Un fallo ordena al gobierno porteño a hacerlo en 120 días
Para Rodríguez Larreta, urbanizar la Villa Rodrigo Bueno “es un disparate”Publicado el 25 de Marzo de 2011
Por Claudio MardonesEl jefe de Gabinete PRO evitó decir que el grupo IRSA, que tiene como gerente a su hermano Augusto, proyecta un barrio de lujo en la zona.
Para el gobierno porteño, la Villa Rodrigo Bueno, habitada por casi 400 familias sobre el costado sur del lujoso Puerto Madero, no es un barrio sino una usurpación que no merece ser urbanizada. La polémica caracterización fue pronunciada ayer por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, en respuesta a un fallo de la justicia porteña que ordena la urbanización de ese asentamiento en un plazo de 120 días.“Realmente es un disparate. En este caso, es una zona donde no hay infraestructura adecuada para que la gente viva. Estamos convalidando una toma a gente que ha usurpado un lugar”, dijo el funcionario, luego de conocer la medida dispuesta por la jueza Elena Liberatori de Aramburu, titular del cuarto juzgado contencioso de la Ciudad. El fallo, firmado el lunes, considera probado que la villa nació antes que la Reserva Ecológica, que data de 1986, y establece un duro precedente para el megaproyecto inmobiliario Solares de Santa María, un barrio de lujo proyectado por el holding Inversiones y Representaciones SA (IRSA) en las mismas tierras que pertenecieron hace 30 años a la Ciudad Deportiva del Club Boca Juniors y que están frente a la Villa Rodrigo Bueno, en el último extremo de la ribera porteña.El fallo también establece un plazo de 30 días para que la comuna saque el depósito de chatarra que está al lado del barrio, pero ninguno de esos términos será cumplido. Rodríguez Larreta, en su papel de precandidato a jefe de gobierno del PRO, anticipó que apelará el fallo, pero en medio de la intempestiva respuesta se le olvidó un dato íntimo: su hermano, Augusto Rodríguez Larreta, se desempeña como gerente de Relaciones Institucionales del holding perteneciente a Eduardo Elsztain, que también es propietario del 14% del Banco Hipotecario, once shoppings y cientos de emprendimientos inmobiliarios. Por otra parte, apenas asumió Mauricio Macri como jefe de gobierno, en diciembre de 2007, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) quedó en manos del arquitecto Roberto Apelbaum, ex director de IRSA y del Hipotecario. Desde su llegada al IVC, el organismo quedó virtualmente desfinanciado.Dentro de la causa, un informe realizado por un equipo de antropólogas sociales de la UBA e investigadoras del CONICET, advierte que el barrio está habitado por porteños signados por “la imposibilidad de acceder a la vivienda urbana a través de los mecanismos de mercado” y que padecen “la exclusión de programas estatales de vivienda y la necesidad de ‘arreglárselas por las suyas’ para resolver carencias básicas”.El fallo señala que “en otras épocas, la ciudad no dio ninguna importancia” a la Costanera Sur, pero “ante la recuperación edilicia y económica del barrio y con inmuebles que cotizan en 4000 dólares el metro cuadrado, ahora la comuna pretende desalojar”. Consultado sobre la apelación que presentará el PRO, el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, dijo que no le extraña la respuesta, pero advirtió que apoyará el fallo en segunda instancia. “Lo triste”, dijo, “es que Rodríguez Larreta no entiende nada porque no sale de Bolívar 1, pero lo cierto es que el Estado se dio cuenta que existía Rodrigo Bueno el día que IRSA empezó su emprendimiento inmobiliario.”
viernes, 25 de marzo de 2011
domingo, 20 de marzo de 2011
Opinión
“El problema de fondo no se soluciona con polémicas”
Publicado el 19 de Marzo de 2011 (diario Tiempo Argentino)
Por Gustavo MorenoAsesor Tutelar de la Cámara del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
En medio de las polémicas mediáticas, ni el gobierno nacional ni el de la Ciudad se animan a tocar el principal tema de fondo que ha quedado al desnudo después de la crisis del Parque Indoamericano. Hasta ahora, nadie habló de la creciente pobreza y la profunda crisis habitacional que atraviesa a la zona sur porteña. Nadie ha dicho que desde San Juan y San Pedrito hacia el sur hay una ciudad postergada, y que del otro lado existe otra realidad. Han pasado tres meses desde la toma más grande que tuvo la Ciudad de Buenos Aires y, especialmente, el gobierno porteño ha demostrado que no está preocupado por solucionar la violación a los derechos sociales que se vive en las villas y asentamientos. Los cercos de seguridad pueden servir en un momento coyuntural de violencia, pero sólo sirven en ese momento. Luego, la única solución de fondo consiste en asumir la crisis social y buscar soluciones reales, como tener una política de Estado en materia habitacional con construcción permanente de viviendas y que incluya la urbanización de todas las villas. En estos barrios, el tema central es la falta de Estado, es decir, la ausencia de viviendas, salud y escuelas. Sin esa respuesta, creo que las tomas continuarán. Falta Estado y el problema de fondo no se soluciona con polémicas públicas.
“El problema de fondo no se soluciona con polémicas”
Publicado el 19 de Marzo de 2011 (diario Tiempo Argentino)
Por Gustavo MorenoAsesor Tutelar de la Cámara del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
En medio de las polémicas mediáticas, ni el gobierno nacional ni el de la Ciudad se animan a tocar el principal tema de fondo que ha quedado al desnudo después de la crisis del Parque Indoamericano. Hasta ahora, nadie habló de la creciente pobreza y la profunda crisis habitacional que atraviesa a la zona sur porteña. Nadie ha dicho que desde San Juan y San Pedrito hacia el sur hay una ciudad postergada, y que del otro lado existe otra realidad. Han pasado tres meses desde la toma más grande que tuvo la Ciudad de Buenos Aires y, especialmente, el gobierno porteño ha demostrado que no está preocupado por solucionar la violación a los derechos sociales que se vive en las villas y asentamientos. Los cercos de seguridad pueden servir en un momento coyuntural de violencia, pero sólo sirven en ese momento. Luego, la única solución de fondo consiste en asumir la crisis social y buscar soluciones reales, como tener una política de Estado en materia habitacional con construcción permanente de viviendas y que incluya la urbanización de todas las villas. En estos barrios, el tema central es la falta de Estado, es decir, la ausencia de viviendas, salud y escuelas. Sin esa respuesta, creo que las tomas continuarán. Falta Estado y el problema de fondo no se soluciona con polémicas públicas.
Dr. Moreno en la franja del Riachuelo
Si continúan las demoras, los funcionarios serán multados
El juez del Riachuelo ordenó que no haya desalojo sin reubicación
Publicado el 24 de Febrero de 2011 (Diario Tiempo Argentino)
Por Claudio Mardones
Luis Armella, a cargo del juzgado federal de Quilmes, fijó además un detallado cronograma con fechas límites para garantizar el traslado de las familias que viven en la ribera. Impuso también un trabajo de “concientización”.
El Riachuelo ya cuenta con un cronograma real de saneamiento que incluye la relocalización de todas las familias que viven en las dos riberas del curso de agua más contaminado de la Argentina. Este martes, el juez federal de Quilmes Luis Armella ratificó que no puede haber desalojo de las personas que viven en la franja de 35 metros que nace en el Riachuelo sin una relocalización efectiva de todas las familias. La decisión establece, por primera vez, un cronograma detallado con fechas límites para que todos los estados que integran la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) garanticen el traslado de las familias.En la resolución, a la que accedió Tiempo Argentino, Armella estableció plazos específicos para reubicar a todas las familias que viven en el camino de sirga de los partidos bonaerenses de Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús y La Matanza, además de toda la costa porteña. En la Capital los plazos de reubicación son mucho más cortos que en provincia, donde la mayoría de los límites finales expiran en 2012 y 2013. El letrado aclaró que se trata de “plazos que responden a los estándares de celeridad exigidos, necesarios para dar respuestas a la acuciante situación habitacional existente en la cuenca en saneamiento, y en especial para la definitiva liberación del denominado camino de sirga”. La aclaración no es menor, ya que la ACUMAR no podrá comenzar a limpiar el Riachuelo hasta que no haya liberado la ribera, hoy colmada de personas pobres que viven en estado de alerta desde que comenzaron los primeros intentos de desalojo.También ordena a cada uno de los integrantes de la cuenca “un fuerte trabajo en materia de concientización social sobre los habitantes de la sirga.” Para Armella, los habitantes que hoy ocupan los 35 metros de costa del Riachuelo “resultan beneficiarios primigenios de las relocalizaciones”, es decir que serán prioridad en todas las acciones que se tomen al respecto.Fuentes cercanas al juzgado identificaron las demoras en el saneamiento por las internas que ocurren dentro de la ACUMAR, especialmente entre Nación y Ciudad. Al respecto alertó a “todos los estados de la cuenca que deberán mostrarse cohesionados y sin fisuras en su accionar, despojados de rencillas de cualquier naturaleza”. Si no lo hacen, serán multados, tal como estuvo a punto de ocurrirle al jefe de gobierno Mauricio Macri. Sin embargo, zafó: un día antes del vencimiento de todos los plazos para presentar alternativas de relocalización, el Instituto de Vivienda entregó un plan para garantizar la orden del juez.La medida también incluye a todos los pequeños asentamientos “sueltos”, que no han sido contenidos en los censos que lleva adelante un equipo de funcionarios de la Defensoría General del Poder Judicial, junto a la Defensoría del Pueblo y al Asesor Tutelar de Cámara Gustavo Moreno. Además, el juez también ordenó que los ministros de Seguridad y Justicia de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires deberán “asegurar el trabajo de los encargados de la relocalización” y si no lo hacen serán multados. El mensaje también está dirigido a las fuerzas de seguridad. “Deben maximizar los esfuerzos para evitar situaciones que entorpezcan el desarrollo de las obras”, advirtió el juez de Quilmes, que también aludió a todos los municipios que integran la ACUMAR para que se comprometan a recuperar los terrenos desalojados, transformarlos en espacios públicos libres que se puedan utilizar para las obras de saneamiento e impedir nuevas construcciones. Cualquier demora o entorpecimiento será considerado como incumplimiento y los responsables deberán ser identificados.
El juez del Riachuelo ordenó que no haya desalojo sin reubicación
Publicado el 24 de Febrero de 2011 (Diario Tiempo Argentino)
Por Claudio Mardones
Luis Armella, a cargo del juzgado federal de Quilmes, fijó además un detallado cronograma con fechas límites para garantizar el traslado de las familias que viven en la ribera. Impuso también un trabajo de “concientización”.
El Riachuelo ya cuenta con un cronograma real de saneamiento que incluye la relocalización de todas las familias que viven en las dos riberas del curso de agua más contaminado de la Argentina. Este martes, el juez federal de Quilmes Luis Armella ratificó que no puede haber desalojo de las personas que viven en la franja de 35 metros que nace en el Riachuelo sin una relocalización efectiva de todas las familias. La decisión establece, por primera vez, un cronograma detallado con fechas límites para que todos los estados que integran la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) garanticen el traslado de las familias.En la resolución, a la que accedió Tiempo Argentino, Armella estableció plazos específicos para reubicar a todas las familias que viven en el camino de sirga de los partidos bonaerenses de Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús y La Matanza, además de toda la costa porteña. En la Capital los plazos de reubicación son mucho más cortos que en provincia, donde la mayoría de los límites finales expiran en 2012 y 2013. El letrado aclaró que se trata de “plazos que responden a los estándares de celeridad exigidos, necesarios para dar respuestas a la acuciante situación habitacional existente en la cuenca en saneamiento, y en especial para la definitiva liberación del denominado camino de sirga”. La aclaración no es menor, ya que la ACUMAR no podrá comenzar a limpiar el Riachuelo hasta que no haya liberado la ribera, hoy colmada de personas pobres que viven en estado de alerta desde que comenzaron los primeros intentos de desalojo.También ordena a cada uno de los integrantes de la cuenca “un fuerte trabajo en materia de concientización social sobre los habitantes de la sirga.” Para Armella, los habitantes que hoy ocupan los 35 metros de costa del Riachuelo “resultan beneficiarios primigenios de las relocalizaciones”, es decir que serán prioridad en todas las acciones que se tomen al respecto.Fuentes cercanas al juzgado identificaron las demoras en el saneamiento por las internas que ocurren dentro de la ACUMAR, especialmente entre Nación y Ciudad. Al respecto alertó a “todos los estados de la cuenca que deberán mostrarse cohesionados y sin fisuras en su accionar, despojados de rencillas de cualquier naturaleza”. Si no lo hacen, serán multados, tal como estuvo a punto de ocurrirle al jefe de gobierno Mauricio Macri. Sin embargo, zafó: un día antes del vencimiento de todos los plazos para presentar alternativas de relocalización, el Instituto de Vivienda entregó un plan para garantizar la orden del juez.La medida también incluye a todos los pequeños asentamientos “sueltos”, que no han sido contenidos en los censos que lleva adelante un equipo de funcionarios de la Defensoría General del Poder Judicial, junto a la Defensoría del Pueblo y al Asesor Tutelar de Cámara Gustavo Moreno. Además, el juez también ordenó que los ministros de Seguridad y Justicia de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires deberán “asegurar el trabajo de los encargados de la relocalización” y si no lo hacen serán multados. El mensaje también está dirigido a las fuerzas de seguridad. “Deben maximizar los esfuerzos para evitar situaciones que entorpezcan el desarrollo de las obras”, advirtió el juez de Quilmes, que también aludió a todos los municipios que integran la ACUMAR para que se comprometan a recuperar los terrenos desalojados, transformarlos en espacios públicos libres que se puedan utilizar para las obras de saneamiento e impedir nuevas construcciones. Cualquier demora o entorpecimiento será considerado como incumplimiento y los responsables deberán ser identificados.
Moreno 1- Macri 0
Con Shakira, sin vecinos
Publicado el 15 de Marzo de 2011(Diario Tiempo Argentino)
Mauricio Macri estuvo la semana pasada a dos cuadras del lugar para sacarse una foto con la cantante colombiana Shakira, pero se negó a recorrer el camino de sirga del Riachuelo cuando los vecinos lo invitaron a recorrerlo. La noticia de la reubicación mantiene a los vecinos de la zona en estado de alerta, especialmente hace 15 días, cuando comenzaron a censarlos. Cuando la entrada de la Villa 21-24 amaneció vallada por la visita del jefe de gobierno y la cantante, la invitación fue comunicada a la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, por el asesor tutelar Gustavo Moreno, a cargo del censo. La respuesta nunca llegó, pero cerca de las 15 Macri y Shakira arribaron al centro de primera infancia El Alfarero, en la entrada de la 21-24. La colombiana dijo que “proyectos como este pueden inspirar a que se expanda la inversión para la infancia abandonada en América latina”, y se fue. Macri también. “Es insólito que Macri venga a dos cuadras de la sirga y no visite a las 1000 familias que viven una incertidumbre amargante”, se quejó Moreno y agregó: “Macri no puede entrar sin la policía al barrio, es lamentable.”
Publicado el 15 de Marzo de 2011(Diario Tiempo Argentino)
Mauricio Macri estuvo la semana pasada a dos cuadras del lugar para sacarse una foto con la cantante colombiana Shakira, pero se negó a recorrer el camino de sirga del Riachuelo cuando los vecinos lo invitaron a recorrerlo. La noticia de la reubicación mantiene a los vecinos de la zona en estado de alerta, especialmente hace 15 días, cuando comenzaron a censarlos. Cuando la entrada de la Villa 21-24 amaneció vallada por la visita del jefe de gobierno y la cantante, la invitación fue comunicada a la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, por el asesor tutelar Gustavo Moreno, a cargo del censo. La respuesta nunca llegó, pero cerca de las 15 Macri y Shakira arribaron al centro de primera infancia El Alfarero, en la entrada de la 21-24. La colombiana dijo que “proyectos como este pueden inspirar a que se expanda la inversión para la infancia abandonada en América latina”, y se fue. Macri también. “Es insólito que Macri venga a dos cuadras de la sirga y no visite a las 1000 familias que viven una incertidumbre amargante”, se quejó Moreno y agregó: “Macri no puede entrar sin la policía al barrio, es lamentable.”
domingo, 13 de febrero de 2011
Sin viviendas, el desalojo es ilegal
Diario El Tiempo Argentino 13/02/2011
En 2008 la corte suprema ordenó la relocalización de sus habitantes, no la entrega de subsidios
Sirga: sin vivienda el desalojo es ilegal
Por Claudio Mardones
Mañana vence el plazo impuesto por el juez federal Luis Armella para que el gobierno porteño desaloje la costa del Riachuelo. No será posible: hay 1400 familias que deben recibir viviendas y la comuna sólo entregó algunos subsidios.
A los dos lados del Riachuelo hay miles de familias pobres que viven una cuenta regresiva que parece interminable. En los papeles del juez federal de Quilmes Luis Armella, esa espera terminará mañana, cuando venza el plazo para que el gobierno porteño desaloje a todos los habitantes porteños del camino de sirga, es decir, de los 35 metros de la ribera que son públicos. Si el jefe de gobierno Mauricio Macri no cumple con la orden federal, podría recibir una multa económica diaria. Pero ese dato no forma parte de las preocupaciones que quitan el sueño a las 1400 familias que viven en el costado porteño del Riachuelo. Especialmente porque no tienen donde ir.
“Si en este momento avanza cualquier tipo de desalojo, no hay viviendas disponibles para toda los habitantes de la sirga.” La advertencia pertenece al asesor tutelar de Cámara del Poder Judicial de la Ciudad, Gustavo Moreno. El funcionario recordó que realizar el desalojo masivo sin un destino definitivo, viola el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó sanear el Riachuelo en 2008. “El fallo dice claramente que hay que relocalizar a los habitantes de la sirga y esa orden no se soluciona con desalojos sin destino”, aclaró el abogado. De acuerdo a los relevamientos realizados por el Ministerio Público Tutelar, “hay 3000 menores de 18 viviendo al costado del Riachuelo”. Ese universo de niños y adolescentes está repartido en todos los asentamientos que hay en la ribera del cauce más contaminado de la Argentina. Se trata de las 70 familias del asentamiento “El Pueblito”, ubicado entre Barracas y la 1-11-14 del Bajo Flores, otras 70 que integran el asentamiento “Luján”, las 220 que forman parte de la Villa 26 y las casi 1000 familias de vecinos de la villa 21-24, que habitan en la curiosa curva del Riachuelo que parece una bahía. Todos ellos se mantienen en estado de asamblea desde el 12 y 13 de enero, cuando fueron desalojados tres grupos de adultos, dos familias, una mujer sola con discapacidad, una nena de seis años y un bebé de seis meses. La medida fue impulsada por el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, Diego Santilli. Sus funcionarios no ofrecieron viviendas, sino un manojo de subsidios. Los operativos sembraron pánico en la zona, pero la situación se disipó el martes pasado, cuando el presidente del Instituto de la Vivienda, Omar Abboud, llegó a la villa y anunció un plan de viviendas. Su implementación llevará un año. La noticia calmó a los vecinos, pero crispó a las empresas y funcionarios interesados en el saneamiento de la cuenca. Un negocio de 900 millones de pesos. “Están todos más interesados en sanear que en entregar vivienda, pero eso no se ajusta al fallo, es ilegal”, advirtió Moreno.
En 2008 la corte suprema ordenó la relocalización de sus habitantes, no la entrega de subsidios
Sirga: sin vivienda el desalojo es ilegal
Por Claudio Mardones
Mañana vence el plazo impuesto por el juez federal Luis Armella para que el gobierno porteño desaloje la costa del Riachuelo. No será posible: hay 1400 familias que deben recibir viviendas y la comuna sólo entregó algunos subsidios.
A los dos lados del Riachuelo hay miles de familias pobres que viven una cuenta regresiva que parece interminable. En los papeles del juez federal de Quilmes Luis Armella, esa espera terminará mañana, cuando venza el plazo para que el gobierno porteño desaloje a todos los habitantes porteños del camino de sirga, es decir, de los 35 metros de la ribera que son públicos. Si el jefe de gobierno Mauricio Macri no cumple con la orden federal, podría recibir una multa económica diaria. Pero ese dato no forma parte de las preocupaciones que quitan el sueño a las 1400 familias que viven en el costado porteño del Riachuelo. Especialmente porque no tienen donde ir.
“Si en este momento avanza cualquier tipo de desalojo, no hay viviendas disponibles para toda los habitantes de la sirga.” La advertencia pertenece al asesor tutelar de Cámara del Poder Judicial de la Ciudad, Gustavo Moreno. El funcionario recordó que realizar el desalojo masivo sin un destino definitivo, viola el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó sanear el Riachuelo en 2008. “El fallo dice claramente que hay que relocalizar a los habitantes de la sirga y esa orden no se soluciona con desalojos sin destino”, aclaró el abogado. De acuerdo a los relevamientos realizados por el Ministerio Público Tutelar, “hay 3000 menores de 18 viviendo al costado del Riachuelo”. Ese universo de niños y adolescentes está repartido en todos los asentamientos que hay en la ribera del cauce más contaminado de la Argentina. Se trata de las 70 familias del asentamiento “El Pueblito”, ubicado entre Barracas y la 1-11-14 del Bajo Flores, otras 70 que integran el asentamiento “Luján”, las 220 que forman parte de la Villa 26 y las casi 1000 familias de vecinos de la villa 21-24, que habitan en la curiosa curva del Riachuelo que parece una bahía. Todos ellos se mantienen en estado de asamblea desde el 12 y 13 de enero, cuando fueron desalojados tres grupos de adultos, dos familias, una mujer sola con discapacidad, una nena de seis años y un bebé de seis meses. La medida fue impulsada por el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, Diego Santilli. Sus funcionarios no ofrecieron viviendas, sino un manojo de subsidios. Los operativos sembraron pánico en la zona, pero la situación se disipó el martes pasado, cuando el presidente del Instituto de la Vivienda, Omar Abboud, llegó a la villa y anunció un plan de viviendas. Su implementación llevará un año. La noticia calmó a los vecinos, pero crispó a las empresas y funcionarios interesados en el saneamiento de la cuenca. Un negocio de 900 millones de pesos. “Están todos más interesados en sanear que en entregar vivienda, pero eso no se ajusta al fallo, es ilegal”, advirtió Moreno.
domingo, 2 de enero de 2011
Ahora lo tenemos como Asesor Tutelar Camarista!!!!
El lunes 1 de noviembre de 2010, el Dr. Gustavo Daniel Moreno prestó juramento como Asesor Tutelar de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El destacado Dr. Moreno, después de su afirmación solemne "sí, juro", alzó su mano e hizo la "V" de la ¡Victoria!. Luego, expresó que seguirá trabajando por los derechos de los incapaces, renovando así su compromiso de lucha por alcanzar la justicia e igualdad social.
El destacado Dr. Moreno, después de su afirmación solemne "sí, juro", alzó su mano e hizo la "V" de la ¡Victoria!. Luego, expresó que seguirá trabajando por los derechos de los incapaces, renovando así su compromiso de lucha por alcanzar la justicia e igualdad social.
martes, 13 de julio de 2010
En la Ciudad, no tenemos Salud
Macri no hace justicia con la salud
Los jueces ordenaron obras edilicias, provisión de servicios básicos y nombramiento de personal en, entre otros centros, el Lagleyze, el Quemado, el Alvear, el Borda y el Garrahan. Hubo embargos, multas y hasta pedidos de destitución del ministro de Salud
Por Irina Hauser
Ante la orden judicial de reabrir y reacondicionar el centro oftalmológico Lagleyze, la respuesta del gobierno porteño fue dejarlo sin calefacción, agua caliente e insumos. En vez de nombrar doce enfermeros en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Alvear, propició el cierre del servicio de adolescencia. Cuando una jueza lo conminó a terminar la lavandería del Tobar García, dijo que era mejor mandar la ropa al Moyano, que está cerca y tendría la suya lista en seis meses, o por qué no contratar un “delivery”. De las obras edilicias indicadas para el pabellón central del Borda hace dos años y medio, concretaron el 0,68 por ciento. Aún después de Cromañón y con una sentencia firme, el Hospital del Quemado sigue sin tener terapia intensiva pediátrica. Todo esto es sólo una pequeña muestra de lo que se ha convertido en una práctica recurrente de la administración de Mauricio Macri: incumplir las órdenes judiciales, en especial, aquellas destinadas a mejorar la atención y la salud de los ciudadanos.
El caso de la ambulancia que debía estar en la villa 21-24 y nunca llegó tuvo como consecuencia palpable la muerte de un chico de 14 años baleado al resistirse al robo de sus zapatillas. El trágico desenlace tiene una única explicación: el ministro de Salud porteño Jorge Lemus se resiste a acatar la orden de poner una ambulancia en forma permanente en el centro de salud (Cesac). Pedía seguridad para los médicos, pero rechazaba la custodia de un policía federal. Casi como concesión, ofreció disponer de una ambulancia del Hospital Penna que –prometió– tardaría entre “siete y diez minutos” en llegar. El sistema se estrenó el 19 de abril. El 20 una mujer llamó porque su hija de cinco años tenía una hemorragia genital: “La ambulancia no entra en esa zona”, le dijeron. Un día después, Luis Ponce, el chico tiroteado, se desangró en la calle mientras el barrio reclamaba por teléfono la presencia del SAME, que tardó 45 minutos.
La medida de garantizar una ambulancia era parte de un plan de asistencia a los adictos al paco, que también requería nombrar psicólogos y pediatras. Ni la ambulancia ni los especialistas aparecieron pese a las sucesivas intimaciones. Lemus fue denunciado penalmente y la Cámara de Apelaciones del fuero contencioso confirmó que debe pagar una multa de 500 pesos diarios.
“Todos los gobiernos discuten los fallos. Pero el incumplimiento sistemático es una característica del actual, y en especial del Ministerio de Salud. Antes no vimos nada igual”, le dijo a Página/12 el asesor tutelar Gustavo Moreno, impulsor –entre muchos otros– del expediente de la ambulancia. El legislador Jorge Selser, quien preside la Comisión de la Legislatura, señaló que “el abandono de las obras, que están paralizadas, y el incumplimiento de las demandas no se corresponden con la situación de holgura económica que hay en la Ciudad”.
Las multas o pedidos de destitución son un punto al que los jueces llegan, tras varios intentos, cuando no ven voluntad de nada. Esta semana, como informó Página/12, la jueza Elena Liberatori dictó una tercera medida cautelar con un plazo de cinco días para que el gobierno inicie las obras de calefacción y agua caliente en el centro oftalmológico de Paternal Pedro Lagleyze y se efectivicen 27 nombramientos.
En una de las tantas audiencias judiciales por la situación del Lagleyze, uno de los funcionarios de Salud sinceró el criterio oficial en un cuarto intermedio: no quieren invertir en hospitales que, como éste, atienden un 84 por ciento de pacientes que vienen de otras provincias o países limítrofes. El mismo argumento fue esgrimido, también fuera de micrófono (pero ante varios testigos) frente a la demanda iniciada por la Asociación de Profesionales del Garrahan, que denunció que el gobierno porteño no cumple con el aporte del cincuenta por ciento del financiamiento del hospital que le toca (la otra mitad la aporta la Nación). Liberatori los invitó a saldar la deuda. La respuesta fue el silencio. Entonces trabó un embargo sobre las cuentas porteñas por 14 millones de pesos adeudados de 2009, aprobados por la Legislatura, y que tenían destino fijo: el área de ortopedia y yesos, la construcción de dos quirófanos, el reemplazo de calderas rotas y equipos diversos. El macrismo apeló.
Los niños y los locos
Con los hospitales psiquiátricos parece haber una fijación. Los problemas del Torcuato de Alvear son previos a la llegada de Macri al poder, pero a él le tocó dar las soluciones indicadas por Juan Vicente Cataldo y que una sentencia de Cámara dejó firmes en junio de 2007. Debía resolver la sobrepoblación, la falta de personal, la carencia de plan de evacuación, arreglar la red de gas y hacer refacciones para dar mínimas condiciones de alojamiento dignas. Un informe de la asesoría tutelar dice que en tres años las obras avanzaron sólo un 8 por ciento y que las partidas asignadas no fueron ejecutadas, por lo que finalmente se trabó un embargo por 8,2 millones de pesos. El año pasado, la dirección del hospital reclamó al menos doce enfermeros: en mayo último, sin novedades, tuvieron que cerrar el servicio de adolescencia.
En el Borda, los vidrios rotos en el servicio de admisión y los baños hediondos del helado pabellón para los pacientes duales (adictos y psquiátricos) pintan el más leve retrato de un lugar donde se supone que el que entra debería salir mejor. Como salvedad, los informes judiciales aseguran que la atención médica es buena. Desde mayo de 2008 la Justicia señaló la necesidad urgente de obras edilicias, eléctricas, cloacales, de gas y agua potable, y al menos setenta nombramientos de médicos y enfermeros. Hace un mes la jueza Andrea Danas insistió con una nueva medida cautelar similar, donde también pidió sábanas, muebles y protección contra incendios.
El colmo es la batalla judicial por el Hospital Moyano, que inició Soledad Acuña cuando era legisladora de PRO y presidía la Comisión de Salud. Ahora es subsecretaria de Promoción Social y ya no sigue el expediente. En noviembre de 2007 la jueza Alejandra Petrella le dio un año al gobierno para dotar al psiquiátrico de “condiciones de habitabilidad”. En lugar de asumir el problema que alguna vez le interesó, la gestión macrista apeló el fallo y como la Cámara lo confirmó hizo un planteo de inconstitucionalidad al Superior Tribunal, que lo tiene a estudio.
Promesas al viento
El caso del neuropsiquiátrico Carolina Tobar García es uno de los que llegaron a los términos más duros. A fines de 2008 la jueza Liberatori ordenó una reforma edilicia integral, condiciones de seguridad y nombramiento de profesionales “en un plazo razonable”. El gobierno apeló. En junio de 2009 la Cámara advirtió que “la vulnerabilidad social en la que se encuentran los pacientes del Tobar García no admite más demoras” y que no se puede depender de “los holgados tiempos de la administración”. Condenaba “directamente al jefe de Gobierno”. En abril, el titular de Recursos Físicos, Moisés Aruj, dijo que estaba previsto terminar la segunda etapa de obras, pero no dio un cronograma. La tercera etapa, agregó, entraría en “el plan plurianual 2011/2012” (cuando el PRO ni sabe si seguirá siendo gobierno). Y comentó que el lavadero no se haría porque se podía mandar la ropa al Moyano, que tendría su propia lavandería en seis meses, “o tercerizar tipo delivery”, comentario llamativo teniendo en cuenta que tramita una denuncia por el presunto direccionamiento de una licitación millonaria para el lavado de ropa de hospitales. Liberatori pidió la destitución del ministro Lemus por “mal desempeño” al desatender las “obligaciones a su cargo”.
La “falta de presupuesto” y la objeción a que la Justica señale los incumplimientos de un gobierno y obliguen a revertirlos son las principales banderas de la gestión macrista para justificar sus incumplimientos cuando de salud se trata. Un fallo reciente de la Sala 2 de la Cámara del fuero contencioso dice que la falta de plata no es un argumento válido en estos casos donde hay un derecho tan elemental en juego. El gobierno porteño puso en tela de juicio el fallo de la jueza Petrella que lo conminaba a montar una sala de terapia intensiva pediátrica en el Hospital del Quemado, una falta incomprensible en la era pos Cromañón. Ya hay sentencia firme, pero la sala no está.
“Es insólito que hablen de falta de plata, cuando el año pasado el presupuesto de salud, de 3900 millones de pesos, fue subejecutado en un 17 por ciento”, cuestiona el legislador Selser, quien atribuye el comportamiento a que “han transferido fondos al embellecimiento de la ciudad y a la Policía Metropolitana”
La historia del “hospital” de Lugano retrata la lógica que tiñe a las deudas con la salud en el ámbito porteño. El establecimiento debía crearse porque así lo dijeron primero una ordenanza (en los noventa), luego una ley (en 2005) y también la Justicia (en 2006). Macri lanzó allí su campaña para jefe de Gobierno, se sacó una foto con una nena en medio de un basural y prometió construir el hospital, con capacidad para atender 200 mil personas. Lo que inauguró hace dos años se parece poco a un hospital: es un centrito de salud que ni siquiera tiene guardia y nunca se requirió el presupuesto para una segunda etapa que, a falta de iniciativa, tuvo que ser ordenada por la jueza Liberatori.
Lugano es uno de los barrios más pobres de la ciudad, y tiene el índice más elevado de mortalidad infantil, un indicador que después de cinco años de estar en baja, el gobierno PRO logró que aumentara en un punto por mil durante 2009 en toda la Capital. La legisladora Gabriela Cerruti advirtió que no es un problema de falta de dinero: el gobierno porteño cuenta con recursos proporcionados por la Nación a través del Plan Nacer, pero no los usa, según surge de un informe del Ministerio de Salud Nacional y otro del Banco Mundial.
Con las cifras de mortalidad infantil en carpeta, el cúmulo de fallos incumplidos, los pedidos de destitución contra Lemus y la revelación de este diario de que además de su sueldo de ministro (25 mil pesos) cobra otro como asesor de una mutual (16 mil pesos), la oposición reclama su renuncia. En estos días analiza su interpelación y remoción. En una sesión del 24 de junio, en racconto del panorama hospitalario sumaron a los casos señalados por este diario “la grave situación en el Hospital de Gastroenterología Udaondo y del Rivadavia, y el incumplimiento de los términos de finalización de las obras del Hospital Durand”. A lo que se agrega la muerte reciente de dos bebés por falta de anestesistas en hospitales porteños.
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Los jueces ordenaron obras edilicias, provisión de servicios básicos y nombramiento de personal en, entre otros centros, el Lagleyze, el Quemado, el Alvear, el Borda y el Garrahan. Hubo embargos, multas y hasta pedidos de destitución del ministro de Salud
Por Irina Hauser
Ante la orden judicial de reabrir y reacondicionar el centro oftalmológico Lagleyze, la respuesta del gobierno porteño fue dejarlo sin calefacción, agua caliente e insumos. En vez de nombrar doce enfermeros en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Alvear, propició el cierre del servicio de adolescencia. Cuando una jueza lo conminó a terminar la lavandería del Tobar García, dijo que era mejor mandar la ropa al Moyano, que está cerca y tendría la suya lista en seis meses, o por qué no contratar un “delivery”. De las obras edilicias indicadas para el pabellón central del Borda hace dos años y medio, concretaron el 0,68 por ciento. Aún después de Cromañón y con una sentencia firme, el Hospital del Quemado sigue sin tener terapia intensiva pediátrica. Todo esto es sólo una pequeña muestra de lo que se ha convertido en una práctica recurrente de la administración de Mauricio Macri: incumplir las órdenes judiciales, en especial, aquellas destinadas a mejorar la atención y la salud de los ciudadanos.
El caso de la ambulancia que debía estar en la villa 21-24 y nunca llegó tuvo como consecuencia palpable la muerte de un chico de 14 años baleado al resistirse al robo de sus zapatillas. El trágico desenlace tiene una única explicación: el ministro de Salud porteño Jorge Lemus se resiste a acatar la orden de poner una ambulancia en forma permanente en el centro de salud (Cesac). Pedía seguridad para los médicos, pero rechazaba la custodia de un policía federal. Casi como concesión, ofreció disponer de una ambulancia del Hospital Penna que –prometió– tardaría entre “siete y diez minutos” en llegar. El sistema se estrenó el 19 de abril. El 20 una mujer llamó porque su hija de cinco años tenía una hemorragia genital: “La ambulancia no entra en esa zona”, le dijeron. Un día después, Luis Ponce, el chico tiroteado, se desangró en la calle mientras el barrio reclamaba por teléfono la presencia del SAME, que tardó 45 minutos.
La medida de garantizar una ambulancia era parte de un plan de asistencia a los adictos al paco, que también requería nombrar psicólogos y pediatras. Ni la ambulancia ni los especialistas aparecieron pese a las sucesivas intimaciones. Lemus fue denunciado penalmente y la Cámara de Apelaciones del fuero contencioso confirmó que debe pagar una multa de 500 pesos diarios.
“Todos los gobiernos discuten los fallos. Pero el incumplimiento sistemático es una característica del actual, y en especial del Ministerio de Salud. Antes no vimos nada igual”, le dijo a Página/12 el asesor tutelar Gustavo Moreno, impulsor –entre muchos otros– del expediente de la ambulancia. El legislador Jorge Selser, quien preside la Comisión de la Legislatura, señaló que “el abandono de las obras, que están paralizadas, y el incumplimiento de las demandas no se corresponden con la situación de holgura económica que hay en la Ciudad”.
Las multas o pedidos de destitución son un punto al que los jueces llegan, tras varios intentos, cuando no ven voluntad de nada. Esta semana, como informó Página/12, la jueza Elena Liberatori dictó una tercera medida cautelar con un plazo de cinco días para que el gobierno inicie las obras de calefacción y agua caliente en el centro oftalmológico de Paternal Pedro Lagleyze y se efectivicen 27 nombramientos.
En una de las tantas audiencias judiciales por la situación del Lagleyze, uno de los funcionarios de Salud sinceró el criterio oficial en un cuarto intermedio: no quieren invertir en hospitales que, como éste, atienden un 84 por ciento de pacientes que vienen de otras provincias o países limítrofes. El mismo argumento fue esgrimido, también fuera de micrófono (pero ante varios testigos) frente a la demanda iniciada por la Asociación de Profesionales del Garrahan, que denunció que el gobierno porteño no cumple con el aporte del cincuenta por ciento del financiamiento del hospital que le toca (la otra mitad la aporta la Nación). Liberatori los invitó a saldar la deuda. La respuesta fue el silencio. Entonces trabó un embargo sobre las cuentas porteñas por 14 millones de pesos adeudados de 2009, aprobados por la Legislatura, y que tenían destino fijo: el área de ortopedia y yesos, la construcción de dos quirófanos, el reemplazo de calderas rotas y equipos diversos. El macrismo apeló.
Los niños y los locos
Con los hospitales psiquiátricos parece haber una fijación. Los problemas del Torcuato de Alvear son previos a la llegada de Macri al poder, pero a él le tocó dar las soluciones indicadas por Juan Vicente Cataldo y que una sentencia de Cámara dejó firmes en junio de 2007. Debía resolver la sobrepoblación, la falta de personal, la carencia de plan de evacuación, arreglar la red de gas y hacer refacciones para dar mínimas condiciones de alojamiento dignas. Un informe de la asesoría tutelar dice que en tres años las obras avanzaron sólo un 8 por ciento y que las partidas asignadas no fueron ejecutadas, por lo que finalmente se trabó un embargo por 8,2 millones de pesos. El año pasado, la dirección del hospital reclamó al menos doce enfermeros: en mayo último, sin novedades, tuvieron que cerrar el servicio de adolescencia.
En el Borda, los vidrios rotos en el servicio de admisión y los baños hediondos del helado pabellón para los pacientes duales (adictos y psquiátricos) pintan el más leve retrato de un lugar donde se supone que el que entra debería salir mejor. Como salvedad, los informes judiciales aseguran que la atención médica es buena. Desde mayo de 2008 la Justicia señaló la necesidad urgente de obras edilicias, eléctricas, cloacales, de gas y agua potable, y al menos setenta nombramientos de médicos y enfermeros. Hace un mes la jueza Andrea Danas insistió con una nueva medida cautelar similar, donde también pidió sábanas, muebles y protección contra incendios.
El colmo es la batalla judicial por el Hospital Moyano, que inició Soledad Acuña cuando era legisladora de PRO y presidía la Comisión de Salud. Ahora es subsecretaria de Promoción Social y ya no sigue el expediente. En noviembre de 2007 la jueza Alejandra Petrella le dio un año al gobierno para dotar al psiquiátrico de “condiciones de habitabilidad”. En lugar de asumir el problema que alguna vez le interesó, la gestión macrista apeló el fallo y como la Cámara lo confirmó hizo un planteo de inconstitucionalidad al Superior Tribunal, que lo tiene a estudio.
Promesas al viento
El caso del neuropsiquiátrico Carolina Tobar García es uno de los que llegaron a los términos más duros. A fines de 2008 la jueza Liberatori ordenó una reforma edilicia integral, condiciones de seguridad y nombramiento de profesionales “en un plazo razonable”. El gobierno apeló. En junio de 2009 la Cámara advirtió que “la vulnerabilidad social en la que se encuentran los pacientes del Tobar García no admite más demoras” y que no se puede depender de “los holgados tiempos de la administración”. Condenaba “directamente al jefe de Gobierno”. En abril, el titular de Recursos Físicos, Moisés Aruj, dijo que estaba previsto terminar la segunda etapa de obras, pero no dio un cronograma. La tercera etapa, agregó, entraría en “el plan plurianual 2011/2012” (cuando el PRO ni sabe si seguirá siendo gobierno). Y comentó que el lavadero no se haría porque se podía mandar la ropa al Moyano, que tendría su propia lavandería en seis meses, “o tercerizar tipo delivery”, comentario llamativo teniendo en cuenta que tramita una denuncia por el presunto direccionamiento de una licitación millonaria para el lavado de ropa de hospitales. Liberatori pidió la destitución del ministro Lemus por “mal desempeño” al desatender las “obligaciones a su cargo”.
La “falta de presupuesto” y la objeción a que la Justica señale los incumplimientos de un gobierno y obliguen a revertirlos son las principales banderas de la gestión macrista para justificar sus incumplimientos cuando de salud se trata. Un fallo reciente de la Sala 2 de la Cámara del fuero contencioso dice que la falta de plata no es un argumento válido en estos casos donde hay un derecho tan elemental en juego. El gobierno porteño puso en tela de juicio el fallo de la jueza Petrella que lo conminaba a montar una sala de terapia intensiva pediátrica en el Hospital del Quemado, una falta incomprensible en la era pos Cromañón. Ya hay sentencia firme, pero la sala no está.
“Es insólito que hablen de falta de plata, cuando el año pasado el presupuesto de salud, de 3900 millones de pesos, fue subejecutado en un 17 por ciento”, cuestiona el legislador Selser, quien atribuye el comportamiento a que “han transferido fondos al embellecimiento de la ciudad y a la Policía Metropolitana”
La historia del “hospital” de Lugano retrata la lógica que tiñe a las deudas con la salud en el ámbito porteño. El establecimiento debía crearse porque así lo dijeron primero una ordenanza (en los noventa), luego una ley (en 2005) y también la Justicia (en 2006). Macri lanzó allí su campaña para jefe de Gobierno, se sacó una foto con una nena en medio de un basural y prometió construir el hospital, con capacidad para atender 200 mil personas. Lo que inauguró hace dos años se parece poco a un hospital: es un centrito de salud que ni siquiera tiene guardia y nunca se requirió el presupuesto para una segunda etapa que, a falta de iniciativa, tuvo que ser ordenada por la jueza Liberatori.
Lugano es uno de los barrios más pobres de la ciudad, y tiene el índice más elevado de mortalidad infantil, un indicador que después de cinco años de estar en baja, el gobierno PRO logró que aumentara en un punto por mil durante 2009 en toda la Capital. La legisladora Gabriela Cerruti advirtió que no es un problema de falta de dinero: el gobierno porteño cuenta con recursos proporcionados por la Nación a través del Plan Nacer, pero no los usa, según surge de un informe del Ministerio de Salud Nacional y otro del Banco Mundial.
Con las cifras de mortalidad infantil en carpeta, el cúmulo de fallos incumplidos, los pedidos de destitución contra Lemus y la revelación de este diario de que además de su sueldo de ministro (25 mil pesos) cobra otro como asesor de una mutual (16 mil pesos), la oposición reclama su renuncia. En estos días analiza su interpelación y remoción. En una sesión del 24 de junio, en racconto del panorama hospitalario sumaron a los casos señalados por este diario “la grave situación en el Hospital de Gastroenterología Udaondo y del Rivadavia, y el incumplimiento de los términos de finalización de las obras del Hospital Durand”. A lo que se agrega la muerte reciente de dos bebés por falta de anestesistas en hospitales porteños.
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