladora de PRO y presidía la Comisión de Salud. Ahora es subsecretaria de Promoción Social y ya no sigue el expediente. En noviembre de 2007 la jueza Alejandra Petrella le dio un año al gobierno para dotar al psiquiátrico de “condiciones de habitabilidad”. En lugar de asumir el problema que alguna vez le interesó, la gestión macrista apeló el fallo y como la Cámara lo confirmó hizo un planteo de inconstitucionalidad al Superior Tribunal, que lo tiene a estudio.

Promesas al viento
El caso del neuropsiquiátrico Carolina Tobar García es uno de los que llegaron a los términos más duros. A fines de 2008 la jueza Liberatori ordenó una reforma edilicia integral, condiciones de seguridad y nombramiento de profesionales “en un plazo razonable”. El gobierno apeló. En junio de 2009 la Cámara advirtió que “la vulnerabilidad social en la que se encuentran los pacientes del Tobar García no admite más demoras” y que no se puede depender de “los holgados tiempos de la administración”. Condenaba “directamente al jefe de Gobierno”. En abril, el titular de Recursos Físicos, Moisés Aruj, dijo que estaba previsto terminar la segunda etapa de obras, pero no dio un cronograma. La tercera etapa, agregó, entraría en “el plan plurianual 2011/2012” (cuando el PRO ni sabe si seguirá siendo gobierno). Y comentó que el lavadero no se haría porque se podía mandar la ropa al Moyano, que tendría su propia lavandería en seis meses, “o tercerizar tipo delivery”, comentario llamativo teniendo en cuenta que tramita una denuncia por el presunto direccionamiento de una licitación millonaria para el lavado de ropa de hospitales. Liberatori pidió la destitución del ministro Lemus por “mal desempeño” al desatender las “obligaciones a su cargo”.
La “falta de presupuesto” y la objeción a que la Justica señale los incumplimientos de un gobierno y obliguen a revertirlos son las principales banderas de la gestión macrista para justificar sus incumplimientos cuando de salud se trata. Un fallo reciente de la Sala 2 de la Cámara del fuero contencioso dice que la falta de plata no es un argumento válido en estos casos donde hay un derecho tan elemental en juego. El gobierno porteño puso en tela de juicio el fallo de la jueza Petrella que lo conminaba a montar una sala de terapia intensiva pediátrica en el Hospital del Quemado, una falta incomprensible en la era pos Cromañón. Ya hay sentencia firme, pero la sala no está.
“Es insólito que hablen de falta de plata, cuando el año pasado el presupuesto de salud, de 3900 millones de pesos, fue subejecutado en un 17 por ciento”, cuestiona el legislador Selser, quien atribuye el comportamiento a que “han transferido fondos al embellecimiento de la ciudad y a la Policía Metropolitana”
La historia del “hospital” de Lugano retrata la lógica que tiñe a las deudas con la salud en el ámbito porteño. El establecimiento debía crearse porque así lo dijeron primero una ordenanza (en los noventa), luego una ley (en 2005) y también la Justicia (en 2006). Macri lanzó allí su campaña para jefe de Gobierno, se sacó una foto con una nena en medio de un basural y prometió construir el hospital, con capacidad para atender 200 mil personas. Lo que inauguró hace dos años se parece poco a un hospital: es un centrito de salud que ni siquiera tiene guardia y nunca se requirió el presupuesto para una segunda etapa que, a falta de iniciativa, tuvo que ser ordenada por la jueza Liberatori.
Lugano es uno de los barrios más pobres de la ciudad, y tiene el índice más elevado de mortalidad infantil, un indicador que después de cinco años de estar en baja, el gobierno PRO logró que aumentara en un punto por mil durante 2009 en toda la Capital. La legisladora Gabriela Cerruti advirtió que no es un problema de falta de dinero: el gobierno porteño cuenta con recursos proporcionados por la Nación a través del Plan Nacer, pero no los usa, según surge de un informe del Ministerio de Salud Nacional y otro del Banco Mundial.
Con las cifras de mortalidad infantil en carpeta, el cúmulo de fallos incumplidos, los pedidos de destitución contra Lemus y la revelación de este diario de que además de su sueldo de ministro (25 mil pesos) cobra otro como asesor de una mutual (16 mil pesos), la oposición reclama su renuncia. En estos días analiza su interpelación y remoción. En una sesión del 24 de junio, en racconto del panorama hospitalario sumaron a los casos señalados por este diario “la grave situación en el Hospital de Gastroenterología Udaondo y del Rivadavia, y el incumplimiento de los términos de finalización de las obras del Hospital Durand”. A lo que se agrega la muerte reciente de dos bebés por falta de anestesistas en hospitales porteños.

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Ambulancia no presta auxilio a los villeros

El SAME no tiene urgencia en la villa
Una chica de cinco años con una hemorragia no fue atendida. Un joven murió antes de que llegara la ambulancia, que demoró 45 minutos. Por este tema, el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, tiene bloqueadas todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

Por Werner Pertot

El juez en lo contencioso administrativo Roberto Andrés Gallardo ordenó allanar el SAME a raíz de dos denuncias de que el gobierno porteño incumplió con un convenio por el que debía garantizar la presencia de una ambulancia en la Villa 21-24 “en un tiempo de entre siete y diez minutos”. En lugar de eso, el juez se encontró con que, en el caso de un chico que murió tras ser baleado, la ambulancia tardó 45 minutos en llegar y no contaba con la custodia de la Policía Metropolitana, que el ministro de Salud, Jorge Lemus, había comprometido. En otro caso, de una niña de cinco años con una hemorragia, cuando su madre llamó al 107, directamente le dijeron que la ambulancia no iba a ir. Ninguno de los dos hechos figuraban en los partes de esos días que la Metropolitana y el SAME enviaron al juez, por lo que ahora también deberá dar explicaciones Eugenio Burzaco.

Lemus tuvo hace un mes una audiencia en la que debió explicarle a Su Señoría y al asesor tutelar Gustavo Moreno por qué desobedeció una orden judicial de enviar una ambulancia al centro de asistencia médica (Cesac) de la Villa 21-24. El funcionario pretextó que no existía custodia policial, pero la Policía Federal presentó pruebas de que todos los días había un policía en el Cesac y que la ambulancia no fue. Los funcionarios macristas reclamaron, entonces, que hubiera un patrullero.
A raíz del incumplimiento injustificado, Gallardo bloqueó todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de Lemus, envió a la Legislatura una copia del expediente para que evalúen si hay elementos para un juicio político y mandó otra copia al fuero penal para que se le inicien una causa. En ese fuero ya existe otro caso por una licitación de lavaderos para ropa de cama de los hospitales donde se sospecha que existió cartelización y sobreprecios. Pocos días después, otra jueza también envió un pedido de juicio político a Lemus por otro incumplimiento judicial.
Lemus presentó una innumerable cantidad de rechazos y apelaciones (sobre todo, por sus tarjetas de crédito), pero no envió la ambulancia a la villa. Finalmente, el gobierno porteño ofreció que, a cambio de retirar la orden de que la ambulancia estuviera todo el tiempo en el centro de atención, se comprometía a tener otra disponible en el Hospital Penna, que tendría custodia de la Policía Metropolitana. En el escrito garantizaron que el móvil llegaría en un tiempo estimado de “siete a diez minutos”. El juez accedió al pedido y el servicio comenzó a funcionar el 19 de abril. Tanto la Metropolitana como el SAME debieron enviar partes diarios.
El 20 de abril, sin embargo, una mujer llamó al 107 para pedir ayuda porque su hija de 5 años tenía una hemorragia genital. Según denunció, la operadora le respondió que “la ambulancia no entra a esa zona. Póngale un trapo y llévela al hospital”. La mujer tuvo que pedir dinero prestado, caminar siete cuadras y tomarse el colectivo 70 hasta Casa Cuna.
El 21 de abril, un joven, Luis Ponce, caminaba rumbo a la capilla San Blas cuando fue asaltado por otros dos. Como no quiso entregar sus zapatillas, le pegaron dos balazos y quedó desangrándose en la calle. Otra mujer corrió al Cesac a pedir que mandaran una ambulancia. Además, varios vecinos hicieron llamados. El joven agonizó en la calle durante más de media hora. La ambulancia llegó 45 minutos después y ya había muerto. La ambulancia no contaba, por otra parte, con la custodia de la Metropolitana. Un móvil de la Federal llegó a la media hora.
Gallardo recibió esta semana estas dos denuncias, la de la niña por parte del asesor tutelar Moreno y la del joven asesinado por parte de miembros de la junta vecinal de la Villa 21-24. El juez corroboró que los partes de esos dos días del SAME y de la Metropolitana no dejaron ningún registro de los dos hechos. Por eso, el asesor tutelar Gustavo Moreno reclamó el allanamiento del SAME.
El magistrado ordenó esa medida para secuestrar las grabaciones de las llamadas de los días 20 y 21 de abril y comprobar las denuncias. Además, Gallardo solicitó al jefe de la Federal, Néstor Valleca, que le remita toda la información sobre el asesinato y emplazó al titular de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, para que explique por qué no figura en los registros ninguna escolta a la ambulancia y, en definitiva, informe si existió o no la custodia. El funcionario PRO tiene un día para responder.
Por otra parte, Moreno visitó los dos Cesac de la villa y comprobó que le faltan, además de la ambulancia, los cinco psicólogos para la atención del paco que ordenó la Justicia. También vio que hay pocos pediatras. “La ambulancia es supernecesaria –sostuvo Moreno ante Página/12–. Y el caso de la nenita demuestra que no quieren entrar a la villa y no hay una articulación del ministerio sobre la prestación que deben dar; este ministro tiene algunos problemas para gestionar.”

Multa pa los funcionarios que no cumplen

Tribunal : JUZGADO 1ra INST. EN LO CONTENCIOSO ADM. Y TRIB. Nº 4
Numero : EXP 27592 /0 Estado: EN DESPACHO
Caratula: ASOC DE PROF DEL ARTE DE CURAR DEL HOSPITAL TOBAR GARCIA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)
Fecha ingreso: 20/11/2007


Datos de la Actuación

Fecha de Firma: 13/04/2010 Tribunal Origen: J04
Firmante: LIBERATORI ELENA ()
Extracto: GENERICO (EN BLANCO)
“ASOC DE PROF DEL ARTE DE CURAR DEL HOSPITAL TOBAR GARCIA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)”, Expte: EXP 27592 / 0 Ciudad de Buenos Aires, 13 de abril de 2010.- jo Téngase por contestado en legal tiempo y forma el traslado ordenado a fs. 2199/2200. Habiéndose realizado la audiencia del día 09 de abril de 2010, corresponde resolver acerca del pedido de imposición de sanciones pecuniarias a los funcionarios del Poder Ejecutivo involucrados en los incumplimientos de la sentencia firme de autos, solicitada por el Sr. Asesor Tutelar en su dictamen de fs. 2011/2014. Al respecto, en la audiencia mencionada la co-actora de autos por intermedio de su representante legal manifestó que adhería a la presentación del Sr. Asesor Tutelar Dr. Gustavo Daniel Moreno a fin de que se impongan astreintes a “todos los funcionarios responsables del incumplimiento de la sentencia firme” (ver fs 2200 in fine). Habiendo respondido el GCBA el traslado conferido al respecto, según surge de fs. 2201/2205 corresponde resolver: Atento las constancias de autos, y en especial, de las circunstancias fácticas de las que da cuenta el acta de la audiencia realizada el día 09/04/2010 (fs. 2199/2200), encuentro reunidos, en principio, los motivos suficientes para que la Honorable Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ejercicio de la atribución conferida por el Art. 92 de la Constitución de esta Ciudad, proceda a la destitución del Sr. Ministro de Salud Dr. Jorge Daniel Lemus por incurrir en la causa de mal desempeño en relación a las obligaciones a su cargo que resultan incumplidas o, en todo caso, cumplidas parcial e insatisfactoriamente con relación al Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal efecto, líbrese el oficio de estilo al que se agregara una copia de la sentencia firme de autos y del acta del día 09/04/2010. Asimismo hágase saber mediante oficio al Sr. Presidente de la Comisión de Salud de la Honorable Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dr. Jorge Selser, a sus efectos. Elena Amanda Liberatori Jueza Contencioso Administrativo y Tributario Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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SINTESIS DE LA RECIENTE AUDIENCIA DE FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD CON LA JUEZA LIBERATORI EN EL MARCO DEL JUICIO DE AMPARO POR OBRAS PARALIZADAS EN EL HTAL. TOBAR GARCIA, QUE DIERA LUGAR – A POSTERIORI – A LA SOLICITUD DE JUICIO POLITICO AL MINISTRO DE SALUD

El día viernes 9, en las primeras horas de la tarde se efectuó en el despacho de la Jueza porteña Dra. LIBERASTORI una audiencia en el marco del Juicio de Amparo que la Asociación de profesionales le ganara al Gobierno de la Ciudad – con importante participación del Dr. Gustavo MORENO titular de la Asesoría Tutelar nº 1 – y que se halla desde fines del año pasado con sentencia firme de cámara y en etapa ejecutoria.
Los dichos destacados fueron:

Que las obras pensadas para este año - según lo afirmado por el Director Gral. de Recursos Físicos del ministerio, Ing. ARUJ – son la planta baja y el subsuelo de la torre comprometiéndose ante la Jueza en que quedaría concluida en cuatro meses. Refiere que se hará a nuevo la cocina y el comedor del hospital. [N. de R.:En realidad la cocina ya está terminada desde hace un año y si no fue entregada es por el retraso en el pago a la empresa contratista]
Manifestó – Aruj – que la tercera etapa está presupuestada para el año 2011 y 2012. [N de R.: Esto implica al Edificio-Torre, hoy clausurado del primero al sexto piso y donde deberá tener asiento la Guardia, Consultorios Externos, Servicio Social, Laboratorio, Docencia e Investigación, Conducción, Administración y Sistemas. Además el Aula Magna, también a medio hacer. Estos Servicios se hacinan e intrusan otras áreas ya finalizadas. Al pretender presupuestárselo para el 2011 / 2012, lo que se presume es que quedará cargado la responsabilidad de concluirlo, y el peso financiero, sobre las espaldas del próximo gobierno. Mientras tanto pacientes y trabajadores deberán seguir aguardando poder normalizar las actividades asistenciales, entre otras].
El Presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, Dr. SELSER manifestó a su turno que este es un hospital único en su tipo, que se está hablando de niños y que en consecuencia se necesita prioridad. Expresó que se trata de un hospital monovalente, que no hay con que reemplazarlo. Agregó también que la conducta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es siempre negativa, que siempre dice que no tiene plata y que no se pueden hacer las obras. Indagó sobre cuándo se van a terminar las obras. Manifiestó además que debido al espacio y lo que sucede en el Tobar García no hay privacidad para la atención de los pacientes.
El Director Gral de Administración y RR.HH. del ministerio, Dr. LESKOVEK manifestó a su turno que ya se iniciaron los trámites administrativos para la designación de los 21 cargos (Escalafón General). Manifiesta, además, que estos cargos son nuevos y no forman parte de los 85 (cargos de Escalafón Profesional) que estaban previstos en las listas (anteriores).

La Dra. FONTÁN manifiestó que se adhiere a la presentación del Asesor Tutelar y planteó que se pongan las astreintes (sanciones pecuniarias) a todos los funcionarios responsables del incumplimiento de la sentencia firme.
Quedó flotando como interrogante- frente a la demora que anunciaran los funcionarios como al pasar y lo que puede leerse entre líneas – qué actitud asumirá la oposición en la Legislatura porteña a la hora de verse ante la disyuntiva de tener que admitirle al actual gobierno que incluya en un plan plurianual el grueso del faltante de las Obras de Refuncionalización Integral; sabiendo que además de permitirles una demora inaceptable para el vecino de la ciudad, se están dejando cargar un peso financiero en el caso de ser parte de un próximo gobierno.
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PARTES DESTACADAS – COMENTADAS – DEL ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DE DICHA AUDIENCIA


Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“ASOC DE PROF DEL ARTE DE CURAR DEL HOSPITAL TOBAR GARCIA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA) Expte: 27592/0

En la Ciudad de Buenos Aires, siendo el 9 de abril de 2010, compadecen a la audiencia ordinaria a fs. 2140

Prosecretaria Coadyuvante en representación de la Asesoría Tutelar Dra. Irene MARCÓ
Presidenta de la Asoc. De Profesionales Lic. Norma FERRARA y Vice. Lic Beatriz ZALDUENDO
Abogada patrocinante de la Asoc. De Profesionales Dra. Liliana FONTAN
Director del Hospital Dr. Roberto YUNES y Sub Directora Dra. Susana SOSA
Por la Procuración Dr. Claudio SCHIARITI
Director General de Relaciones Contractuales Dr. Daniel LEFFLER
Director de Asuntos Jurídicos Dr. Juan CORVALAN
Director Gral de Adm. . y RR.HH. del Min. De Salud Lic. Antonio LESKOVEC
Director Gral. de Recursos Físicos en Salud Ing. Moisés ARUJ
Director Gral. Adjunto de Salud Dr. Gregorio ALCAIN
Presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura Dr Jorge SELSER
Asesor de la Presidenta de la Comisión Esp. de S. Mental de la Legislatura, Sr. José L. ACUÑA
Abierto el acto el Dr. ARUJ manifiesta que la obra está siendo gerenciada por el Ministerio de Desarrollo Urbano, manifiesta que la obra está incluida en la partida presupuestaria, manifiesta que a través del tiempo se ha desvalorizado el monto dispuesto para dichas obras. La obra necesita novecientos dieciséis mil pesos, esto incluiría de la torre la planta baja y el subsuelo. Esta semana el Dr. Lemus [Ministro de Salud - CABA] firmo el proyecto para poder contar con el adicional y de esta manera completar el monto que se necesita para continuar con las obras; falta la firma de otros ministros y del jefe de gobierno. Manifiesta que en estos días ya podrán disponer con los valores correspondientes para concluir las obras. También manifiesta que la la obra quedaría concluida en cuatro meses. [N. de R.: Dado que del texto no surge, hasta la precedente línea, cabe interrogar a que está haciendo referencia cuando se habla de ‘la obra’ que quedaría (tiempo verbal potencial) concluida en cuatro meses. Cabe aclarar: no se está refiriendo a la finalización de las Obras Refuncionalización Integral (que ya hace dos años y medio debieran estar finalizadas) sino a una mínima parte; a saber: lo correspondiente al sub-suelo que incluiría nueva cocina – ya finalizada hace un año y sin entregar por deudas con la empresa constructora –, una rampa y un recinto para residuos patológicos por debajo (obra menor), el lavadero (que han anunciado la intencionalidad de no hacerlo) el comedor del personal autorizado y áreas de mantenimiento (no hay precisiones al respecto, que se sepa) y de la planta baja: hay menos precisiones aun, excepto un cruce de correspondencia por el lugar de asiento del archivo de historias clínicas. Nada se precisa sobre la construcción de la Guardia con camas de observación en esta ‘etapa’ de cuatro meses, que por otra parte, para ser construida exigiría desalojar a la mayor parte del personal administrativo, que – sin que esté finalizado el tercer piso de la torre – no encontrarían un lugar de asiento, dado las circunstancias actuales de sobreocupación del conjunto edilicio. POCO Y NADA PARA UN AÑO y LUEGO DE UN AÑO DE PARASLIZACION DE OBRAS, es decir el segundo y tercer año de la actual gestión del Gobierno de la Ciudad. El primero transcurrió entre la inauguración de lo que dejó construido la anterior gestión y la finalización de otras obras ya avanzadas al momento del cambio de gobierno]

La Sra. Norma Ferrara manifiesta que el el 18 de diciembre de 3007 empezaron con este amparo y manifiesta que desde hace algunos meses hay sentencia firme en el amparo. Manifiesta la duda respecto a que pasa cuando la parte vencida en juicio no cumple con las medidas ordenadas en al sentencia. El Sr Aruj manifiesta que se harán a nuevo la cocina [N. de R.: en relación a ésta, erra el tiempo verbal: ya está terminada en un 99% desde hace un año, queda en todo caso la tarea de pagar e inaugurarla] y el comedor [de personal autorizado] del hospital. Manifiesta que la tercera etapa está presupuestada para el año 2011 y 2012 [N. de R.: No se hace una particularización de lo que esta incluye. Queda por suponer que es la finalización de la refuncionalización del Edificio-Torre (¿incluida – en los hechos – la Guardia?, que a pesar de estar prevista en la planta baja, nada se dice sobre su inclusión en las obras del 2010). Tampoco nada se aclara acerca del aula magna cuya estructura de hormigón y parte de sus paredes fueron levantadas - en consonancia con la primera etapa - pero luego paralizada y que en el Plan Maestro figura como parte de la Etapa que incluye a la torre. De todas formas anunciar que el grueso de lo faltante de las obras de refuncionalización integral se concretarían en un plan bianual cuyo segundo año excede a la actual gestión, es lo mismo que decir que en los hechos se piensa arrojarles por la cabeza al gobierno que surja de las elecciones del 2011 la responsabilidad no solo de terminar las mismas – sin duda y a la luz de los hechos actuales -: su mayor parte; sino además la cargas de tener que pagarlas durante el / los primer/os año/s de la nueva gestión. ¿Esto es algo que la oposición querrá permitirle a la administración Macri a la hora en que se discuta el presupuesto 2011?]

Manifiesta el Sr Aruj que… [N. de R.: en este párrafo se vuelca lo dicho por el funcionario al momento de despotricar contra lo que denominó “festival de obras públicas”. Que haya quedado constancia en acta, no hizo referencia al ‘festival del asfalto’ que su gobierno viene realizando en la actualidad, asfaltando y re-asfaltando anualmente calles como Santa Fe, con contratos que se firman durante la actual gestión. Tampoco hace referencia a las obras vetadas por la Legislatura, como la trasnochada propuesta de un ‘Central Park’ líndate al barrio de su Jefe de Gobierno. ¿O será que ese parque paquete es más prioritario que obras en hospitales?]. Manifiesta que el presupuesto no alcanza para cubrir con los costos de estas obras inconclusas. [Tampoco abunda sobre el motivo por el cual no estén finalizadas, sobre todo si existió en sus inicios previsiones presupuestarias e incluso créditos de organismos internacionales. Si se pudiese concluir que los motivos fueron – fundamentalmente – por malversación de dichos presupuestos y préstamos, no aclara si se cumplió con la obligación de funcionario público de denunciarlo en las instancias judiciales pertinentes o, por el contrario, se decidió dejar la obligada demanda en manos de Dios].

El Dr. Selser manifiesta que este es un hospital único en su tipo, que se está hablando de niños entonces se necesita prioridad. Manifiesta que es un hospital monovalente, que no hay con que reemplazarlo.

El Sr. Aruj manifiesta que no pueden continuar las obras si no tiene el dinero para finalizarlas. [N. de R.: Nos vemos en la obligación de recordarle al funcionario que este es el tercer año que están gobernando la Ciudad y en consecuencia el presupuesto aprobado para el 2010 es el que el Ministerio de Finanzas elevó, el que su Ministro Dr. Lemus defendió ante la pertinente Comisión Legislativa, no dando lugar a las múltiples observaciones hechas al respecto por la oposición. Además en el 2008 prometieron concluirlas en el bienio 2009-2010, en el 2009 hablaron del 2010-2011 y ahora prometen el 2011-2012 (justo cuando ya se fueron). Esto nos hace acordar – precisamente – a los ‘cuentos de la Buena Pipa’ que la abuelita del Jefe de gobierno le contaba a su nieto y que con tanta ternura nos recordó el Ingeniero el día que vino a inaugurar lo hecho por la anterior gestión, mientras se comprometía que al final de dicho año inauguraba las obras faltantes. De esto hace dos años, ya. (¿Será que el humo del tabaco le afectó la memoria?]. (…) Manifiesta que las obras del Tobar no se hizo el año pasado, a pesar de tener el dinero (sic), por cuestiones administrativas. [N. de R.: ¿Las ‘cuestiones administrativas’ de marras serán las mismas por las que el gobierno anterior no las terminó en tiempo y forma?]. Manifiesta que las obras que faltan serían el lavadero, manifiesta que es un proyecto viejo (…) El Moyano se encuentra a una cuadra del Tobar García. Manifiesta que dicho lavadero podría prestar el servicio de lavandería al Tobar García. Manifiesta que el proyecto del Tobar no está actualizado y no contempla el sector de lavandería con las normas vigentes. [N. de R.: Adecuarse a las normas no es incompatible con mantener el Lavadero entre las obras de refuncionalización a efectuar]. Manifiesta que sería normal que la ropa se lavara en el Moyano. Que ahora es muy común y se maneja por delivery [N. de R.: Precisamente, durante la interpelación legislativa al Ministro, se le recordó sobre la fuerte presunción de ‘enjuagues’ non santos en los contratos de delibery referentes al rubro].

El Dr. Selser manifiesta que la conducta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es siempre negativa, que siempre dice que no tiene plata y que no se pueden hacer las obras. El Dr. Selser quiere sabe cuándo se van a terminar las obras del Tobar. Manifiesta que debido al espacio y lo que sucede en el Tobar no hay privacidad para la atención de los pacientes. [N. de R.: La Comunidad de trabajadores y padres de pacientes comparten sus inquietudes]

El Dr. Leffler manifiesta que el objetivo de la audiencia era recibir la información que se indicó en la convocatoria y que la Sra. Jueza decidirá si considera cumplida o no la sentencia. [N. de R.: Con todo respeto, Doctor: ¿Ud. que cree al respecto?]

La Dra Irene Marcó manifiesta que el Ministerio Publico Tutelar se dirigió al lavadero del Moyano y constató que no hay personal capacitado y por esta razón no puede empezar a funcionar. El Sr. Aruj manifiesta que en 120 días arrancaría a funcionar el lavadero del Moyano

El Dr. Leskovek manifiesta que recibieron una nota del hospital con la documentación de los postulantes. Manifiesta que tenían los cargos pero no los nombres de los que se postulan. Manifiesta que ya se iniciaron los trámites administrativos para la designación de los 21 cargos [N. de R.: referentes al Escalafón General]. Manifiesta que estos cargos son nuevos y no forman parte de los 85 [N. de R.: del Escalafón Profesional] que estaban previstos en las listas [anteriores]. Estiman que la designación llevará 30 días como mínimo. Manifiesta que en el día de ayer se incorporaron ocho expedientes más de los 85. Manifiesta que tiene 50 expedientes de los 85. Y que quince ya tienen designación efectiva. Manifiesta que hay 6 más que están a la firma de la Jefatura de Gabinete, porque eran designaciones que no estaban contempladas en el decreto 736 (cargos críticos), el resto están en proceso de firma. (…) El Dr. Lecovek manifiesta que ellos no pueden decidir unilateralmente la designación de los cargos sino que también interviene el Ministerio de Hacienda.

La Lic Norma Ferrara manifiesta que se navega en un mar de ambigüedades. El Sr. Aruj manifiesta que se tiene el dinero para terminar las obras este año. [N. de R.: ¿Cuáles obras Ing. Aruj? ¿Las de Refuncionalización integral que en estos días cumplen cuatro año desde su inicio y hace dos y medio que debieron haber finalizado?¿O las pocas que Uds. decidieron unilateralmente inaugurar en el año del Bicentenario? Flor de homenaje al Protomedicato.]

El Dr. Alcain manifiesta que el Dr. Moreno le solicitó el protocolo [de urgencias para el caso de pacientes supernumerarios] y ellos lo presentaron en el expediente. La Dra. Irene Marcó que resulta insuficiente. (…) [N. de R.: sobre el tema del mencionado protocolo se informará en lugar diferente, atento a que es un agregado al Expediente del Juicio de Amparo a iniciativa de la asesoría Tutelar en paralelo al eje principal]

La Dra. Fontán manifiesta que se adhiere a la presentación del Asesor Tutelar del dictamen de fs. 2011 y fs 2149. Manifiesta que se pongan las astreintes [N. de R.: sanciones valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial, y que son requeridas por el juez (Wikipedia)] a todos los funcionarios responsables del incumplimiento de la sentencia firme.

Oído lo cual su Señoría resuelve conferir traslado de la presentación fs. 2011/2014 y fs 2149 al Gobierno de la Ciudad de Buenos aires por el término de dos días. Del cual se notifican las partes en este acto. Con lo que se da por terminado el acto, previa lectura y ratificación de los comparentes, quienes firman de conformidad por ante SS.

[N. de R.: Tanto el subrayado como el pautado a través de párrafos es nuestro. Cuando el texto de la presente acta esté publicado en la Pagina web de la Justicia de la CABA, se procederá a incluir en la presente entrada el correspondiente link que permita consultar el texto integro tal cual es nuestra norma. El texto de la referida acta ocupa dos y media páginas de oficio].

Contra el "paco"

Contra el paco
El asesor tutelar Gustavo Moreno presentó un amparo contra el Gobierno porteño por la “omisión en asistir adecuadamente a los menores con adicción a las drogas”. Tras esa presentación el juez Guillermo Treacy convocó a una audiencia a las autoridades de la Ciudad y allí se acordó que en 40 días se creará por decreto un programa sobre adicciones. Además se establecerán lugares de alojamiento para las personas que requieran internación




En un paso importante para empezar a combatir la adicción de los menores al paco, distintas autoridades del Gobierno porteño acordaron crear un programa de adicciones. Fue como consecuencia de un amparo presentado por el asesor tutelar de menores Gustavo Moreno. También se acordó establecer lugares de alojamiento para la internación y el tratamiento de aquellos que son víctimas de la denominada pasta base.

La audiencia fue convocada por el magistrado a cargo del juzgado en lo Contencioso y Administrativo 9 de la Ciudad, Guillermo Traecy. De la misma participaron el ministro de Derechos Humanos Omar Abboud, el ministro de Salud Alberto De Micheli la ministra de Educación Ana María Clement, la directora del Centro "Casa Puerto" Nélida Ortega, y Gustavo Moreno, a cargo de la Asesoría Tutelar 1.

El encuentro se llevó a cabo antes de que se dicte sentencia en el amparo presentado por Moreno contra el Gobierno de la Ciudad en el que solicita que “cese su omisión de asistir adecuadamente a aquellas personas menores de edad con adicción a las drogas, especialmente con relación al consumo de pasta base de cocaína (paco), que requieren internación voluntaria o coactiva”.

Según explicó Moreno en diálogo con este medio, el acuerdo alcanzado consiste en que en 40 días el jefe de Gobierno firmará un decreto por el cual se creará un programa de adicciones que estará a cargo de los ministerios de Salud y de Derechos Humanos. Lo más importante tiene que ver con que se establecerán lugares de alojamiento donde serán tratados los adictos al paco que requieren internación, sea voluntaria o por decisión judicial.

Este último punto es lo más destacado, porque el GCBA, también a instancias de esta misma presentación de Moreno, ya había creado un centro de rehabilitación denominado “Casa Puerto”, pero el mismo sólo funciona para los casos de internación voluntaria. Esto significa que quedaban afuera los casos donde la Justicia tiene que tomar medidas de internación. Para esos casos, los jueces contaban con el Hospital Tobar García, pero las autoridades indican que la institución “no está destinada a la internación, tampoco al tratamiento de personas con problemas de adicción”.

“Es un acuerdo muy importante, yo estaba muy comprometido con este tema, esperemos que el jefe de Gobierno cumpla con lo dispuesto por sus ministros”, señaló Gustavo Moreno.

El amparo presentado por el asesor tutelar señala que “el caso requiere de manera urgente dar una respuesta a una situación irregular que lesiona gravemente el derecho de los niños, niñas y adolescentes”. Mientras que agrega que “a lo largo de este año, concurrieron a esta Asesoría Tutelar a mi cargo, varios padres de adolescentes de condición humilde, solicitando información respecto de donde podrían atender el padecimiento de sus hijos con relación a la adicción a diferentes drogas (pasta base o paco, marihuana, cocaína, etc)”.

La presentación judicial también fue instada por el Equipo de Sacerdotes de las Villas de Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, que desempeñan su labor en diferentes villas y asentamientos de la Ciudad. Estos dirigieron una nota en la que transmitieron su preocupación por la falta de solución por parte del Estado para aquellos niños, niñas y adolescentes que viven en las villas de emergencia y que se encuentran “devastados” por el “paco” o “pasta base”.

Qué es el paco

Según surge de la información difundida por el SEDRONAR, el “paco” es calificado como un estimulante que se extrae de las hojas de coca. “Es el residuo que queda cuando la pasta base es purificada a clorhidrato de cocaína a través de procesos químicos que utilizan sustancias altamente tóxicas para el cerebro. Tiene apariencia de polvo blanco amarillento, dependiendo de la cantidad de sustancias agregadas. Se fuma. El Paco es más tóxico para el organismo que la cocaína y otras drogas. La sensación inicial de excitación y aparente bienestar dura pocos minutos y es seguida rápidamente por angustia. Esta angustia es la que empuja a los chicos a seguir consumiéndola, por eso, popularmente a los consumidores de pasta base se los denomina angustiados. Ocasiona dependencia física, psíquica”.

Dr. Moreno 1- UCEP 0

Por Francisco Yofre
fyofre@miradasalsur.com
Ya llegaron, saquen las CPU y hagan las copias de seguridad ya. Vamos, rápido.” La orden atronó el jueves a la mañana en el quinto piso del Edificio del Plata ubicado en Carlos Pellegrini 291. Fue dada por una de las pocas empleadas de la Ucep que estaban presentes al momento del allanamiento que ordenó el juez Roberto Gallardo. Varias PC fueron movidas a otras oficinas y algunos back up lograron salir del edificio. Así lo confió a Miradas al Sur un testigo que estaba en el momento del ingreso de los funcionarios y que conoce la intimidad del escuadrón macrista.
La medida judicial fue una de las tres iniciativas requeridas al magistrado por el Asesor Tutelar de Menores de la Ciudad, Gustavo Moreno, que interviene en el marco de la investigación que se sigue por la agresión sufrida por Carla Baptista, la embarazada atacada en Pasco al 1300 el pasado 1º de octubre. Las otras dos medidas solicitadas, y a las que el juez Gallardo dio su visto bueno, son el otorgamiento de un subsidio a la agredida en esa oportunidad, y la estricta obligación de informar a alguna autoridad judicial cada vez que la Ucep inicie sus operativos.
Miradas al Sur accedió a información originada en esas copias de seguridad hechas de apuro. Los datos que se pretendieron esconder a la Justicia desnudan modos y detalles del accionar del grupo de choque. Una de los claves más reveladoras es la aceitada relación que existe entre el escuadrón y la jefatura de Gabinete de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta. Así, en una comunicación interna, se detalla lo siguiente: “soy el encargado de hacer el seguimiento de los reclamos que llegan desde jefatura de Gabinete. Me comentó Florencia Campo que cuando haya reclamos para su área se los pase a este correo. Los de HRL (la sigla corresponde a las iniciales de Horacio Rodríguez Larreta) tienen prioridad número 1”. Esta comunicación partió de un alto miembro de la Dirección Atención Ciudadana que depende del jefe de Gabinete autor, el 12 de enero de este año, de una frase que parece una confesión: “Despacito, en silencio, se van haciendo los desalojos”.
Un grupo veloz y eficiente. Los informes revelan la relación de Rodriguez Larreta con el director de la Ucep, el ingeniero Jorge Polini, ambos integrantes del espacio político llamado Grupo Sophia.
“El horario fue dispuesto para aprovechar el momento en que los puestos no tienen clientes y que habitualmente se disponen a cerrar sus puertas. El timing fue llegar de improviso y confeccionar la actas correspondientes y proceder al retiro de los puestos en el menor tiempo posible.” Este párrafo de tono castrense aparece en el llamado Informe Operativo Costanera Sur 17-09-2009, uno de los ataques más conocidos del grupo contra los puestos de choripanes ubicados a metros de la Reserva Ecológica. Pero además, del documento interno se desprende que la Ucep no anda errante por la noche buscando indigentes sino que van con un “dato”. Según la información que allí consta, se desprende que buena parte de la localización de los sin techo es proporcionada por la Dirección General de Atención Ciudadana, que depende de Guadalupe Rossi y está bajo la órbita de Rodríguez Larreta. Allí se acumulan denuncias hechas por vecinos de manera particular, y de las que son giradas por diversos CGP de la ciudad. Otra vertiente de datos es generada por los asistentes sociales de la ciudad.
La lógica represiva del grupo se refleja en el lenguaje empleado. Así, en otro informe interno se califican a varios desalojos con el nombre de “grandes hitos”. Allí figuran el desalojo del 22 de febrero de 2008 a los cartoneros que estaban a metros de la estación Barrancas de Belgrano, el debut mediático de la Ucep o el operativo de Paseo Colón al 1500. En ese informe, que data de julio de 2009, un anexo señala que la Ucep cuenta “con un porcentaje del 80 por ciento de eficiencia en recuperación del Espacio Público. El 20 por ciento restante de los casos responde a un trabajo conjunto con B.A.P. (Buenos Aires Presente)”.
Así, mapas donde están señalizados los puntos de la ciudad a desalojar y varios pedidos de mayor presupuesto a las autoridades superiores componen algunos de los documentos internos ocultados a la justicia. Hay un detalle final: prácticamente el 100 por ciento de los operativos son contra indigentes.
El Argentino

Dr. Moreno 1 - Shopping Dot 0

ASESORIA TUTELAR 1 DR GUSTAVO DANIEL MORENO CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)” , EXPTE: EXP 31225 / 0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.-jmb
A la presentación de fs. 831:

Por recibidos.

Téngase presente las manifestaciones vertidad por el Sr. Asesor Tutelar.

A la presentación de fs. 832/833:
Téngase presentes las precisiones formuladas en la presentación en despacho.


VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. A fs. 798 se dispone intimar a las codemandadas Centro Comercial Panamericano S.A., Inmobiliaria Sudamericana de Desarrollo Urbanístico S.A., Panamerican Mall S.A. y al GCBA a que en el término de diez días corridos cumplan con las tareas promenorizadamente especificadas respecto de la Escuela Infantil y del Centro de Salud.

II. Conforme surge de las cédulas glosadas a fs. 811/813, dichas partes fueron debidamente notificadas en fecha 30-11-2009.

III. A fs. 810 se provee la presentación efectuada por la codemandada Panamerican Mall S.A. y se rechaza la apelación interpuesta contra el auto de fs. 798 por parte del GCBA.

En dicha providencia se hace saber que por Secretaría se procederá a solicitar precisiones al Sr. Norberto Vidal, arquitecto interventor informante a fin de poner en conocimiento el resultado a Panamerican Mall S.A., tal como fuera solicitado (v. fs. 801). Tal extremo se encuentra cumplido conforme surge del auto de fs. 815 y de la cédula notificada en fecha 11-12-2009.

IV. A fs. 820/822 el arquitecto interventor informante designado en autos presenta el informe periódico encomendado en función del relevamiento practicado el día 15-12-2009, en compañía del arquitecto Eduardo Rodríguez Caivano.

V. En virtud de dicho informe y de la presentación efectuada por la Red Interinstitucional Saveedra-Mitre a fs. 817/819, el Sr. Asesor Tutelar contesta la vista conferida a fs. 815 ap. III con el dictamen obrante a fs. 825/827 en el que destaca el incumplimiento e inboservancia por parte de las codemandadas de las medidas intimadas a fs. 798.

Por el mismo precisa que de las 14 intimaciones ordenadas a fs. 798 sólo se encuentra cumplida una de ellas, que otra registra cumplimiento parcial y que las doce restantes se encuentran incumplidas.

Con atinado criterio menciona que, un Centro de Salud y una Escuela Infantil que carezcan de instalaciones de gas y de condiciones de infraestructura y de seguridad adecuadas convierten a las construcciones efectuadas en “cajas vacías de contenido”. En atención al apercibimiento contenido en el auto de fs. 798 sugiere la imposición de una multa diaria en cabeza de las codemandadas hasta tanto se verifique el total cumplimiento de las mandas ordenadas descontándose las sumas devengadas del importe depositado oportunamente a la orden del juzgado en concepto de caución real (v. fs. 258). Para el caso de hacerse efectivo el mismo, solicita que el monto del apercibimiento sea destinado a la Vicaria Episcopal de Villas de la Ciudad de Buenos Aires, por tratarse la misma de una institución que realiza una concreta actividad de restablecimiento de derechos de la población infantil en extrema situación de vulnerabilidad.

A fs. 829 se corre nueva vista al Sr. Asesor Tutelar solicitando se propongan dos destinos adicionales a los cuales dirigir los fondos en caso de hacerse efectiva la multa. Dicho traslado es contestado a fs. 831.

VI. Ahora bien, con el informe del arquitecto Norberto Vidal de fs. 820/822, el dictamen del Asesor Tutelar de fs. 825/827, la presentación de PANAMERICAN MALL S.A. de fs. 832/833 y demás constancias de autos se verifican los siguientes incumplimientos a las intimaciones ordenadas a fs. 798 –detalladas conforme la enumeración y orden dado en dicha providencia-:

Tareas a cargo de las codemandadas Centro Comercial Panamericano S.A., Inmobiliaria Sudamericana de Desarrollo Urbanístico S.A. y Panamerican Mall S.A. respecto de la Escuela Infantil:

1.b. colocar una reja de cierre en el fondo del patio lateral que se vincula a las aulas para que no se tenga acceso al patio del fondo de la cocina. Ello, en virtud de la indefinición de los límites de la escuela, dado que su patio de juegos limita con un territorio de uso público (plaza), como también lo hace el resto de las contrucciones.

1.c. colocar protecciones en los vidrios del frente de la escuela

1.d. colocar una división en el hall de acceso para que no haya cruce entre la gente que concurre al Centro de Salud y la que concurre al Jardín Maternal

1.g. colocar al menos un aparato tefefónico básico (sin perjuicio de haberse provisto de un artefacto de teléfono; la intalación pertinente no cuenta con el correspondiente cableado)

1.h. adecuar la altura de los lavatorios de la escuela

1.i. instalar cambiadores

1.j. revestir los pisos de zócalos mediante goma de alto tránsito

Tareas a cargo del GCBA respecto del Centro de Salud:

2.2.a. proveer el equipamiento necesario a los efectos de la mudanza al mismo consistente en una heladera, una balanza, una estufa de esterilización y dos electrocardiógrafos

2.2.b. proveer vigilancia durante las 24 horas

Tareas a cargo del GCBA respecto del Centro de Salud y de la Escuela Infantil:

2.3.a. aprobar los planos conforme a obra de arquitectura

2.3.b. aprobar los planos de instalación eléctrica

2.3.c. aprobar los planos de instalación de obras sanitarias

2.3.d. aprobar los planos de instalación de gas

2.3.e. aprobar los planos contra incendio

Tareas conjuntas a cargo del GCBA y de las codemandadas Centro Comercial Panamericano S.A. e Inmobiliaria Sudamericana de Desarrollo Urbanístico S.A. y Panamerican Mall S.A.: conexión de gas en ambos establecimientos (sin perjuicio de las manifestaciones vertidas a fs. 832/833 por PANAMERICAN MALL S.A. respecto de la “solicitud y contrato de suministro”)

VII. Por todo lo expuesto, en atención a los incumplimientos detallados ut supra, estado de autos y toda vez que se encuentra ampliamente vencido el plazo dispuesto a fs. 798 (v. fs. 811/813),

RESUELVO: Hacer efectivo el apercibimiento intimado imponiéndose una multa diaria de U$S 6.000.- (dólares seis mil) a debitar de las sumas depositadas como caución en autos, a favor de la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez, de la Cooperadora Hospital Pedro de Elizalde y de la Cooperadora Hospital Garrahan, por tercios, hasta tanto se complete total y definitivamente la obra según las especificaciones del informe de fs. 820/822, previa verificación de dicho extremo por el Sr. Arquitecto Interventor Informante designado en autos.

Las liquidaciones serán de oficio, por Secretaría en forma parcial una vez por semana en su último día hábil. Aceptadas que sean las sumas por las entidades beneficiaria se librarán los giros por Secretaría y se notificará dicho extremo al Ministerio Público y a las codemandadas.

ORDENAR se practique la notificación de la presente medida por Secretaría con habilitación de días y horas inhábiles y con carácter de urgente al GCBA, a las codemandadas Centro Comercial Panamericano S.A. e Inmobiliaria Sudamericana de Desarrollo Urbanístico S.A., Panamerican Mall S.A. y al Asesor Tutelar, en su público despacho.

Moreno 1 -Fachos 0

COMUNICADO DE LAS ONG´s EXPRESANDO SU SATISFACCION POR LA MEDIDA CAUTELAR ORDENADA POR EL JUEZ LIMA, RESTABLECIENDO LAS FACULTADES DEL ASESOR TUTELAR DE LA CIUDAD DR. GUSTAVO MORENO


Las organizaciones firmantes expresamos nuestra satisfacción y apoyamos la Resolución adoptada por el titular del Juzgado en lo Contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Nº 11, en el sentido que precautoriamente suspende las Resoluciones Nº 71 y 72 dictadas por Asesor Tutelar General de la Ciudad Dr. Roberto Cabiche.


La resoluciones suspendidas fueron severamente cuestionadas toda vez que restringían significativamente las funciones del Asesor Tutelar de primera y segunda instancia. Se debe tener en cuenta que el papel de la asesoría es la defensa de las niñas, niños y adolescentes de la ciudad en un fuero en dónde se discuten, entre otras cuestiones, las vinculados a políticas públicas y derechos sociales.


Entre las facultades cercenadas al funcionario judicial se encuentran: las obligatoriedad de elevar en consulta los expedientes dónde tramitan acciones colectivas y amparos y hasta de simples oficios dirigidos a autoridades públicas. También restringe los contactos institucionales con otras organizaciones, transformando el cargo de Asesor Tutelar que había concursado el cargo, en un empleado. Esta decisión adoptada por el Asesor Tutelar General mereció nuestro mas fuerte repudio tal como lo expresamos en las dos declaraciones públicas anteriores.


Allí habíamos sostenido que las resoluciones 71/03 y 72/03 afectaban la autonomía funcional que es un aspecto de la independencia judicial interna, protegida por la Constitución de la Ciudad y de la Nación. Este es un principio indispensable para desempeñar la función del Ministerio Público en un Estado democrático. Esta afectación se torna mas grave aún toda vez que limita la defensa de los derechos colectivos e intereses difusos, inhibiendo el importante papel que cumple el Ministerio Público de protección a la población frente a la violación de derechos por parte de las autoridades.


Un sistema democrático requiere para su sostenimiento no solo el ejercicio de derechos políticos, sino el pleno funcionamiento de una Poder Judicial dotado de independencia interna y externa. El recorte de funciones y competencias del Asesor Tutelar privaba a los habitantes de la ciudad y al propio gobierno local de una valiosa herramienta de control ciudadano sobre los poderes públicos.


Por otra parte, el recorte de facultades intentado por las resoluciones cuestionadas, se presentó como un castigo a la laboriosa e impecable labor del único Asesor Tutelar concursado Dr. Gustavo Moreno, en los casos vinculados a la emergencia habitacional, derecho a la alimentación, acceso a los medicamentos y acceso a la educación. Lejos de judicializar la pobreza han sido un valiosos instrumento de defensa de los derechos de los más débiles frente a su violación por parte del Gobierno local.


La medida cautelar dictada por el juez Fernando Lima, restituye las plenas facultades del Asesor tutela Dr. Gustavo Moreno constituyendo un importante avance en materia de protección a la independencia judicial. De esta manera se podrá seguir contribuyendo al fortalecimiento de un Poder Judicial más independiente y democrático, dónde los derechos sociales sean considerados como derechos y no como simples promesas.

Villa 20

El juez Gallardo junto al asesor Tutelar de Menores, Gustavo Moreno, tuvieron que visitar por segunda vez el cementerio de autos de Villa Lugano para que finalmente Policía Federal acate la sentencia por la compactación de los vehículos.

01.09.2009 18:24:00


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El juez Andrés Gallardo junto al asesor Tutelar de Menores, Gustavo Moreno, tuvieron que visitar por segunda vez el cementerio de autos de Villa Lugano para que finalmente Policía Federal acate la sentencia por la compactación de los vehículos.

"Que bueno ver en estos momentos la grúa levantar un auto y, por otro lado, ver como lo compactan", expresó al sitio Noticias Urbanas Moreno, quien reconoció que el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, "cumplió con lo ordenado por la justicia".

Los funcionarios de la justicia local, respaldados por los vecinos de la Villa 20, llegaron a las 11.30 horas de este martes a la avenida Cruz y Escalada. Fueron decididos a hacer cumplir la sentencia pese a la oposición que hasta ese momento mantenía el Gobierno Nacional en respaldo de la Policía Federal, que lidera Néstor Valleca.

Luego de una conversación entre el juez y los oficiales a cargo, para sorpresa de los propios impulsores de la compactación, se permitió el ingreso de los camiones del Gobierno de la Ciudad.

"383 autos son del gobierno porteño, 165 tienen permiso de los jueces penales, y los que no se compacten serán trasladados al terreno que la Ciudad aportó a la Federal", informó a este medio el funcionario judicial.

En el marco de la causa, el subprocurador del Tesoro Nacional, Adolfo Screensize, había ratificado la oposición de la Policía Federal de impedir al Gobierno porteño la compactación de los automóviles como ordenó el juez Gallardo hace dos semanas.

En el expediente por el mayor cementerio de autos a cielo abierto, además, figura que el director de asuntos jurídicos de la Federal acepta la compactación de autos "que sean de Ciudad" y que por el resto solo acatará la decisión de jueces nacionales.

Hoy había cuatro camiones del Gobierno porteño más una topadora trajando.

Los vecinos de la Villa 20 al ver avanzar el proceder judicial optó por retirarse con tranquilidad "y ahora esperar que se continúen trabajando. Porque estos terrenos están destinados a la construcción de viviendas. Eso lo logramos a través de una ley por la que tanto luchamos y que debe convertir este basural en calles pavimentadas, con servicios básicos y viviendas", manifestó Diosnel Perez, referente de los vecinos de la villa que salieron en defensa de la medida judicial.

Los terrenos de Lugano (exactamente en Escalada y avenida Cruz) pertenecen a la Ciudad pero fueron traspasados a la Policía Federal en el año 1981. Desde entonces controla la Federal y es custodiada por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Varias garitas de la fundación están apostadas alrededor del predio a raíz de un convenio con Nación por la que se comprometieron a construir viviendas.

En la primera visita del juez Gallardo y el asesor Tutelar Moreno, el ministro Montenegro confirmó que cumpliría con la compactación. Al otro día, los funcionarios fueron rechazados por la policía federal. Por ello se vuelve a producir la visita judicial para aplicar la sentencia de un amparo que lleva años en trámite y que ya ha contado con tres sentencias en el mismo sentido, pero nunca antes fueron posibles de aplicar