Sin viviendas, el desalojo es ilegal

Diario El Tiempo Argentino 13/02/2011
En 2008 la corte suprema ordenó la relocalización de sus habitantes, no la entrega de subsidios
Sirga: sin vivienda el desalojo es ilegal

Por Claudio Mardones
Mañana vence el plazo impuesto por el juez federal Luis Armella para que el gobierno porteño desaloje la costa del Riachuelo. No será posible: hay 1400 familias que deben recibir viviendas y la comuna sólo entregó algunos subsidios.

A los dos lados del Riachuelo hay miles de familias pobres que viven una cuenta regresiva que parece interminable. En los papeles del juez federal de Quilmes Luis Armella, esa espera terminará mañana, cuando venza el plazo para que el gobierno porteño desaloje a todos los habitantes porteños del camino de sirga, es decir, de los 35 metros de la ribera que son públicos. Si el jefe de gobierno Mauricio Macri no cumple con la orden federal, podría recibir una multa económica diaria. Pero ese dato no forma parte de las preocupaciones que quitan el sueño a las 1400 familias que viven en el costado porteño del Riachuelo. Especialmente porque no tienen donde ir.
“Si en este momento avanza cualquier tipo de desalojo, no hay viviendas disponibles para toda los habitantes de la sirga.” La advertencia pertenece al asesor tutelar de Cámara del Poder Judicial de la Ciudad, Gustavo Moreno. El funcionario recordó que realizar el desalojo masivo sin un destino definitivo, viola el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó sanear el Riachuelo en 2008. “El fallo dice claramente que hay que relocalizar a los habitantes de la sirga y esa orden no se soluciona con desalojos sin destino”, aclaró el abogado. De acuerdo a los relevamientos realizados por el Ministerio Público Tutelar, “hay 3000 menores de 18 viviendo al costado del Riachuelo”. Ese universo de niños y adolescentes está repartido en todos los asentamientos que hay en la ribera del cauce más contaminado de la Argentina. Se trata de las 70 familias del asentamiento “El Pueblito”, ubicado entre Barracas y la 1-11-14 del Bajo Flores, otras 70 que integran el asentamiento “Luján”, las 220 que forman parte de la Villa 26 y las casi 1000 familias de vecinos de la villa 21-24, que habitan en la curiosa curva del Riachuelo que parece una bahía. Todos ellos se mantienen en estado de asamblea desde el 12 y 13 de enero, cuando fueron desalojados tres grupos de adultos, dos familias, una mujer sola con discapacidad, una nena de seis años y un bebé de seis meses. La medida fue impulsada por el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, Diego Santilli. Sus funcionarios no ofrecieron viviendas, sino un manojo de subsidios. Los operativos sembraron pánico en la zona, pero la situación se disipó el martes pasado, cuando el presidente del Instituto de la Vivienda, Omar Abboud, llegó a la villa y anunció un plan de viviendas. Su implementación llevará un año. La noticia calmó a los vecinos, pero crispó a las empresas y funcionarios interesados en el saneamiento de la cuenca. Un negocio de 900 millones de pesos. “Están todos más interesados en sanear que en entregar vivienda, pero eso no se ajusta al fallo, es ilegal”, advirtió Moreno.