Por Francisco Yofre
fyofre@miradasalsur.com
Ya llegaron, saquen las CPU y hagan las copias de seguridad ya. Vamos, rápido.” La orden atronó el jueves a la mañana en el quinto piso del Edificio del Plata ubicado en Carlos Pellegrini 291. Fue dada por una de las pocas empleadas de la Ucep que estaban presentes al momento del allanamiento que ordenó el juez Roberto Gallardo. Varias PC fueron movidas a otras oficinas y algunos back up lograron salir del edificio. Así lo confió a Miradas al Sur un testigo que estaba en el momento del ingreso de los funcionarios y que conoce la intimidad del escuadrón macrista.
La medida judicial fue una de las tres iniciativas requeridas al magistrado por el Asesor Tutelar de Menores de la Ciudad, Gustavo Moreno, que interviene en el marco de la investigación que se sigue por la agresión sufrida por Carla Baptista, la embarazada atacada en Pasco al 1300 el pasado 1º de octubre. Las otras dos medidas solicitadas, y a las que el juez Gallardo dio su visto bueno, son el otorgamiento de un subsidio a la agredida en esa oportunidad, y la estricta obligación de informar a alguna autoridad judicial cada vez que la Ucep inicie sus operativos.
Miradas al Sur accedió a información originada en esas copias de seguridad hechas de apuro. Los datos que se pretendieron esconder a la Justicia desnudan modos y detalles del accionar del grupo de choque. Una de los claves más reveladoras es la aceitada relación que existe entre el escuadrón y la jefatura de Gabinete de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta. Así, en una comunicación interna, se detalla lo siguiente: “soy el encargado de hacer el seguimiento de los reclamos que llegan desde jefatura de Gabinete. Me comentó Florencia Campo que cuando haya reclamos para su área se los pase a este correo. Los de HRL (la sigla corresponde a las iniciales de Horacio Rodríguez Larreta) tienen prioridad número 1”. Esta comunicación partió de un alto miembro de la Dirección Atención Ciudadana que depende del jefe de Gabinete autor, el 12 de enero de este año, de una frase que parece una confesión: “Despacito, en silencio, se van haciendo los desalojos”.
Un grupo veloz y eficiente. Los informes revelan la relación de Rodriguez Larreta con el director de la Ucep, el ingeniero Jorge Polini, ambos integrantes del espacio político llamado Grupo Sophia.
“El horario fue dispuesto para aprovechar el momento en que los puestos no tienen clientes y que habitualmente se disponen a cerrar sus puertas. El timing fue llegar de improviso y confeccionar la actas correspondientes y proceder al retiro de los puestos en el menor tiempo posible.” Este párrafo de tono castrense aparece en el llamado Informe Operativo Costanera Sur 17-09-2009, uno de los ataques más conocidos del grupo contra los puestos de choripanes ubicados a metros de la Reserva Ecológica. Pero además, del documento interno se desprende que la Ucep no anda errante por la noche buscando indigentes sino que van con un “dato”. Según la información que allí consta, se desprende que buena parte de la localización de los sin techo es proporcionada por la Dirección General de Atención Ciudadana, que depende de Guadalupe Rossi y está bajo la órbita de Rodríguez Larreta. Allí se acumulan denuncias hechas por vecinos de manera particular, y de las que son giradas por diversos CGP de la ciudad. Otra vertiente de datos es generada por los asistentes sociales de la ciudad.
La lógica represiva del grupo se refleja en el lenguaje empleado. Así, en otro informe interno se califican a varios desalojos con el nombre de “grandes hitos”. Allí figuran el desalojo del 22 de febrero de 2008 a los cartoneros que estaban a metros de la estación Barrancas de Belgrano, el debut mediático de la Ucep o el operativo de Paseo Colón al 1500. En ese informe, que data de julio de 2009, un anexo señala que la Ucep cuenta “con un porcentaje del 80 por ciento de eficiencia en recuperación del Espacio Público. El 20 por ciento restante de los casos responde a un trabajo conjunto con B.A.P. (Buenos Aires Presente)”.
Así, mapas donde están señalizados los puntos de la ciudad a desalojar y varios pedidos de mayor presupuesto a las autoridades superiores componen algunos de los documentos internos ocultados a la justicia. Hay un detalle final: prácticamente el 100 por ciento de los operativos son contra indigentes.
El Argentino
martes, 27 de abril de 2010
Dr. Moreno 1 - Shopping Dot 0
ASESORIA TUTELAR 1 DR GUSTAVO DANIEL MORENO CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)” , EXPTE: EXP 31225 / 0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.-jmb
A la presentación de fs. 831:
Por recibidos.
Téngase presente las manifestaciones vertidad por el Sr. Asesor Tutelar.
A la presentación de fs. 832/833:
Téngase presentes las precisiones formuladas en la presentación en despacho.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. A fs. 798 se dispone intimar a las codemandadas Centro Comercial Panamericano S.A., Inmobiliaria Sudamericana de Desarrollo Urbanístico S.A., Panamerican Mall S.A. y al GCBA a que en el término de diez días corridos cumplan con las tareas promenorizadamente especificadas respecto de la Escuela Infantil y del Centro de Salud.
II. Conforme surge de las cédulas glosadas a fs. 811/813, dichas partes fueron debidamente notificadas en fecha 30-11-2009.
III. A fs. 810 se provee la presentación efectuada por la codemandada Panamerican Mall S.A. y se rechaza la apelación interpuesta contra el auto de fs. 798 por parte del GCBA.
En dicha providencia se hace saber que por Secretaría se procederá a solicitar precisiones al Sr. Norberto Vidal, arquitecto interventor informante a fin de poner en conocimiento el resultado a Panamerican Mall S.A., tal como fuera solicitado (v. fs. 801). Tal extremo se encuentra cumplido conforme surge del auto de fs. 815 y de la cédula notificada en fecha 11-12-2009.
IV. A fs. 820/822 el arquitecto interventor informante designado en autos presenta el informe periódico encomendado en función del relevamiento practicado el día 15-12-2009, en compañía del arquitecto Eduardo Rodríguez Caivano.
V. En virtud de dicho informe y de la presentación efectuada por la Red Interinstitucional Saveedra-Mitre a fs. 817/819, el Sr. Asesor Tutelar contesta la vista conferida a fs. 815 ap. III con el dictamen obrante a fs. 825/827 en el que destaca el incumplimiento e inboservancia por parte de las codemandadas de las medidas intimadas a fs. 798.
Por el mismo precisa que de las 14 intimaciones ordenadas a fs. 798 sólo se encuentra cumplida una de ellas, que otra registra cumplimiento parcial y que las doce restantes se encuentran incumplidas.
Con atinado criterio menciona que, un Centro de Salud y una Escuela Infantil que carezcan de instalaciones de gas y de condiciones de infraestructura y de seguridad adecuadas convierten a las construcciones efectuadas en “cajas vacías de contenido”. En atención al apercibimiento contenido en el auto de fs. 798 sugiere la imposición de una multa diaria en cabeza de las codemandadas hasta tanto se verifique el total cumplimiento de las mandas ordenadas descontándose las sumas devengadas del importe depositado oportunamente a la orden del juzgado en concepto de caución real (v. fs. 258). Para el caso de hacerse efectivo el mismo, solicita que el monto del apercibimiento sea destinado a la Vicaria Episcopal de Villas de la Ciudad de Buenos Aires, por tratarse la misma de una institución que realiza una concreta actividad de restablecimiento de derechos de la población infantil en extrema situación de vulnerabilidad.
A fs. 829 se corre nueva vista al Sr. Asesor Tutelar solicitando se propongan dos destinos adicionales a los cuales dirigir los fondos en caso de hacerse efectiva la multa. Dicho traslado es contestado a fs. 831.
VI. Ahora bien, con el informe del arquitecto Norberto Vidal de fs. 820/822, el dictamen del Asesor Tutelar de fs. 825/827, la presentación de PANAMERICAN MALL S.A. de fs. 832/833 y demás constancias de autos se verifican los siguientes incumplimientos a las intimaciones ordenadas a fs. 798 –detalladas conforme la enumeración y orden dado en dicha providencia-:
Tareas a cargo de las codemandadas Centro Comercial Panamericano S.A., Inmobiliaria Sudamericana de Desarrollo Urbanístico S.A. y Panamerican Mall S.A. respecto de la Escuela Infantil:
1.b. colocar una reja de cierre en el fondo del patio lateral que se vincula a las aulas para que no se tenga acceso al patio del fondo de la cocina. Ello, en virtud de la indefinición de los límites de la escuela, dado que su patio de juegos limita con un territorio de uso público (plaza), como también lo hace el resto de las contrucciones.
1.c. colocar protecciones en los vidrios del frente de la escuela
1.d. colocar una división en el hall de acceso para que no haya cruce entre la gente que concurre al Centro de Salud y la que concurre al Jardín Maternal
1.g. colocar al menos un aparato tefefónico básico (sin perjuicio de haberse provisto de un artefacto de teléfono; la intalación pertinente no cuenta con el correspondiente cableado)
1.h. adecuar la altura de los lavatorios de la escuela
1.i. instalar cambiadores
1.j. revestir los pisos de zócalos mediante goma de alto tránsito
Tareas a cargo del GCBA respecto del Centro de Salud:
2.2.a. proveer el equipamiento necesario a los efectos de la mudanza al mismo consistente en una heladera, una balanza, una estufa de esterilización y dos electrocardiógrafos
2.2.b. proveer vigilancia durante las 24 horas
Tareas a cargo del GCBA respecto del Centro de Salud y de la Escuela Infantil:
2.3.a. aprobar los planos conforme a obra de arquitectura
2.3.b. aprobar los planos de instalación eléctrica
2.3.c. aprobar los planos de instalación de obras sanitarias
2.3.d. aprobar los planos de instalación de gas
2.3.e. aprobar los planos contra incendio
Tareas conjuntas a cargo del GCBA y de las codemandadas Centro Comercial Panamericano S.A. e Inmobiliaria Sudamericana de Desarrollo Urbanístico S.A. y Panamerican Mall S.A.: conexión de gas en ambos establecimientos (sin perjuicio de las manifestaciones vertidas a fs. 832/833 por PANAMERICAN MALL S.A. respecto de la “solicitud y contrato de suministro”)
VII. Por todo lo expuesto, en atención a los incumplimientos detallados ut supra, estado de autos y toda vez que se encuentra ampliamente vencido el plazo dispuesto a fs. 798 (v. fs. 811/813),
RESUELVO: Hacer efectivo el apercibimiento intimado imponiéndose una multa diaria de U$S 6.000.- (dólares seis mil) a debitar de las sumas depositadas como caución en autos, a favor de la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez, de la Cooperadora Hospital Pedro de Elizalde y de la Cooperadora Hospital Garrahan, por tercios, hasta tanto se complete total y definitivamente la obra según las especificaciones del informe de fs. 820/822, previa verificación de dicho extremo por el Sr. Arquitecto Interventor Informante designado en autos.
Las liquidaciones serán de oficio, por Secretaría en forma parcial una vez por semana en su último día hábil. Aceptadas que sean las sumas por las entidades beneficiaria se librarán los giros por Secretaría y se notificará dicho extremo al Ministerio Público y a las codemandadas.
ORDENAR se practique la notificación de la presente medida por Secretaría con habilitación de días y horas inhábiles y con carácter de urgente al GCBA, a las codemandadas Centro Comercial Panamericano S.A. e Inmobiliaria Sudamericana de Desarrollo Urbanístico S.A., Panamerican Mall S.A. y al Asesor Tutelar, en su público despacho.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.-jmb
A la presentación de fs. 831:
Por recibidos.
Téngase presente las manifestaciones vertidad por el Sr. Asesor Tutelar.
A la presentación de fs. 832/833:
Téngase presentes las precisiones formuladas en la presentación en despacho.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. A fs. 798 se dispone intimar a las codemandadas Centro Comercial Panamericano S.A., Inmobiliaria Sudamericana de Desarrollo Urbanístico S.A., Panamerican Mall S.A. y al GCBA a que en el término de diez días corridos cumplan con las tareas promenorizadamente especificadas respecto de la Escuela Infantil y del Centro de Salud.
II. Conforme surge de las cédulas glosadas a fs. 811/813, dichas partes fueron debidamente notificadas en fecha 30-11-2009.
III. A fs. 810 se provee la presentación efectuada por la codemandada Panamerican Mall S.A. y se rechaza la apelación interpuesta contra el auto de fs. 798 por parte del GCBA.
En dicha providencia se hace saber que por Secretaría se procederá a solicitar precisiones al Sr. Norberto Vidal, arquitecto interventor informante a fin de poner en conocimiento el resultado a Panamerican Mall S.A., tal como fuera solicitado (v. fs. 801). Tal extremo se encuentra cumplido conforme surge del auto de fs. 815 y de la cédula notificada en fecha 11-12-2009.
IV. A fs. 820/822 el arquitecto interventor informante designado en autos presenta el informe periódico encomendado en función del relevamiento practicado el día 15-12-2009, en compañía del arquitecto Eduardo Rodríguez Caivano.
V. En virtud de dicho informe y de la presentación efectuada por la Red Interinstitucional Saveedra-Mitre a fs. 817/819, el Sr. Asesor Tutelar contesta la vista conferida a fs. 815 ap. III con el dictamen obrante a fs. 825/827 en el que destaca el incumplimiento e inboservancia por parte de las codemandadas de las medidas intimadas a fs. 798.
Por el mismo precisa que de las 14 intimaciones ordenadas a fs. 798 sólo se encuentra cumplida una de ellas, que otra registra cumplimiento parcial y que las doce restantes se encuentran incumplidas.
Con atinado criterio menciona que, un Centro de Salud y una Escuela Infantil que carezcan de instalaciones de gas y de condiciones de infraestructura y de seguridad adecuadas convierten a las construcciones efectuadas en “cajas vacías de contenido”. En atención al apercibimiento contenido en el auto de fs. 798 sugiere la imposición de una multa diaria en cabeza de las codemandadas hasta tanto se verifique el total cumplimiento de las mandas ordenadas descontándose las sumas devengadas del importe depositado oportunamente a la orden del juzgado en concepto de caución real (v. fs. 258). Para el caso de hacerse efectivo el mismo, solicita que el monto del apercibimiento sea destinado a la Vicaria Episcopal de Villas de la Ciudad de Buenos Aires, por tratarse la misma de una institución que realiza una concreta actividad de restablecimiento de derechos de la población infantil en extrema situación de vulnerabilidad.
A fs. 829 se corre nueva vista al Sr. Asesor Tutelar solicitando se propongan dos destinos adicionales a los cuales dirigir los fondos en caso de hacerse efectiva la multa. Dicho traslado es contestado a fs. 831.
VI. Ahora bien, con el informe del arquitecto Norberto Vidal de fs. 820/822, el dictamen del Asesor Tutelar de fs. 825/827, la presentación de PANAMERICAN MALL S.A. de fs. 832/833 y demás constancias de autos se verifican los siguientes incumplimientos a las intimaciones ordenadas a fs. 798 –detalladas conforme la enumeración y orden dado en dicha providencia-:
Tareas a cargo de las codemandadas Centro Comercial Panamericano S.A., Inmobiliaria Sudamericana de Desarrollo Urbanístico S.A. y Panamerican Mall S.A. respecto de la Escuela Infantil:
1.b. colocar una reja de cierre en el fondo del patio lateral que se vincula a las aulas para que no se tenga acceso al patio del fondo de la cocina. Ello, en virtud de la indefinición de los límites de la escuela, dado que su patio de juegos limita con un territorio de uso público (plaza), como también lo hace el resto de las contrucciones.
1.c. colocar protecciones en los vidrios del frente de la escuela
1.d. colocar una división en el hall de acceso para que no haya cruce entre la gente que concurre al Centro de Salud y la que concurre al Jardín Maternal
1.g. colocar al menos un aparato tefefónico básico (sin perjuicio de haberse provisto de un artefacto de teléfono; la intalación pertinente no cuenta con el correspondiente cableado)
1.h. adecuar la altura de los lavatorios de la escuela
1.i. instalar cambiadores
1.j. revestir los pisos de zócalos mediante goma de alto tránsito
Tareas a cargo del GCBA respecto del Centro de Salud:
2.2.a. proveer el equipamiento necesario a los efectos de la mudanza al mismo consistente en una heladera, una balanza, una estufa de esterilización y dos electrocardiógrafos
2.2.b. proveer vigilancia durante las 24 horas
Tareas a cargo del GCBA respecto del Centro de Salud y de la Escuela Infantil:
2.3.a. aprobar los planos conforme a obra de arquitectura
2.3.b. aprobar los planos de instalación eléctrica
2.3.c. aprobar los planos de instalación de obras sanitarias
2.3.d. aprobar los planos de instalación de gas
2.3.e. aprobar los planos contra incendio
Tareas conjuntas a cargo del GCBA y de las codemandadas Centro Comercial Panamericano S.A. e Inmobiliaria Sudamericana de Desarrollo Urbanístico S.A. y Panamerican Mall S.A.: conexión de gas en ambos establecimientos (sin perjuicio de las manifestaciones vertidas a fs. 832/833 por PANAMERICAN MALL S.A. respecto de la “solicitud y contrato de suministro”)
VII. Por todo lo expuesto, en atención a los incumplimientos detallados ut supra, estado de autos y toda vez que se encuentra ampliamente vencido el plazo dispuesto a fs. 798 (v. fs. 811/813),
RESUELVO: Hacer efectivo el apercibimiento intimado imponiéndose una multa diaria de U$S 6.000.- (dólares seis mil) a debitar de las sumas depositadas como caución en autos, a favor de la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez, de la Cooperadora Hospital Pedro de Elizalde y de la Cooperadora Hospital Garrahan, por tercios, hasta tanto se complete total y definitivamente la obra según las especificaciones del informe de fs. 820/822, previa verificación de dicho extremo por el Sr. Arquitecto Interventor Informante designado en autos.
Las liquidaciones serán de oficio, por Secretaría en forma parcial una vez por semana en su último día hábil. Aceptadas que sean las sumas por las entidades beneficiaria se librarán los giros por Secretaría y se notificará dicho extremo al Ministerio Público y a las codemandadas.
ORDENAR se practique la notificación de la presente medida por Secretaría con habilitación de días y horas inhábiles y con carácter de urgente al GCBA, a las codemandadas Centro Comercial Panamericano S.A. e Inmobiliaria Sudamericana de Desarrollo Urbanístico S.A., Panamerican Mall S.A. y al Asesor Tutelar, en su público despacho.
Moreno 1 -Fachos 0
COMUNICADO DE LAS ONG´s EXPRESANDO SU SATISFACCION POR LA MEDIDA CAUTELAR ORDENADA POR EL JUEZ LIMA, RESTABLECIENDO LAS FACULTADES DEL ASESOR TUTELAR DE LA CIUDAD DR. GUSTAVO MORENO
Las organizaciones firmantes expresamos nuestra satisfacción y apoyamos la Resolución adoptada por el titular del Juzgado en lo Contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Nº 11, en el sentido que precautoriamente suspende las Resoluciones Nº 71 y 72 dictadas por Asesor Tutelar General de la Ciudad Dr. Roberto Cabiche.
La resoluciones suspendidas fueron severamente cuestionadas toda vez que restringían significativamente las funciones del Asesor Tutelar de primera y segunda instancia. Se debe tener en cuenta que el papel de la asesoría es la defensa de las niñas, niños y adolescentes de la ciudad en un fuero en dónde se discuten, entre otras cuestiones, las vinculados a políticas públicas y derechos sociales.
Entre las facultades cercenadas al funcionario judicial se encuentran: las obligatoriedad de elevar en consulta los expedientes dónde tramitan acciones colectivas y amparos y hasta de simples oficios dirigidos a autoridades públicas. También restringe los contactos institucionales con otras organizaciones, transformando el cargo de Asesor Tutelar que había concursado el cargo, en un empleado. Esta decisión adoptada por el Asesor Tutelar General mereció nuestro mas fuerte repudio tal como lo expresamos en las dos declaraciones públicas anteriores.
Allí habíamos sostenido que las resoluciones 71/03 y 72/03 afectaban la autonomía funcional que es un aspecto de la independencia judicial interna, protegida por la Constitución de la Ciudad y de la Nación. Este es un principio indispensable para desempeñar la función del Ministerio Público en un Estado democrático. Esta afectación se torna mas grave aún toda vez que limita la defensa de los derechos colectivos e intereses difusos, inhibiendo el importante papel que cumple el Ministerio Público de protección a la población frente a la violación de derechos por parte de las autoridades.
Un sistema democrático requiere para su sostenimiento no solo el ejercicio de derechos políticos, sino el pleno funcionamiento de una Poder Judicial dotado de independencia interna y externa. El recorte de funciones y competencias del Asesor Tutelar privaba a los habitantes de la ciudad y al propio gobierno local de una valiosa herramienta de control ciudadano sobre los poderes públicos.
Por otra parte, el recorte de facultades intentado por las resoluciones cuestionadas, se presentó como un castigo a la laboriosa e impecable labor del único Asesor Tutelar concursado Dr. Gustavo Moreno, en los casos vinculados a la emergencia habitacional, derecho a la alimentación, acceso a los medicamentos y acceso a la educación. Lejos de judicializar la pobreza han sido un valiosos instrumento de defensa de los derechos de los más débiles frente a su violación por parte del Gobierno local.
La medida cautelar dictada por el juez Fernando Lima, restituye las plenas facultades del Asesor tutela Dr. Gustavo Moreno constituyendo un importante avance en materia de protección a la independencia judicial. De esta manera se podrá seguir contribuyendo al fortalecimiento de un Poder Judicial más independiente y democrático, dónde los derechos sociales sean considerados como derechos y no como simples promesas.
Villa 20
El juez Gallardo junto al asesor Tutelar de Menores, Gustavo Moreno, tuvieron que visitar por segunda vez el cementerio de autos de Villa Lugano para que finalmente Policía Federal acate la sentencia por la compactación de los vehículos.
01.09.2009 18:24:00
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El juez Andrés Gallardo junto al asesor Tutelar de Menores, Gustavo Moreno, tuvieron que visitar por segunda vez el cementerio de autos de Villa Lugano para que finalmente Policía Federal acate la sentencia por la compactación de los vehículos.
"Que bueno ver en estos momentos la grúa levantar un auto y, por otro lado, ver como lo compactan", expresó al sitio Noticias Urbanas Moreno, quien reconoció que el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, "cumplió con lo ordenado por la justicia".
Los funcionarios de la justicia local, respaldados por los vecinos de la Villa 20, llegaron a las 11.30 horas de este martes a la avenida Cruz y Escalada. Fueron decididos a hacer cumplir la sentencia pese a la oposición que hasta ese momento mantenía el Gobierno Nacional en respaldo de la Policía Federal, que lidera Néstor Valleca.
Luego de una conversación entre el juez y los oficiales a cargo, para sorpresa de los propios impulsores de la compactación, se permitió el ingreso de los camiones del Gobierno de la Ciudad.
"383 autos son del gobierno porteño, 165 tienen permiso de los jueces penales, y los que no se compacten serán trasladados al terreno que la Ciudad aportó a la Federal", informó a este medio el funcionario judicial.
En el marco de la causa, el subprocurador del Tesoro Nacional, Adolfo Screensize, había ratificado la oposición de la Policía Federal de impedir al Gobierno porteño la compactación de los automóviles como ordenó el juez Gallardo hace dos semanas.
En el expediente por el mayor cementerio de autos a cielo abierto, además, figura que el director de asuntos jurídicos de la Federal acepta la compactación de autos "que sean de Ciudad" y que por el resto solo acatará la decisión de jueces nacionales.
Hoy había cuatro camiones del Gobierno porteño más una topadora trajando.
Los vecinos de la Villa 20 al ver avanzar el proceder judicial optó por retirarse con tranquilidad "y ahora esperar que se continúen trabajando. Porque estos terrenos están destinados a la construcción de viviendas. Eso lo logramos a través de una ley por la que tanto luchamos y que debe convertir este basural en calles pavimentadas, con servicios básicos y viviendas", manifestó Diosnel Perez, referente de los vecinos de la villa que salieron en defensa de la medida judicial.
Los terrenos de Lugano (exactamente en Escalada y avenida Cruz) pertenecen a la Ciudad pero fueron traspasados a la Policía Federal en el año 1981. Desde entonces controla la Federal y es custodiada por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Varias garitas de la fundación están apostadas alrededor del predio a raíz de un convenio con Nación por la que se comprometieron a construir viviendas.
En la primera visita del juez Gallardo y el asesor Tutelar Moreno, el ministro Montenegro confirmó que cumpliría con la compactación. Al otro día, los funcionarios fueron rechazados por la policía federal. Por ello se vuelve a producir la visita judicial para aplicar la sentencia de un amparo que lleva años en trámite y que ya ha contado con tres sentencias en el mismo sentido, pero nunca antes fueron posibles de aplicar
Las organizaciones firmantes expresamos nuestra satisfacción y apoyamos la Resolución adoptada por el titular del Juzgado en lo Contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Nº 11, en el sentido que precautoriamente suspende las Resoluciones Nº 71 y 72 dictadas por Asesor Tutelar General de la Ciudad Dr. Roberto Cabiche.
La resoluciones suspendidas fueron severamente cuestionadas toda vez que restringían significativamente las funciones del Asesor Tutelar de primera y segunda instancia. Se debe tener en cuenta que el papel de la asesoría es la defensa de las niñas, niños y adolescentes de la ciudad en un fuero en dónde se discuten, entre otras cuestiones, las vinculados a políticas públicas y derechos sociales.
Entre las facultades cercenadas al funcionario judicial se encuentran: las obligatoriedad de elevar en consulta los expedientes dónde tramitan acciones colectivas y amparos y hasta de simples oficios dirigidos a autoridades públicas. También restringe los contactos institucionales con otras organizaciones, transformando el cargo de Asesor Tutelar que había concursado el cargo, en un empleado. Esta decisión adoptada por el Asesor Tutelar General mereció nuestro mas fuerte repudio tal como lo expresamos en las dos declaraciones públicas anteriores.
Allí habíamos sostenido que las resoluciones 71/03 y 72/03 afectaban la autonomía funcional que es un aspecto de la independencia judicial interna, protegida por la Constitución de la Ciudad y de la Nación. Este es un principio indispensable para desempeñar la función del Ministerio Público en un Estado democrático. Esta afectación se torna mas grave aún toda vez que limita la defensa de los derechos colectivos e intereses difusos, inhibiendo el importante papel que cumple el Ministerio Público de protección a la población frente a la violación de derechos por parte de las autoridades.
Un sistema democrático requiere para su sostenimiento no solo el ejercicio de derechos políticos, sino el pleno funcionamiento de una Poder Judicial dotado de independencia interna y externa. El recorte de funciones y competencias del Asesor Tutelar privaba a los habitantes de la ciudad y al propio gobierno local de una valiosa herramienta de control ciudadano sobre los poderes públicos.
Por otra parte, el recorte de facultades intentado por las resoluciones cuestionadas, se presentó como un castigo a la laboriosa e impecable labor del único Asesor Tutelar concursado Dr. Gustavo Moreno, en los casos vinculados a la emergencia habitacional, derecho a la alimentación, acceso a los medicamentos y acceso a la educación. Lejos de judicializar la pobreza han sido un valiosos instrumento de defensa de los derechos de los más débiles frente a su violación por parte del Gobierno local.
La medida cautelar dictada por el juez Fernando Lima, restituye las plenas facultades del Asesor tutela Dr. Gustavo Moreno constituyendo un importante avance en materia de protección a la independencia judicial. De esta manera se podrá seguir contribuyendo al fortalecimiento de un Poder Judicial más independiente y democrático, dónde los derechos sociales sean considerados como derechos y no como simples promesas.
Villa 20
El juez Gallardo junto al asesor Tutelar de Menores, Gustavo Moreno, tuvieron que visitar por segunda vez el cementerio de autos de Villa Lugano para que finalmente Policía Federal acate la sentencia por la compactación de los vehículos.
01.09.2009 18:24:00
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El juez Andrés Gallardo junto al asesor Tutelar de Menores, Gustavo Moreno, tuvieron que visitar por segunda vez el cementerio de autos de Villa Lugano para que finalmente Policía Federal acate la sentencia por la compactación de los vehículos.
"Que bueno ver en estos momentos la grúa levantar un auto y, por otro lado, ver como lo compactan", expresó al sitio Noticias Urbanas Moreno, quien reconoció que el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, "cumplió con lo ordenado por la justicia".
Los funcionarios de la justicia local, respaldados por los vecinos de la Villa 20, llegaron a las 11.30 horas de este martes a la avenida Cruz y Escalada. Fueron decididos a hacer cumplir la sentencia pese a la oposición que hasta ese momento mantenía el Gobierno Nacional en respaldo de la Policía Federal, que lidera Néstor Valleca.
Luego de una conversación entre el juez y los oficiales a cargo, para sorpresa de los propios impulsores de la compactación, se permitió el ingreso de los camiones del Gobierno de la Ciudad.
"383 autos son del gobierno porteño, 165 tienen permiso de los jueces penales, y los que no se compacten serán trasladados al terreno que la Ciudad aportó a la Federal", informó a este medio el funcionario judicial.
En el marco de la causa, el subprocurador del Tesoro Nacional, Adolfo Screensize, había ratificado la oposición de la Policía Federal de impedir al Gobierno porteño la compactación de los automóviles como ordenó el juez Gallardo hace dos semanas.
En el expediente por el mayor cementerio de autos a cielo abierto, además, figura que el director de asuntos jurídicos de la Federal acepta la compactación de autos "que sean de Ciudad" y que por el resto solo acatará la decisión de jueces nacionales.
Hoy había cuatro camiones del Gobierno porteño más una topadora trajando.
Los vecinos de la Villa 20 al ver avanzar el proceder judicial optó por retirarse con tranquilidad "y ahora esperar que se continúen trabajando. Porque estos terrenos están destinados a la construcción de viviendas. Eso lo logramos a través de una ley por la que tanto luchamos y que debe convertir este basural en calles pavimentadas, con servicios básicos y viviendas", manifestó Diosnel Perez, referente de los vecinos de la villa que salieron en defensa de la medida judicial.
Los terrenos de Lugano (exactamente en Escalada y avenida Cruz) pertenecen a la Ciudad pero fueron traspasados a la Policía Federal en el año 1981. Desde entonces controla la Federal y es custodiada por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Varias garitas de la fundación están apostadas alrededor del predio a raíz de un convenio con Nación por la que se comprometieron a construir viviendas.
En la primera visita del juez Gallardo y el asesor Tutelar Moreno, el ministro Montenegro confirmó que cumpliría con la compactación. Al otro día, los funcionarios fueron rechazados por la policía federal. Por ello se vuelve a producir la visita judicial para aplicar la sentencia de un amparo que lleva años en trámite y que ya ha contado con tres sentencias en el mismo sentido, pero nunca antes fueron posibles de aplicar
Gallardo, Moreno y el Padre Pepe
EL JUEZ GALLARDO, LA C.A.B.A Y
EL PACO EN LA VILLA 21-24…
El defensor presentó un amparo al ver a una gran cantidad de
chicos adictos en situación de pasillo.
Este miércoles el gobierno de Mauricio Macri le entregará a la
Justicia porteña un plan integral de trabajo y un protocolo de
internación y tratamiento para todos los menores con problemas de
adicción al paco en el sector más crítico de la Villa 21-24 del barrio
de Barracas, considerada uno de los barrios con mayor tráfico de
drogas sin control policial. El documento será entregado en
cumplimiento de un acuerdo judicial firmado el 27 de mayo entre el
titular del segundo juzgado contencioso, administrativo y tributario y
administrativo Roberto Andrés Gallardo y cinco funcionarios
porteños, entre ellos la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia
Vidal. Durante la audiencia del caso, el padre José María Di Paola,
párroco de la Iglesia Caacupé y coordinador del Equipo de
Sacerdotes para las Villas de Emergencia, expuso un demoledor
panorama de la adicción en el barrio y confirmó que, a pesar de los
esfuerzos, la situación “había empeorado mucho”. Luego de la
exposición, todos los presentes firmaron un acuerdo que fijó un
plazo de diez días hábiles para que la comuna entregue “un plan
judicialmente auditable”. El plazo vence mañana y se trata del
primer acuerdo sobre paco entre Gallardo y una administración
municipal que hace diez meses lo recusó en forma masiva. El plan
es la primera medida respecto de un grupo reducido de casos, pero
la comuna lo considera “un modelo de intervención testigo que, en
caso de ser aprobado por el juez, será aplicado en el resto de los
barrios”.
HALCONES Y PALOMAS. La iniciativa que tendrá Gallardo en sus
manos fue confirmada por fuentes del gobierno. Diez días después
de que este diario revelara la existencia de 600 chicos adictos “en
situación de pasillo” repartidos en todas las villas porteñas, la
Procuración General de la Ciudad apeló ante el Tribunal Superior
de Justicia el fallo de la jueza Andrea Danas que lo obligaba a
“garantizar el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes
de la ciudad con adicción a la pasta base de cocaína (paco), en un
plazo de 90 días”. Casi en la misma fecha que se firmó el acuerdo
que se cumplirá mañana, el procurador Pablo Tonelli dio la orden de
continuar las apelaciones ante la última instancia judicial porteña,
una polémica decisión que desató una tormenta de
cuestionamientos en el interior del gobierno PRO y que terminó en
diferencias entre funcionarios de Desarrollo Social y la oficina de
Tonelli. Para los técnicos de la cartera social, “hay que cumplir con
la orden de la jueza”, mientras que el jefe de los abogados del
estado sostiene que “el Poder Judicial no puede suplantar las
medidas que debe realizar un gobierno que fue votado para eso”. Si
el acuerdo de Barracas se cumple, nadie sabe qué dirá la Corte
porteña sobre el caso general, aunque para la mayoría de los
funcionarios judiciales consultados “Tonelli ha dejado en evidencia
una grave incongruencia judicial y ha mostrado una testarudez
ideológica que podría costarle el cargo”.
El caso que mañana abrirá un nuevo capítulo es el expediente
contencioso 12.975/9, que se originó en diciembre de 2007, cuando
el juez Gallardo y el titular de la Asesoría General Tutelar 1,
Gustavo Moreno, ingresaron al barrio por una denuncia de
irregularidades en la elección de delegados del barrio. Al salir, el
defensor de menores presentó un amparo luego de ver “a una gran
cantidad de chicos adictos tirados” en los pasillos del sector La
Toma, uno de los cuatro continentes que componen el mundo de la
21-24. Desde entonces la comuna ha realizado relevamientos sobre
los chicos y mañana entregará un plan que involucra al SAME y a
los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Justicia. Según el
último censo, el 80% necesita ser internado por tener cuadros
agudos de adicción. Al mediodía del último miércoles de mayo y
delante de cinco funcionarios porteños, además del juez, el padre
Pepe les dijo lo que piensa a gran parte de los 40.000 vecinos que
viven en la 21-24. “Las villas registran un alto nivel de orfandad
estatal, y si bien la presencia asistencial se ha incrementado, no es
suficiente, porque la cantidad de menores adictos al paco ha
empeorado mucho en lo que va del año”. Hace más de un mes,
cuando dijo que “la droga en las villas estaba despenalizada de
hecho”, recibió varias amenazas de muerte.
CRÍTICA DIGITAL Claudio Mardones
09.06.2009
EL PACO EN LA VILLA 21-24…
El defensor presentó un amparo al ver a una gran cantidad de
chicos adictos en situación de pasillo.
Este miércoles el gobierno de Mauricio Macri le entregará a la
Justicia porteña un plan integral de trabajo y un protocolo de
internación y tratamiento para todos los menores con problemas de
adicción al paco en el sector más crítico de la Villa 21-24 del barrio
de Barracas, considerada uno de los barrios con mayor tráfico de
drogas sin control policial. El documento será entregado en
cumplimiento de un acuerdo judicial firmado el 27 de mayo entre el
titular del segundo juzgado contencioso, administrativo y tributario y
administrativo Roberto Andrés Gallardo y cinco funcionarios
porteños, entre ellos la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia
Vidal. Durante la audiencia del caso, el padre José María Di Paola,
párroco de la Iglesia Caacupé y coordinador del Equipo de
Sacerdotes para las Villas de Emergencia, expuso un demoledor
panorama de la adicción en el barrio y confirmó que, a pesar de los
esfuerzos, la situación “había empeorado mucho”. Luego de la
exposición, todos los presentes firmaron un acuerdo que fijó un
plazo de diez días hábiles para que la comuna entregue “un plan
judicialmente auditable”. El plazo vence mañana y se trata del
primer acuerdo sobre paco entre Gallardo y una administración
municipal que hace diez meses lo recusó en forma masiva. El plan
es la primera medida respecto de un grupo reducido de casos, pero
la comuna lo considera “un modelo de intervención testigo que, en
caso de ser aprobado por el juez, será aplicado en el resto de los
barrios”.
HALCONES Y PALOMAS. La iniciativa que tendrá Gallardo en sus
manos fue confirmada por fuentes del gobierno. Diez días después
de que este diario revelara la existencia de 600 chicos adictos “en
situación de pasillo” repartidos en todas las villas porteñas, la
Procuración General de la Ciudad apeló ante el Tribunal Superior
de Justicia el fallo de la jueza Andrea Danas que lo obligaba a
“garantizar el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes
de la ciudad con adicción a la pasta base de cocaína (paco), en un
plazo de 90 días”. Casi en la misma fecha que se firmó el acuerdo
que se cumplirá mañana, el procurador Pablo Tonelli dio la orden de
continuar las apelaciones ante la última instancia judicial porteña,
una polémica decisión que desató una tormenta de
cuestionamientos en el interior del gobierno PRO y que terminó en
diferencias entre funcionarios de Desarrollo Social y la oficina de
Tonelli. Para los técnicos de la cartera social, “hay que cumplir con
la orden de la jueza”, mientras que el jefe de los abogados del
estado sostiene que “el Poder Judicial no puede suplantar las
medidas que debe realizar un gobierno que fue votado para eso”. Si
el acuerdo de Barracas se cumple, nadie sabe qué dirá la Corte
porteña sobre el caso general, aunque para la mayoría de los
funcionarios judiciales consultados “Tonelli ha dejado en evidencia
una grave incongruencia judicial y ha mostrado una testarudez
ideológica que podría costarle el cargo”.
El caso que mañana abrirá un nuevo capítulo es el expediente
contencioso 12.975/9, que se originó en diciembre de 2007, cuando
el juez Gallardo y el titular de la Asesoría General Tutelar 1,
Gustavo Moreno, ingresaron al barrio por una denuncia de
irregularidades en la elección de delegados del barrio. Al salir, el
defensor de menores presentó un amparo luego de ver “a una gran
cantidad de chicos adictos tirados” en los pasillos del sector La
Toma, uno de los cuatro continentes que componen el mundo de la
21-24. Desde entonces la comuna ha realizado relevamientos sobre
los chicos y mañana entregará un plan que involucra al SAME y a
los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Justicia. Según el
último censo, el 80% necesita ser internado por tener cuadros
agudos de adicción. Al mediodía del último miércoles de mayo y
delante de cinco funcionarios porteños, además del juez, el padre
Pepe les dijo lo que piensa a gran parte de los 40.000 vecinos que
viven en la 21-24. “Las villas registran un alto nivel de orfandad
estatal, y si bien la presencia asistencial se ha incrementado, no es
suficiente, porque la cantidad de menores adictos al paco ha
empeorado mucho en lo que va del año”. Hace más de un mes,
cuando dijo que “la droga en las villas estaba despenalizada de
hecho”, recibió varias amenazas de muerte.
CRÍTICA DIGITAL Claudio Mardones
09.06.2009
“El Estado no quiere a los locos”
REPORTAJE
“El Estado no quiere a los locos”
Dr. Gustavo Moreno
Es, desde hace dos décadas, un reconocido especialista en temas de minoridad, salud mental y desprotección familiar. Y denuncia que al Gobieno esto no le interesa, que los neuropsiquiátricos porteños se caen a pedazos por falta de presupuesto y que no hay enfermeras.
Por Magdalena Ruiz Guiñazu
LA VIDA de los mas debiles esta en peligro. Este es el mensaje urgente y responsable que difunde como verdad indiscutible este estudioso del vínculo entre sociedad y salud.
La denuncia del doctor Gustavo Moreno, defensor de Menores e Incapaces, quizá no haya sacudido a la sociedad con la conmoción que esta información amerita. Y por eso mismo merece subrayarse en la crónica del abandono y el dolor.
Cae la tarde sobre el microcentro de Buenos Aires. Más exactamente, en la esquina de Diagonal Norte y Maipú, donde, en un austero entrepiso, este hombre joven y decidido amplía los términos de lo que ocurre en los neuropsiquiátricos porteños.
—Soy asesor tutelar del Fuero Contencioso Administrativo del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, y me sentí en la obligación de denunciar lo que ocurre en los cuatro hospitales monovalentes de Psiquiatría –explica Moreno–. En verdad, es una situación de colapso. Me refiero al Hospital Borda para adultos mayores, el Moyano para mujeres adultas, el Tobar García para infanto-juveniles y el Alvear, que atiende emergencias psiquiátricas.
—Tenemos entendido que, por ejemplo, la carencia de enfermeras ha llegado a un límite insostenible...
—Esto se debe, en primer término, a una falta de incorporación de recursos humanos, y también a una saturación de los recursos humanos existentes. Los trabajadores se desempeñan en un sistema de módulos (para que se comprenda: es el equivalente a horas extras) que resulta insuficiente. También, a veces, se aplica un sistema de licencias permisivo. Esto ocurre en el Estado, pero lo cierto es que faltan trabajadores. Faltan médicos, enfermeros, terapistas ocupacionales. Los que están actualmente hacen enormes esfuerzos para la rehabilitación de los enfermos, pero resulta totalmente insuficiente. Es más, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha sacado una ley permitiendo la incorporación de personal en un proceso más rápido que el tradicional, porque en el Estado todo es lento. Pero esta ley no se cumple.
—Pero... ¿por qué no se cumple? ¿No hay plata? ¿Hay mala voluntad?
—En realidad, a veces, ¡mover al Estado hacia el Poder Ejecutivo es como mover un elefante blanco! Yo diría que, más que mala voluntad, hay omisiones en el trabajo y existen problemas que tienen que ver con lo financiero. En este momento, la Ciudad tiene muchas obras paradas, porque no se inyectan los recursos financieros necesarios. Y esto es gravísimo, porque esas obras afectan los derechos de las personas internadas en estos hospitales.
—De acuerdo a las informaciones con que contamos, el Moyano alberga a 1.100 mujeres y el Borda a 900 hombres. ¿Cuál sería la cifra lógica de internados?
—Mire, tanto la Constitución de la Ciudad como los organismos internacionales señalan que la psiquiatría ha sufrido una evolución que implica ir a la desinstitucionalización. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente, que el paciente psiquiátrico debería vivir en familia, que su internación debe responder a un período agudo y no ser una internación crónica. Es decir, que el paciente no termine en forma permanente dentro de una institución. Sin embargo, como sabemos, durante décadas no se aplicaron estos conceptos y hoy nos encontramos con pacientes que llevan cuarenta años internados, y resulta muy difícil sacarlos de la institución. Lo que tampoco se advierte es una voluntad política para que las nuevas internaciones se compensen rápidamente con un paciente reincorporado a su familia. Este es un tema de la mayor importancia. Por ejemplo, el Moyano, que llegó a tener 1.500 enfermas, ¡se convierte, a través de estas cifras, en el equivalente de una pequeña población de la Patagonia! Es ilógico pensar que esas personas tengan que permanecer internadas durante toda su vida, cuando en verdad tienen una familia. Aquí y ahora, también cabe acotar que, si transcurre mucho tiempo, ¡es muy difícil que la familia reincorpore a la inclusión social y a la vida cotidiana a alguien que no ha visto durante los últimos veinte años...!
—Pero en estos casos, doctor, parecería haber un hecho de abandono, con familias que no quieren hacerse cargo...
Moreno contempla el intenso tránsito que circula por Diagonal Norte y dice, muy despacio:
—¡La sociedad no quiere hacerse cargo! La sociedad es la que no quiere hacerse cargo de la locura. Este no es solamente un tema del Estado. A veces, no queremos ver a una persona que expresa un padecimiento de carácter psiquiátrico grave. Preferimos ignorarla. Yo entiendo que para cualquier familia es muy difícil convivir con una persona alcohólica, con problemas psiquiátricos o algún tipo de adicción. Y cuando logra la internación de ese pariente, la familia, por todo lo que ha vivido, siente una especie de alivio. Pero a veces, esa solución vía internación significa que esa persona termina perdiendo su lugar en la familia. Y esto es muy grave y hace necesario trabajar con las familias, para lograr una vuelta al hogar del paciente.
—Tan es así, doctor, que en un programa exitoso de televisión, “Locas de amor”, se mostraba un modelo de externación con un grupo de tres o cuatro pacientes que vivían en un departamento bajo la supervisión de un psiquiatra. ¿Qué ha pasado con este tipo de experiencias?
—No es sólo un tipo de experiencia, sino que lo marca la Ley 448 de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 15. Allí se señala que estas casas de convivencia deben existir para albergar a los pacientes que, por cuestiones sociales, salen de los psiquiátricos. La verdad es que, lamentablemente, en este momento hay sólo dos casas, que albergan nada más que a 16 pacientes. Hay una tercera casa en proyecto, pero, de acuerdo con los datos que tenemos de este año, hay cerca de 400 pacientes que estarían en condiciones de salir de los cuatro hospitales que le he mencionado. Obviamente, a este ritmo nunca vamos a lograr que esos pacientes vuelvan a incluirse en la sociedad. Tampoco hay casas de “medio camino”, que representarían una etapa intermedia entre la internación y las casas de convivencia. La Ley de Salud ya tiene cerca de siete años, y no logramos que ningún ministro de Salud de la Ciudad la pusiera efectivamente en vigencia.
—Pero... ¿cuál es la razón? Tenemos entendido que la Ciudad tiene muchas propiedades en distintos barrios, y que podrían servir a este propósito.
—La Ciudad alega que, en muchos casos, estas propiedades están usurpadas, que tienen otro destino o alguna utilidad pública. Pero, independientemente de estas razones, no hay que olvidar que Buenos Aires, durante los últimos cinco años (exceptuando el 2007), ha tenido un superávit importante. Siempre hubo recursos financieros. Es más, la Ciudad creó un Fondo Anticíclico de reserva. No se entiende bien, entonces, por qué no hay una política pública en este sentido. Y lo que yo creo es... ¡que no hay una política pública, sencillamente porque la salud mental no interesa! No tiene un retorno político rápido entre los ciudadanos, porque, como le dije antes, tampoco la sociedad quiere ver la locura.
—Además, los locos no votan...
—Exactamente. Igual que los chicos. Yo soy defensor de Menores y de personas insanas, y conozco el tema. La verdad es que están postergados en las políticas públicas.
—Es un tema terriblemente ingrato. Usted es joven, doctor Moreno; ¿por qué se dedicó a esto?
—Este año cumplo 21 años en la Justicia. Es casi toda una vida trabajando aquí. Esto se da... quizá un poco por casualidad, porque cuando ingresé a la Justicia lo hice en un Juzgado Civil, y los primeros expedientes que me tocaron despachar estaban relacionados con temas de familia y e insanía. En aquel momento, los jueces no solían ir a visitar a los pacientes. Yo era meritorio (es decir: trabajaba gratis) y acompañaba al oficial de Justicia. “¿Tenés ganas de venir al Borda?”, me decía, y por una cuestión de curiosidad, empezamos a recorrer hospitales psiquiátricos aun cuando la obligación de atenderlos era del juez o del secretario del Juzgado. Pero también sabíamos que la Justicia no tiene los recursos suficientes y tampoco el elemento humano disponible para estos asuntos. El tema me interesó mucho; hice toda mi carrera en Derecho Civil y me especialicé en Derecho de Familia, lo cual tiene, por supuesto, una enorme vinculación con estos temas.
Sigue
—Hasta ahora veíamos, doctor, los casos de los enfermos mayores, que suelen aparecer como típicos procesos de abandono. Pero, ¿y los chicos...?
—Históricamente, muchas internaciones han surgido en nuestro país por situaciones de carácter social. En el caso de los chicos, muchas veces han sido abandonados. Por ejemplo, tenemos un paciente que está internado desde los 5 años. Hoy tiene 18, y no deja de llamar la atención que a esa altura de su vida haya pasado alrededor de trece años en un psiquiátrico privado o público, ¡siempre a disposición de la Justicia! Y cabe preguntarnos: ¿qué respuesta le han dado la Justicia, el Estado, los defensores, los asesores o los hospitales? ¿Cómo es que no han podido incluirlo en la sociedad, a lo largo de 13 años? Realmente, si la respuesta del Estado, de la Justicia y de la psiquiatría es que tiene que estar internado por el resto de su vida, ¡creo que algo está fallando! ¿Reconocer el fracaso de la psiquiatría? Creo que no es así. A veces, los casos no se trabajan lo necesario. Hago también un mea culpa porque, con los pocos recursos que tenemos, a veces el trabajo (por más compromiso que tengamos) no es suficiente.
—Supongo que ahí también hay falta de tiempo...
—De tiempo, de recursos, de directivas claras. Yo diría, quizá, que falta compromiso, pero lo cierto es que, aun cuando hay compromiso, no encontramos la respuesta. Hoy, por ejemplo, la demora en las obras del Tobar García afecta directamente la dignidad de los pacientes. El Tobar García fue cerrado el 31 de octubre para la internación de pacientes menores de 12 años. Esto implica derivación de algunos pacientes. En cuanto a las nuevas internaciones, hoy tenemos que la ex Casa Cuna (Hospital Pedro de Elizalde) carece de un servicio psiquiátrico para una internación rápida. Se evitaría así la internación del chico en el Tobar García, que es un lugar casi de agudos, de chicos más graves. Repito que el tema de las obras acaba por afectar la dignidad del paciente. Hay lugares con un terrible hacinamiento. Donde deberían estar tres chicos, termina por haber cuatro o cinco. Esto, claro, en lugares muy pequeños. Lo peor es que, muchas veces, el dinero para las obras está a disposición. Por ejemplo, hay dos obras, dentro de los cuatro hospitales que le mencioné, que están hechas con dinero del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), y lo grave es que si no se cumplen los plazos estos financiamientos pueden verse restringidos, ¡con lo cual el gobierno tendría que terminar poniendo plata!
—Perdone mi ignorancia, doctor, pero... ¿por qué un crédito del BID no se utiliza a tiempo?
—La verdad es que no tengo la respuesta. La respuesta tienen que brindarla el ministro de Hacienda y el ministro de Salud de la Ciudad. Lo que nosotros vemos son las consecuencias directas, y cuando recorremos los pabellones esto es muy evidente. Por ejemplo, el Pabellón Riglos del Hospital Moyano, en el que se cayó el techo hace dos años y tuvo que ser clausurado por decisión de la Justicia a pedido nuestro. Lo que se alegó en aquel momento es que había “diferencias” entre los proyectos técnicos. ¿Tan difícil es que se sienten a una misma mesa los ingenieros, los arquitectos y los directivos del hospital, y decidan que el proyecto tal o cual es el mejor? Como le decía, no se avanzó en el proyecto del BID por una “diferencia” en el proyecto técnico...
—Cuando hace estas denuncias como funcionario, ¿no tiene respuestas de los responsables?
—Históricamente, diría que desde el año 2000 los distintos funcionarios que han pasado por el Ejecutivo muchas veces se enojan con uno, pero nuestra obligación, en un Fuero Contencioso Administrativo en el que yo litigo contra el Estado (y me pagan para eso), es iniciar acciones administrativas. Estamos por iniciar una demanda contra el Tobar García por demora en la iniciación de las obras, y en el caso del Borda lo hicieron algunos sindicatos. Sí, los funcionarios se enojan, pero se enojan “con el cartero”, con el que les transmite la noticia o la denuncia. La mejor respuesta que yo podría tener, aun perdiendo un juicio, sería: “Bueno, vamos a hacer las obras”. O también: “¡El doctor Moreno no tiene razón, las obras están hechas y su denuncia es falsa!”. Lamentablemente, todo esto no lo pueden demostrar, porque basta con recorrer los pasillos de cualquier hospital neuropsiquiátrico para advertirlo.
—En su denuncia, doctor, cuando usted habla de la escasez de enfermeras, también menciona detalles atroces, como pacientes incontinentes que quedan sucios durante horas hasta que alguien puede higienizarlos...
—Seguro. Y esto no es imputable a la pobre enfermera, que hace lo que puede. Recuerdo que en el Pabellón Vélez Sarsfield del Moyano había una sola enfermera para cerca de 80 pacientes. “Doctor –me decía–, no doy abasto con las pacientes. Tengo que darles de comer, cambiarlas, estar atenta a la medicación que les han recetado, controlar que no anden deambulando...” ¡Imagínese usted el cuadro! En este sentido, la política pública es una locura. Demuestra una ineficiencia total. Y esto, más allá de que el Moyano ha efectuado un cambio muy grande a partir de la dirección del doctor Jorge Cafferata, que hace esfuerzos terribles por mejorar las cosas. Pero debo decir que éste no es un problema de los directores. Es directamente un problema de la política pública. Tampoco es, a veces, un tema solamente del ministro de Salud, sino también del ministro de Hacienda, que debe proveer los recursos administrativos. El ministro de Salud puede tener el diseño del hospital que quiere hacer, el proyecto acordado con los trabajadores, pero si no aparecen los fondos, es una empresa imposible. Cuando no se le da dinero a una política pública, lo que se está diciendo es: “Hay derecho, pero ese derecho no es efectivo”.
—Volviendo a la falta de personal, recuerdo que hace poco se decía que actualmente, con la medicación, los pacientes necesitaban menos atención personalizada. También que estaban sedados, más equilibrados. ¿Esto es cierto?
—En el tema de la medicación, junto con la jueza Patricia López Vergara, hemos ido al Hospital Borda en compañía del director general de Salud Mental, el doctor Carlos de Lajonquière, y le hemos pedido que tomara una historia clínica al azar y nos dijera si esa historia clínica estaba bien llevada o no. De cualquier servicio. Y el doctor Lajonquière constató (y esto quedó labrado en un acta judicial) que el diagnóstico que existía en esa historia clínica no se compadecía con la medicación recetada. Esto no quiere decir que el paciente esté mal medicado, pero sí que la historia clínica está mal llevada. Y esto también lo hemos visto en el Tobar García, donde algunos médicos han dicho: “La verdad es que yo, con todas las cosas que hago, no puedo llevar en debida forma las historias clínicas”. Y eso está muy mal. Es como si yo dijera: “Como tengo mucho trabajo y pocos empleados, no puedo llevar adecuadamente los expedientes judiciales”... Hay respuestas que son increíbles
“El Estado no quiere a los locos”
Dr. Gustavo Moreno
Es, desde hace dos décadas, un reconocido especialista en temas de minoridad, salud mental y desprotección familiar. Y denuncia que al Gobieno esto no le interesa, que los neuropsiquiátricos porteños se caen a pedazos por falta de presupuesto y que no hay enfermeras.
Por Magdalena Ruiz Guiñazu
LA VIDA de los mas debiles esta en peligro. Este es el mensaje urgente y responsable que difunde como verdad indiscutible este estudioso del vínculo entre sociedad y salud.
La denuncia del doctor Gustavo Moreno, defensor de Menores e Incapaces, quizá no haya sacudido a la sociedad con la conmoción que esta información amerita. Y por eso mismo merece subrayarse en la crónica del abandono y el dolor.
Cae la tarde sobre el microcentro de Buenos Aires. Más exactamente, en la esquina de Diagonal Norte y Maipú, donde, en un austero entrepiso, este hombre joven y decidido amplía los términos de lo que ocurre en los neuropsiquiátricos porteños.
—Soy asesor tutelar del Fuero Contencioso Administrativo del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, y me sentí en la obligación de denunciar lo que ocurre en los cuatro hospitales monovalentes de Psiquiatría –explica Moreno–. En verdad, es una situación de colapso. Me refiero al Hospital Borda para adultos mayores, el Moyano para mujeres adultas, el Tobar García para infanto-juveniles y el Alvear, que atiende emergencias psiquiátricas.
—Tenemos entendido que, por ejemplo, la carencia de enfermeras ha llegado a un límite insostenible...
—Esto se debe, en primer término, a una falta de incorporación de recursos humanos, y también a una saturación de los recursos humanos existentes. Los trabajadores se desempeñan en un sistema de módulos (para que se comprenda: es el equivalente a horas extras) que resulta insuficiente. También, a veces, se aplica un sistema de licencias permisivo. Esto ocurre en el Estado, pero lo cierto es que faltan trabajadores. Faltan médicos, enfermeros, terapistas ocupacionales. Los que están actualmente hacen enormes esfuerzos para la rehabilitación de los enfermos, pero resulta totalmente insuficiente. Es más, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha sacado una ley permitiendo la incorporación de personal en un proceso más rápido que el tradicional, porque en el Estado todo es lento. Pero esta ley no se cumple.
—Pero... ¿por qué no se cumple? ¿No hay plata? ¿Hay mala voluntad?
—En realidad, a veces, ¡mover al Estado hacia el Poder Ejecutivo es como mover un elefante blanco! Yo diría que, más que mala voluntad, hay omisiones en el trabajo y existen problemas que tienen que ver con lo financiero. En este momento, la Ciudad tiene muchas obras paradas, porque no se inyectan los recursos financieros necesarios. Y esto es gravísimo, porque esas obras afectan los derechos de las personas internadas en estos hospitales.
—De acuerdo a las informaciones con que contamos, el Moyano alberga a 1.100 mujeres y el Borda a 900 hombres. ¿Cuál sería la cifra lógica de internados?
—Mire, tanto la Constitución de la Ciudad como los organismos internacionales señalan que la psiquiatría ha sufrido una evolución que implica ir a la desinstitucionalización. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente, que el paciente psiquiátrico debería vivir en familia, que su internación debe responder a un período agudo y no ser una internación crónica. Es decir, que el paciente no termine en forma permanente dentro de una institución. Sin embargo, como sabemos, durante décadas no se aplicaron estos conceptos y hoy nos encontramos con pacientes que llevan cuarenta años internados, y resulta muy difícil sacarlos de la institución. Lo que tampoco se advierte es una voluntad política para que las nuevas internaciones se compensen rápidamente con un paciente reincorporado a su familia. Este es un tema de la mayor importancia. Por ejemplo, el Moyano, que llegó a tener 1.500 enfermas, ¡se convierte, a través de estas cifras, en el equivalente de una pequeña población de la Patagonia! Es ilógico pensar que esas personas tengan que permanecer internadas durante toda su vida, cuando en verdad tienen una familia. Aquí y ahora, también cabe acotar que, si transcurre mucho tiempo, ¡es muy difícil que la familia reincorpore a la inclusión social y a la vida cotidiana a alguien que no ha visto durante los últimos veinte años...!
—Pero en estos casos, doctor, parecería haber un hecho de abandono, con familias que no quieren hacerse cargo...
Moreno contempla el intenso tránsito que circula por Diagonal Norte y dice, muy despacio:
—¡La sociedad no quiere hacerse cargo! La sociedad es la que no quiere hacerse cargo de la locura. Este no es solamente un tema del Estado. A veces, no queremos ver a una persona que expresa un padecimiento de carácter psiquiátrico grave. Preferimos ignorarla. Yo entiendo que para cualquier familia es muy difícil convivir con una persona alcohólica, con problemas psiquiátricos o algún tipo de adicción. Y cuando logra la internación de ese pariente, la familia, por todo lo que ha vivido, siente una especie de alivio. Pero a veces, esa solución vía internación significa que esa persona termina perdiendo su lugar en la familia. Y esto es muy grave y hace necesario trabajar con las familias, para lograr una vuelta al hogar del paciente.
—Tan es así, doctor, que en un programa exitoso de televisión, “Locas de amor”, se mostraba un modelo de externación con un grupo de tres o cuatro pacientes que vivían en un departamento bajo la supervisión de un psiquiatra. ¿Qué ha pasado con este tipo de experiencias?
—No es sólo un tipo de experiencia, sino que lo marca la Ley 448 de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 15. Allí se señala que estas casas de convivencia deben existir para albergar a los pacientes que, por cuestiones sociales, salen de los psiquiátricos. La verdad es que, lamentablemente, en este momento hay sólo dos casas, que albergan nada más que a 16 pacientes. Hay una tercera casa en proyecto, pero, de acuerdo con los datos que tenemos de este año, hay cerca de 400 pacientes que estarían en condiciones de salir de los cuatro hospitales que le he mencionado. Obviamente, a este ritmo nunca vamos a lograr que esos pacientes vuelvan a incluirse en la sociedad. Tampoco hay casas de “medio camino”, que representarían una etapa intermedia entre la internación y las casas de convivencia. La Ley de Salud ya tiene cerca de siete años, y no logramos que ningún ministro de Salud de la Ciudad la pusiera efectivamente en vigencia.
—Pero... ¿cuál es la razón? Tenemos entendido que la Ciudad tiene muchas propiedades en distintos barrios, y que podrían servir a este propósito.
—La Ciudad alega que, en muchos casos, estas propiedades están usurpadas, que tienen otro destino o alguna utilidad pública. Pero, independientemente de estas razones, no hay que olvidar que Buenos Aires, durante los últimos cinco años (exceptuando el 2007), ha tenido un superávit importante. Siempre hubo recursos financieros. Es más, la Ciudad creó un Fondo Anticíclico de reserva. No se entiende bien, entonces, por qué no hay una política pública en este sentido. Y lo que yo creo es... ¡que no hay una política pública, sencillamente porque la salud mental no interesa! No tiene un retorno político rápido entre los ciudadanos, porque, como le dije antes, tampoco la sociedad quiere ver la locura.
—Además, los locos no votan...
—Exactamente. Igual que los chicos. Yo soy defensor de Menores y de personas insanas, y conozco el tema. La verdad es que están postergados en las políticas públicas.
—Es un tema terriblemente ingrato. Usted es joven, doctor Moreno; ¿por qué se dedicó a esto?
—Este año cumplo 21 años en la Justicia. Es casi toda una vida trabajando aquí. Esto se da... quizá un poco por casualidad, porque cuando ingresé a la Justicia lo hice en un Juzgado Civil, y los primeros expedientes que me tocaron despachar estaban relacionados con temas de familia y e insanía. En aquel momento, los jueces no solían ir a visitar a los pacientes. Yo era meritorio (es decir: trabajaba gratis) y acompañaba al oficial de Justicia. “¿Tenés ganas de venir al Borda?”, me decía, y por una cuestión de curiosidad, empezamos a recorrer hospitales psiquiátricos aun cuando la obligación de atenderlos era del juez o del secretario del Juzgado. Pero también sabíamos que la Justicia no tiene los recursos suficientes y tampoco el elemento humano disponible para estos asuntos. El tema me interesó mucho; hice toda mi carrera en Derecho Civil y me especialicé en Derecho de Familia, lo cual tiene, por supuesto, una enorme vinculación con estos temas.
Sigue
—Hasta ahora veíamos, doctor, los casos de los enfermos mayores, que suelen aparecer como típicos procesos de abandono. Pero, ¿y los chicos...?
—Históricamente, muchas internaciones han surgido en nuestro país por situaciones de carácter social. En el caso de los chicos, muchas veces han sido abandonados. Por ejemplo, tenemos un paciente que está internado desde los 5 años. Hoy tiene 18, y no deja de llamar la atención que a esa altura de su vida haya pasado alrededor de trece años en un psiquiátrico privado o público, ¡siempre a disposición de la Justicia! Y cabe preguntarnos: ¿qué respuesta le han dado la Justicia, el Estado, los defensores, los asesores o los hospitales? ¿Cómo es que no han podido incluirlo en la sociedad, a lo largo de 13 años? Realmente, si la respuesta del Estado, de la Justicia y de la psiquiatría es que tiene que estar internado por el resto de su vida, ¡creo que algo está fallando! ¿Reconocer el fracaso de la psiquiatría? Creo que no es así. A veces, los casos no se trabajan lo necesario. Hago también un mea culpa porque, con los pocos recursos que tenemos, a veces el trabajo (por más compromiso que tengamos) no es suficiente.
—Supongo que ahí también hay falta de tiempo...
—De tiempo, de recursos, de directivas claras. Yo diría, quizá, que falta compromiso, pero lo cierto es que, aun cuando hay compromiso, no encontramos la respuesta. Hoy, por ejemplo, la demora en las obras del Tobar García afecta directamente la dignidad de los pacientes. El Tobar García fue cerrado el 31 de octubre para la internación de pacientes menores de 12 años. Esto implica derivación de algunos pacientes. En cuanto a las nuevas internaciones, hoy tenemos que la ex Casa Cuna (Hospital Pedro de Elizalde) carece de un servicio psiquiátrico para una internación rápida. Se evitaría así la internación del chico en el Tobar García, que es un lugar casi de agudos, de chicos más graves. Repito que el tema de las obras acaba por afectar la dignidad del paciente. Hay lugares con un terrible hacinamiento. Donde deberían estar tres chicos, termina por haber cuatro o cinco. Esto, claro, en lugares muy pequeños. Lo peor es que, muchas veces, el dinero para las obras está a disposición. Por ejemplo, hay dos obras, dentro de los cuatro hospitales que le mencioné, que están hechas con dinero del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), y lo grave es que si no se cumplen los plazos estos financiamientos pueden verse restringidos, ¡con lo cual el gobierno tendría que terminar poniendo plata!
—Perdone mi ignorancia, doctor, pero... ¿por qué un crédito del BID no se utiliza a tiempo?
—La verdad es que no tengo la respuesta. La respuesta tienen que brindarla el ministro de Hacienda y el ministro de Salud de la Ciudad. Lo que nosotros vemos son las consecuencias directas, y cuando recorremos los pabellones esto es muy evidente. Por ejemplo, el Pabellón Riglos del Hospital Moyano, en el que se cayó el techo hace dos años y tuvo que ser clausurado por decisión de la Justicia a pedido nuestro. Lo que se alegó en aquel momento es que había “diferencias” entre los proyectos técnicos. ¿Tan difícil es que se sienten a una misma mesa los ingenieros, los arquitectos y los directivos del hospital, y decidan que el proyecto tal o cual es el mejor? Como le decía, no se avanzó en el proyecto del BID por una “diferencia” en el proyecto técnico...
—Cuando hace estas denuncias como funcionario, ¿no tiene respuestas de los responsables?
—Históricamente, diría que desde el año 2000 los distintos funcionarios que han pasado por el Ejecutivo muchas veces se enojan con uno, pero nuestra obligación, en un Fuero Contencioso Administrativo en el que yo litigo contra el Estado (y me pagan para eso), es iniciar acciones administrativas. Estamos por iniciar una demanda contra el Tobar García por demora en la iniciación de las obras, y en el caso del Borda lo hicieron algunos sindicatos. Sí, los funcionarios se enojan, pero se enojan “con el cartero”, con el que les transmite la noticia o la denuncia. La mejor respuesta que yo podría tener, aun perdiendo un juicio, sería: “Bueno, vamos a hacer las obras”. O también: “¡El doctor Moreno no tiene razón, las obras están hechas y su denuncia es falsa!”. Lamentablemente, todo esto no lo pueden demostrar, porque basta con recorrer los pasillos de cualquier hospital neuropsiquiátrico para advertirlo.
—En su denuncia, doctor, cuando usted habla de la escasez de enfermeras, también menciona detalles atroces, como pacientes incontinentes que quedan sucios durante horas hasta que alguien puede higienizarlos...
—Seguro. Y esto no es imputable a la pobre enfermera, que hace lo que puede. Recuerdo que en el Pabellón Vélez Sarsfield del Moyano había una sola enfermera para cerca de 80 pacientes. “Doctor –me decía–, no doy abasto con las pacientes. Tengo que darles de comer, cambiarlas, estar atenta a la medicación que les han recetado, controlar que no anden deambulando...” ¡Imagínese usted el cuadro! En este sentido, la política pública es una locura. Demuestra una ineficiencia total. Y esto, más allá de que el Moyano ha efectuado un cambio muy grande a partir de la dirección del doctor Jorge Cafferata, que hace esfuerzos terribles por mejorar las cosas. Pero debo decir que éste no es un problema de los directores. Es directamente un problema de la política pública. Tampoco es, a veces, un tema solamente del ministro de Salud, sino también del ministro de Hacienda, que debe proveer los recursos administrativos. El ministro de Salud puede tener el diseño del hospital que quiere hacer, el proyecto acordado con los trabajadores, pero si no aparecen los fondos, es una empresa imposible. Cuando no se le da dinero a una política pública, lo que se está diciendo es: “Hay derecho, pero ese derecho no es efectivo”.
—Volviendo a la falta de personal, recuerdo que hace poco se decía que actualmente, con la medicación, los pacientes necesitaban menos atención personalizada. También que estaban sedados, más equilibrados. ¿Esto es cierto?
—En el tema de la medicación, junto con la jueza Patricia López Vergara, hemos ido al Hospital Borda en compañía del director general de Salud Mental, el doctor Carlos de Lajonquière, y le hemos pedido que tomara una historia clínica al azar y nos dijera si esa historia clínica estaba bien llevada o no. De cualquier servicio. Y el doctor Lajonquière constató (y esto quedó labrado en un acta judicial) que el diagnóstico que existía en esa historia clínica no se compadecía con la medicación recetada. Esto no quiere decir que el paciente esté mal medicado, pero sí que la historia clínica está mal llevada. Y esto también lo hemos visto en el Tobar García, donde algunos médicos han dicho: “La verdad es que yo, con todas las cosas que hago, no puedo llevar en debida forma las historias clínicas”. Y eso está muy mal. Es como si yo dijera: “Como tengo mucho trabajo y pocos empleados, no puedo llevar adecuadamente los expedientes judiciales”... Hay respuestas que son increíbles
falta en la ciudad una política de Estado que tienda a la inclusión de los chicos en la educación inicial
La venta y el consumo de alcohol por parte de menores de edad sumó un nuevo capítulo esta semana en la ciudad: a la muerte ocurrida a las puertas del colegio Marianista se agrega ahora una nueva disputa judicial.
El litigio se produce entre el defensor tutelar de Menores, Gustavo Moreno, y el juez en lo contencioso administrativo, Juan Vicente Cataldo: un fallo firmado por el magistrado habilita al local bailable Seven, situado en avenida La Plata al 700, a vender alcohol durante las fiestas de egresados, comunes en esta época, a los asistentes mayores de 18 años.
Los apoderados del local presentaron un recurso de amparo para que se les permitiera eludir la resolución ministerial que prohíbe expresamente la venta de alcohol en este tipo de reuniones, al aducir que sufrían un "perjuicio económico" por una disposición que calificaron de "inconstitucional".
Moreno se presentó espontáneamente en el juzgado tras conocer el fallo, dictado el 7 de agosto, para que se anulara la decisión, pues entiende que "provocaría más perjuicios que su aplicación".
"Hay que evaluar qué es más importante para la sociedad y el bien común: si el dinero que pueda ganar la empresa vendiendo alcohol a los mayores de 18 años o bien la ausencia de elementos como el alcohol, que, como todos sabemos, es un factor desencadenante de situaciones no deseadas", dijo ayer Moreno a LA NACION.
Cuestión de fondo Cataldo hizo lugar a la medida cautelar "hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo"; es decir, si es inconstitucional una resolución que, según Seven, contradice lo establecido por la ley que los habilita a vender alcohol y que, argumentan, es una norma con "rango superior" por tratarse de un decreto refrendado por la Legislatura.
"Es ilógico. Acá tiene que primar el sentido común. Las fiestas de egresados son fiestas privadas y no públicas, para las cuales rige esa norma que citan los apoderados del boliche. En una fiesta de egresados cómo se controla quién tiene más de 18 años y quién no. Es una locura, más si evaluamos que los chicos invitan a sus compañeros más chicos de 16 y hasta de 14 años", agregó Moreno.
La resolución N° 90/SCCC/2006 "prohíbe la venta, el consumo y suministro de bebidas alcohólicas durante todo el desarrollo de los eventos denominados fiestas de egresados". Según la presentación de los apoderados de Seven, la norma "afecta gravemente derechos y garantías constitucionales en cuanto ha sido dictada por un funcionario en exceso de sus atribuciones y facultades".
En la medida cautelar se agrega que el local está autorizado para la venta de bebidas alcohólicas, que posee el certificado de Bomberos correspondiente y que está inscripto en el Registro de Locales Bailables.
Irregularidades Moreno también destacó las irregularidades que asegura que se registran en las discos Caix, Pacha y Mint, que, según su denuncia, organizaron fiestas privadas de estudiantes pero no presentaron el certificado correspondiente ante el Registro Público de Lugares Bailables.
"Al no declarar que se realiza una fiesta no pueden actuar los fiscales contravencionales ni los inspectores del gobierno", dijo Moreno.
El fiscal general Germán Garavano fue notificado por Moreno del listado de locales bailables registrados en el gobierno, con el fin de que controlara las fiestas de egresados y su situación normativa.
Después de la muerte de la adolescente de 16 años Camila Rodríguez Viau, tras haber tomado alcohol antes de concurrir a una fiesta de egresados, en Caballito, otro caso relacionado con la noche y los excesos se conoció anteayer. Marcos Andreatini, un joven de 18 años del barrio de Villa Pueyrredón, falleció en el hospital Fernández después de haber asistido a un festival de música electrónica en Costa Salguero.
A estos dos casos se suman el alarmante dato de que en este último año han aumentado un 50% las atenciones de adolescentes intoxicados con alcohol en hospitales porteños.
Por Laura Rocha
De la Redacción de LA NACION
Multa para dos ministros
POR LA FALTA DE VACANTES EN ESCUELAS PORTEÑAS DE NIVEL INICIAL
Mariano Narodowski, titular de Educación, y María Eugenia Vidal, de Desarrollo Social, deben pagar 50 pesos por día hasta que presenten un plan para resolver un problema que afecta a unos 8000 niños y niñas. El martes rinden examen ante el juez.
Después de un año de incumplir una sentencia judicial, el ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, deberá pagar una multa de 50 pesos por día. Lo dispuso el juez en lo Contencioso Administrativo de la ciudad, Guillermo Treacy, en la demanda que una ONG inició contra el Estado porteño por la falta de vacantes en el nivel inicial de la educación en el sector estatal. En la ciudad, unos 8000 niños y niñas de hasta cinco años no consiguen lugar en jardines y guarderías y pasan su primera infancia en listas de espera aguardando un lugar que muchas veces no llega. Desde diciembre de 2006, cuando se inició la demanda, los sucesivos gobiernos no han presentado en la Justicia al menos un plan para resolver el problema. Por ese motivo, después de un año de advertencias, Narodowski deberá afrontar el pago de la multa. La misma sanción recibió la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, responsable de las guarderías. Los dos ministros fueron citados por el juez, para el martes próximo, a una audiencia donde deberán explicar si tienen un plan para cumplir con la sentencia.
La causa se inició en diciembre de 2006, ante una demanda presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en la que denunciaba la “exclusión de miles de niños y niñas de la educación pública en el nivel inicial por falta de vacantes”. Se argumentaba allí que el gobierno de la ciudad “no implementó las medidas necesarias para remediar la situación, a pesar de tener los recursos suficientes para hacerlo”. Para ese entonces, de acuerdo con cifras oficiales, el problema afectaba a 6047 chicos.
En 2007, en plena gestión de Jorge Telerman, el juez Treacy hizo lugar a la acción de amparo y le ordenó al gobierno que “presente en el término de veinte días un proyecto que especifique claramente las medidas que adoptará para asegurar que a partir de 2008 los niños de entre 45 días y cinco años puedan acceder a establecimientos de nivel inicial”. La ciudad apeló el fallo, pero la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia. Una nueva apelación llevó el expediente al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, donde se encuentra en la actualidad.
Ante la demora, la ACIJ pidió que se dictara una medida cautelar, a la que Treacy nuevamente hizo lugar, en marzo de 2008: el ministro –para entonces Narodowski llevaba tres meses en el cargo– debía presentar un plan para garantizar el acceso a la educación de los chicos involucrados, bajo apercibimiento de pagar una multa de 50 pesos por día.
Según la coordinadora del programa de Igualdad Educativa de la ACIJ, Nuria Becú, “el ministro nunca presentó un plan para solucionar el problema” y por eso, en diciembre último, le pidieron a Treacy que hiciera efectiva la sanción. Adhirió a ese pedido el asesor tutelar, Gustavo Moreno, que se encarga de defender los derechos de los niños y niñas de la ciudad. El juez nuevamente hizo lugar al pedido, el 19 de febrero último: les impuso a Narodowski y a Vidal una multa de 50 pesos diarios, lo que totalizaría 1500 pesos por mes, que les serían descontados de sus haberes.
En abril de 2008, Narodowski anunció públicamente que presentaría a la Justicia un plan para la construcción de doce nuevos jardines de infantes, especialmente en el sur de la ciudad, en un plazo de tres años: habló de cinco edificios nuevos y una cantidad no precisada de salas, más otros siete edificios que se harían con fondos del programa Mil Escuelas, de la Nación.
“En la causa sólo presentó un documento que habla de la gravedad de la situación y una lista imprecisa de obras donde no figuraba ubicación, presupuesto ni datos de las licitaciones”, dijo Becú anoche a Página/12. “Se limitó a hacer seis presentaciones, en muchos casos con información contradictoria e inconsistente”, agregó. El juez Treacy opinó en igual sentido al hacer efectiva la multa contra los funcionarios.
El asesor tutelar Gustavo Moreno opinó que “falta en la ciudad una política de Estado que tienda a la inclusión de los chicos en la educación inicial”. En ese sentido, responsabilizó a las gestiones de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman, además de la actual. “Entiendo que no se puede acabar con el problema de un día para otro, pero tampoco ha habido un plan para mitigarlo: el Estado no salió a contratar jardines privados para cubrir algunas vacantes”, dijo el funcionario a Página/12.
El juez Treacy citó a Narodowski y a Vidal para el martes 3 a las 11.30 –-un día después del oficialmente fijado para el inicio de las clases– en su despacho. Deben llevar “un informe detallado acerca de la forma y plazos en que darán cumplimiento a la sentencia”.
–Si el ministro lleva un plan, ¿el juez debería levantarle la sanción de la multa? –le preguntó este diario a la coordinadora de ACIJ.
–Eso lo va a resolver el juez. El plan tiene que ser muy concreto y específico, con plazos, presupuestos y mecanismos licitatorios. Y va a estar sometido a control judicial.
Fuente: www.pagina12.com.ar
Por Eduardo Videla
El litigio se produce entre el defensor tutelar de Menores, Gustavo Moreno, y el juez en lo contencioso administrativo, Juan Vicente Cataldo: un fallo firmado por el magistrado habilita al local bailable Seven, situado en avenida La Plata al 700, a vender alcohol durante las fiestas de egresados, comunes en esta época, a los asistentes mayores de 18 años.
Los apoderados del local presentaron un recurso de amparo para que se les permitiera eludir la resolución ministerial que prohíbe expresamente la venta de alcohol en este tipo de reuniones, al aducir que sufrían un "perjuicio económico" por una disposición que calificaron de "inconstitucional".
Moreno se presentó espontáneamente en el juzgado tras conocer el fallo, dictado el 7 de agosto, para que se anulara la decisión, pues entiende que "provocaría más perjuicios que su aplicación".
"Hay que evaluar qué es más importante para la sociedad y el bien común: si el dinero que pueda ganar la empresa vendiendo alcohol a los mayores de 18 años o bien la ausencia de elementos como el alcohol, que, como todos sabemos, es un factor desencadenante de situaciones no deseadas", dijo ayer Moreno a LA NACION.
Cuestión de fondo Cataldo hizo lugar a la medida cautelar "hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo"; es decir, si es inconstitucional una resolución que, según Seven, contradice lo establecido por la ley que los habilita a vender alcohol y que, argumentan, es una norma con "rango superior" por tratarse de un decreto refrendado por la Legislatura.
"Es ilógico. Acá tiene que primar el sentido común. Las fiestas de egresados son fiestas privadas y no públicas, para las cuales rige esa norma que citan los apoderados del boliche. En una fiesta de egresados cómo se controla quién tiene más de 18 años y quién no. Es una locura, más si evaluamos que los chicos invitan a sus compañeros más chicos de 16 y hasta de 14 años", agregó Moreno.
La resolución N° 90/SCCC/2006 "prohíbe la venta, el consumo y suministro de bebidas alcohólicas durante todo el desarrollo de los eventos denominados fiestas de egresados". Según la presentación de los apoderados de Seven, la norma "afecta gravemente derechos y garantías constitucionales en cuanto ha sido dictada por un funcionario en exceso de sus atribuciones y facultades".
En la medida cautelar se agrega que el local está autorizado para la venta de bebidas alcohólicas, que posee el certificado de Bomberos correspondiente y que está inscripto en el Registro de Locales Bailables.
Irregularidades Moreno también destacó las irregularidades que asegura que se registran en las discos Caix, Pacha y Mint, que, según su denuncia, organizaron fiestas privadas de estudiantes pero no presentaron el certificado correspondiente ante el Registro Público de Lugares Bailables.
"Al no declarar que se realiza una fiesta no pueden actuar los fiscales contravencionales ni los inspectores del gobierno", dijo Moreno.
El fiscal general Germán Garavano fue notificado por Moreno del listado de locales bailables registrados en el gobierno, con el fin de que controlara las fiestas de egresados y su situación normativa.
Después de la muerte de la adolescente de 16 años Camila Rodríguez Viau, tras haber tomado alcohol antes de concurrir a una fiesta de egresados, en Caballito, otro caso relacionado con la noche y los excesos se conoció anteayer. Marcos Andreatini, un joven de 18 años del barrio de Villa Pueyrredón, falleció en el hospital Fernández después de haber asistido a un festival de música electrónica en Costa Salguero.
A estos dos casos se suman el alarmante dato de que en este último año han aumentado un 50% las atenciones de adolescentes intoxicados con alcohol en hospitales porteños.
Por Laura Rocha
De la Redacción de LA NACION
Multa para dos ministros
POR LA FALTA DE VACANTES EN ESCUELAS PORTEÑAS DE NIVEL INICIAL
Mariano Narodowski, titular de Educación, y María Eugenia Vidal, de Desarrollo Social, deben pagar 50 pesos por día hasta que presenten un plan para resolver un problema que afecta a unos 8000 niños y niñas. El martes rinden examen ante el juez.
Después de un año de incumplir una sentencia judicial, el ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, deberá pagar una multa de 50 pesos por día. Lo dispuso el juez en lo Contencioso Administrativo de la ciudad, Guillermo Treacy, en la demanda que una ONG inició contra el Estado porteño por la falta de vacantes en el nivel inicial de la educación en el sector estatal. En la ciudad, unos 8000 niños y niñas de hasta cinco años no consiguen lugar en jardines y guarderías y pasan su primera infancia en listas de espera aguardando un lugar que muchas veces no llega. Desde diciembre de 2006, cuando se inició la demanda, los sucesivos gobiernos no han presentado en la Justicia al menos un plan para resolver el problema. Por ese motivo, después de un año de advertencias, Narodowski deberá afrontar el pago de la multa. La misma sanción recibió la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, responsable de las guarderías. Los dos ministros fueron citados por el juez, para el martes próximo, a una audiencia donde deberán explicar si tienen un plan para cumplir con la sentencia.
La causa se inició en diciembre de 2006, ante una demanda presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en la que denunciaba la “exclusión de miles de niños y niñas de la educación pública en el nivel inicial por falta de vacantes”. Se argumentaba allí que el gobierno de la ciudad “no implementó las medidas necesarias para remediar la situación, a pesar de tener los recursos suficientes para hacerlo”. Para ese entonces, de acuerdo con cifras oficiales, el problema afectaba a 6047 chicos.
En 2007, en plena gestión de Jorge Telerman, el juez Treacy hizo lugar a la acción de amparo y le ordenó al gobierno que “presente en el término de veinte días un proyecto que especifique claramente las medidas que adoptará para asegurar que a partir de 2008 los niños de entre 45 días y cinco años puedan acceder a establecimientos de nivel inicial”. La ciudad apeló el fallo, pero la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia. Una nueva apelación llevó el expediente al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, donde se encuentra en la actualidad.
Ante la demora, la ACIJ pidió que se dictara una medida cautelar, a la que Treacy nuevamente hizo lugar, en marzo de 2008: el ministro –para entonces Narodowski llevaba tres meses en el cargo– debía presentar un plan para garantizar el acceso a la educación de los chicos involucrados, bajo apercibimiento de pagar una multa de 50 pesos por día.
Según la coordinadora del programa de Igualdad Educativa de la ACIJ, Nuria Becú, “el ministro nunca presentó un plan para solucionar el problema” y por eso, en diciembre último, le pidieron a Treacy que hiciera efectiva la sanción. Adhirió a ese pedido el asesor tutelar, Gustavo Moreno, que se encarga de defender los derechos de los niños y niñas de la ciudad. El juez nuevamente hizo lugar al pedido, el 19 de febrero último: les impuso a Narodowski y a Vidal una multa de 50 pesos diarios, lo que totalizaría 1500 pesos por mes, que les serían descontados de sus haberes.
En abril de 2008, Narodowski anunció públicamente que presentaría a la Justicia un plan para la construcción de doce nuevos jardines de infantes, especialmente en el sur de la ciudad, en un plazo de tres años: habló de cinco edificios nuevos y una cantidad no precisada de salas, más otros siete edificios que se harían con fondos del programa Mil Escuelas, de la Nación.
“En la causa sólo presentó un documento que habla de la gravedad de la situación y una lista imprecisa de obras donde no figuraba ubicación, presupuesto ni datos de las licitaciones”, dijo Becú anoche a Página/12. “Se limitó a hacer seis presentaciones, en muchos casos con información contradictoria e inconsistente”, agregó. El juez Treacy opinó en igual sentido al hacer efectiva la multa contra los funcionarios.
El asesor tutelar Gustavo Moreno opinó que “falta en la ciudad una política de Estado que tienda a la inclusión de los chicos en la educación inicial”. En ese sentido, responsabilizó a las gestiones de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman, además de la actual. “Entiendo que no se puede acabar con el problema de un día para otro, pero tampoco ha habido un plan para mitigarlo: el Estado no salió a contratar jardines privados para cubrir algunas vacantes”, dijo el funcionario a Página/12.
El juez Treacy citó a Narodowski y a Vidal para el martes 3 a las 11.30 –-un día después del oficialmente fijado para el inicio de las clases– en su despacho. Deben llevar “un informe detallado acerca de la forma y plazos en que darán cumplimiento a la sentencia”.
–Si el ministro lleva un plan, ¿el juez debería levantarle la sanción de la multa? –le preguntó este diario a la coordinadora de ACIJ.
–Eso lo va a resolver el juez. El plan tiene que ser muy concreto y específico, con plazos, presupuestos y mecanismos licitatorios. Y va a estar sometido a control judicial.
Fuente: www.pagina12.com.ar
Por Eduardo Videla
Curriculum
CURRICULUM VITAE
Dr. Gustavo Daniel MORENO
Carrera de grado:
• Procurador – egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires (1988).
• Abogado – egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires (1988).
Carrera de posgrado:
• Especialista en Derecho de Familia – egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires (2000).
Antecedentes profesionales:
• Ingreso al Poder Judicial de la Nación (República Argentina) en el año 1986, con desempeño en distintos cargos de empleado y funcionario hasta el año 1999, donde se registra el ingreso como funcionario al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Actual Asesor Tutelar ante ambas instancias de la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Ministerio Público Tutelar, Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; cargo al que accedió por concurso público, tomando posesión del cargo el 2 de octubre de 2000.
• Miembro electo del Jurado de Enjuiciamiento para el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2005/2007).
• Jurado para el concurso de Secretario de la Asesoría Tutelar Nº 2 ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2007).
Antecedentes académicos:
• Autor de diversos artículos jurídicos referidos en su gran mayoría a temas relativos al Derecho de Familia; a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Infancia, y al Ministerio Público, en prestigiosas publicaciones de la República Argentina (La Ley, El Derecho, Jurisprudencia Argentina, Revista de Derecho de Familia, Revista de la Administración Pública, entre otras), y en la República de Colombia (Universidad de Externado, Bogotá).
• Disertante y conferencista en distintas jornadas y congresos académicos, nacionales e internacionales.
• Ponente en los Congresos Internacionales de Derecho de Familia (Mendoza, Argentina 1998; Bogotá, Colombia 2000 ; La Habana, Cuba 2002; y Sevilla, España 2004).
• Miembro del Seminario Permanente de Investigación sobre Discapacidad, del Instituto Ambrosio Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Actividad docente:
• Docente de posgrado en el Programa de Actualización sobre Discapacidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (2006 – 2007).
• Docente de posgrado en la Carrera de Especialización de Consejero en Protección Integral de Niños y Adolescentes, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (2006).
• Docente de posgrado en la Curso de Especialización de Consejero en Protección Integral de Niños y Adolescentes, en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora (2006 - 2007).
• Profesor Titular de “Derecho Civil - Núcleos Basales” y “Derecho Civil - Parte General”, en la Carrera de Abogacía de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (2007).
• Capacitador en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el personal administrativo de la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
• Capacitador para los magistrados y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa, en Comodoro Rivadavia (2005), Rawson (2005) y Esquel (2006), de la Pcia. de Chubut.
Actividad asociativa:
• Vocal de la Comisión Directiva del Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Miembro asociado de la Asociación Civil de Defensores de la República Argentina.
• Miembro fundador de la Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Miembro asociado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Menores y Familia de la República Argentina.
• Secretario por Argentina de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Infancia y Juventud del MERCOSUR.
Dr. Gustavo Daniel MORENO
Carrera de grado:
• Procurador – egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires (1988).
• Abogado – egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires (1988).
Carrera de posgrado:
• Especialista en Derecho de Familia – egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires (2000).
Antecedentes profesionales:
• Ingreso al Poder Judicial de la Nación (República Argentina) en el año 1986, con desempeño en distintos cargos de empleado y funcionario hasta el año 1999, donde se registra el ingreso como funcionario al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Actual Asesor Tutelar ante ambas instancias de la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Ministerio Público Tutelar, Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; cargo al que accedió por concurso público, tomando posesión del cargo el 2 de octubre de 2000.
• Miembro electo del Jurado de Enjuiciamiento para el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2005/2007).
• Jurado para el concurso de Secretario de la Asesoría Tutelar Nº 2 ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2007).
Antecedentes académicos:
• Autor de diversos artículos jurídicos referidos en su gran mayoría a temas relativos al Derecho de Familia; a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Infancia, y al Ministerio Público, en prestigiosas publicaciones de la República Argentina (La Ley, El Derecho, Jurisprudencia Argentina, Revista de Derecho de Familia, Revista de la Administración Pública, entre otras), y en la República de Colombia (Universidad de Externado, Bogotá).
• Disertante y conferencista en distintas jornadas y congresos académicos, nacionales e internacionales.
• Ponente en los Congresos Internacionales de Derecho de Familia (Mendoza, Argentina 1998; Bogotá, Colombia 2000 ; La Habana, Cuba 2002; y Sevilla, España 2004).
• Miembro del Seminario Permanente de Investigación sobre Discapacidad, del Instituto Ambrosio Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Actividad docente:
• Docente de posgrado en el Programa de Actualización sobre Discapacidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (2006 – 2007).
• Docente de posgrado en la Carrera de Especialización de Consejero en Protección Integral de Niños y Adolescentes, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (2006).
• Docente de posgrado en la Curso de Especialización de Consejero en Protección Integral de Niños y Adolescentes, en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora (2006 - 2007).
• Profesor Titular de “Derecho Civil - Núcleos Basales” y “Derecho Civil - Parte General”, en la Carrera de Abogacía de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (2007).
• Capacitador en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el personal administrativo de la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
• Capacitador para los magistrados y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa, en Comodoro Rivadavia (2005), Rawson (2005) y Esquel (2006), de la Pcia. de Chubut.
Actividad asociativa:
• Vocal de la Comisión Directiva del Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Miembro asociado de la Asociación Civil de Defensores de la República Argentina.
• Miembro fundador de la Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Miembro asociado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Menores y Familia de la República Argentina.
• Secretario por Argentina de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Infancia y Juventud del MERCOSUR.
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