La Dra. Mussa usa el poder para limitar el accionar de la justicia

ARDE LA ASESORIA TUTELAR
En conflicto con Laura Mussa, Gustavo Moreno perdió facultades
La Asesora Tutelar General, Laura Musa, prohibió a su segundo recibir nuevas denuncias, realizar inspecciones oculares y continuar con viejas causas. Los curas villeros encabezados por Pepe Di Paola lo respaldan.
Por Lucas Schaerer Publicación: 28/09/2011Temática: Justicia
La decisión fue certera. Recortes de poderes al asesor Tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, el funcionario judicial en resguardo de los derechos de los menores que se enfrentó a las diferentes gestiones del GCBA. Desde hace semanas no puede recibir denuncias, realizar inspecciones oculares y se encuentra limitado en seguir las causas que impulsó en primera instancia. La supresión de facultades al asesor Tutelar de Cámara fue determinada por la asesora General, Laura Musa, según denunció el propio Moreno. Así, la máxima funcionaria que debería velar desde el poder judicial por los derechos de los menores de edad e incapaces es quien sale a enfrentar a su propio colega. En relación a este enfrentamiento, el equipo de curas para las villas miserias de la Ciudad presentó una carta a Mussa para que restituya las facultades a Moreno. Noticias Urbanas recibió en exclusiva el texto presentado este martes en la mesa de entrada de la Asesoría Tutelar General.“Nuestra carta valora el trabajo que Moreno viene haciendo en los barrios. No queremos que a raíz de un cargo superior se vea impedido a seguir recorriendo los barrios marginados como lo hace años. Queremos que mantenga la cercanía con las villas. No vemos que un nuevo cargo impida la cercanía con los pobres”, expresó a este medio el cura de la villa del Bajo Flores, Gustavo Carrara.La carta firmada por José "Pepe" Di Paola, en calidad de asesor de veinte curas villeros porteños, fue realizada "para manifestarle una preocupación respecto al impacto en las villas de la nueva situación del Asesor de Cámara", y agregó la misiva "nos preocupa que estas restricciones signifiquen un recorte en el acceso a los derechos de los más pobres".Gustavo Moreno inició el amparo por los menores adictos al paco, los cartoneritos, las irregularidades en los boliches y por las condiciones de asistencia a los pacientes psiquiátricos, entre otros temas de impacto social.

Grupo de la Sierra Denuncia

Denuncia Pública
Asesora Tutelar General restringe acceso a la Justicia

De acuerdo a la Resolución 120/11, la Asesora General Tutelar; Dra Laura Musa impuso un sistema de "TURNOS" para la atencion al público a cargo de los Asesores Tutelares de primera instancia a partir del 1º de agosto del corriente.-Queda evidenciada de esta manera, que la Sra Musa no tiene voluntad de que más habitantes accedan a la justicia, ya que maliciosamente impone a los ciudadanos que necesitan la intervención de la Asesoria que pidan TURNOS, y que se pudran sus derechos, mientras aguardan su turno.
Este sistema no solo restringe al acceso a la atención de los ciudadanos que así lo requieran sino que es una medida burocrática y arbitraria; maxime, porque se trata de velar por los derechos de los más necesitados como son los incapaces.
Ni hablar de la gran cantidad de expedientes que se duermen en los laureles en las oficinas de ciertas Asesorias de 1º Instancia desde que la Dra. Musa asumió. Ni hablar de la gran cantidad de niños durmiendo en las calles de la Ciudad, desnutridos, con frio en sus huesos, sin hogar, sin familia y sin ninguna intervencion de las Asesorias. Ni hablar de las familias que estan esperando una vivienda digna, salud o alimentación en las villas y los barrios de la ciudad.
¡¡¡LA DRA. MUSA SE DEFECA EN LOS DERECHOS DE LOS MAS VULNERABLES!!!

Denuciado por el Grupo de la Sierra

La Ministra Vidal Pasó la Topadora sobre los Pobres

Les entregarán apenas $ 700 a cada grupo familiar
El macrismo pasó la topadora para expulsar a la gente de “La Veredita”

Publicado el 4 de Junio de 2011 por Diario Tiempo Argentino

Por Claudio MardonesRodeadas de policías, más de 300 familias fueron desalojadas del predio en el Bajo Flores y sus casas destruidas. La ministra y candidata María Vidal fue la voz del gobierno que apeló la orden de pagar $ 7200 a cada familia.
La cuenta regresiva que durante meses mantuvo en vilo a más de 300 familias sin techo, terminó este viernes a las 6:30 de la mañana, cuando dos topadoras y más de 500 efectivos de las Policías Metropolitana y Federal desalojaron por la fuerza el asentamiento “La Veredita”, uno de los núcleos habitacionales más precarios de Villa Soldati, el barrio porteño más pobre de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde el 50% de su población sobrevive del cartoneo. La medida fue ordenada por la jueza contravencional porteña Claudia Álvaro y desembocó en una nueva pelea judicial entre el gobierno de Mauricio Macri y los tribunales de la Ciudad, debido a que la ministra de Desarrollo Social y candidata a vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, decidió desconocer dos medidas cautelares que habían sido dictadas por los jueces Vicente Cataldo y Elena Liberatori. Ambos magistrados resolvieron el pago que establece la ley de 7200 pesos, por única vez, para cada una de las familias que iban a ser desplazadas, pero Vidal sostuvo que “si les damos dinero o vivienda a estas familias lo que estamos diciendo es que se impone la ley del más fuerte”, dijo la funcionaria, mientras sigue adelante con su campaña electoral como compañera de fórmula del alcalde porteño.“La Veredita” está compuesta por tres núcleos de casillas que fueron erigidas por sus habitantes sobre la vereda de la calle Portela, entre Riestra y Castañares y sobre Riestra entre Lafuente y Portela. El tercer tramo del asentamiento, tiene más de cinco años de existencia y está ubicado a dos cuadras, sobre la calle Ana María Janner, entre Portela y Riestra. Los tres núcleos ocupan las veredas que rodean a tres terrenos: los predios del colegio Marianista, de los clubes Argentinos Juniors y DAOM, y de la Fuerza Aérea.La decisión de la jueza Álvaro estuvo destinada a desalojar con el uso de la fuerza pública a las dos primeras partes del asentamiento, donde hasta la mañana de este viernes habían más de 280 familias que terminaron aceptando una oferta de 700 pesos por única vez para que dejaran el lugar. La propuesta equivale al 10% del monto que dispuso la jueza Liberatori, pero fue realizada mientras dos topadoras arrasaban las casillas, ante la mirada atónita de un centenar de mujeres que trataban de resistir al avance de las columnas policiales y proteger a sus niños.“Nos trataron como basura y nos dijeron que no teníamos más alternativa que aceptar los 700 pesos y dejar el lugar, o las topadoras se iban a llevar nuestras cosas”, contó a Tiempo Argentino Laura Forno, una de las delegadas del asentamiento que presentó el amparo ante la justicia para evitar el desalojo. El jueves, un día antes del operativo represivo, la jueza Álvaro había dado por concluida la etapa de negociación, luego de que los fiscales Luis Duacastella Arbizu y Roberto Maragliano informaran el fracaso del intercambio con los habitantes de las calles Portela y Riestra. “Lo cierto es que lo único que ofrecieron fue el desalojo o 700 pesos, por eso lo rechazamos. Al día siguiente, cuando llegaron las topadoras a la madrugada, la oferta fue la misma, pero a la fuerza”, contó Forno a este diario, mientras sus vecinas levantaban sus pocas cosas para evitar que las máquinas excavadoras arrasaran con sus techos, sus colchones y la ropa de sus hijos. Para el comisario Ricardo Pedace, superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, se trató del sexto intento para liberar la zona y fue realizado “con total normalidad”, aunque muchos vecinos resistieron con forcejeos y piedras a la marcha ensordecedora de las topadoras.“La ministra Vidal, dice que cumplió el fallo, pero desobedeció dos órdenes cautelares y volvió a usar las topadoras como si fuera la época del intendente de facto Osvaldo Cacciatore”, denunció Gustavo Moreno, asesor tutelar de Cámara del Poder Judicial de la Ciudad. La funcionaria ya había anticipado que no cumpliría con el fallo, y dijo que la semana próxima analizaría la salida habitacional para “algunos afectados”. La ministra, que se encuentra en plena campaña electoral, no estuvo presente en el operativo y no dijo una palabra sobre el destino de los desalojados. No tiene mucho para decir, ya que no hay más lugar en los paradores del estado porteño, que desde esta semana quedaron repletos luego del desalojo del complejo habitacional ubicado en el Bajo Flores. Al parecer, los desalojados de “La Veredita” fueron condenados a terminar en ninguna parte, en medio de una campaña electoral que no se priva de utilizar las topadoras para ganar votantes en una Ciudad que vive al borde de la fractura.

A falta de techos, paradores...

En los departamentos de flores había 186 menores, muchos de ellos ubicados ahora lejos de sus padres.
Advierten que faltarán más de 500 casas para desalojados del RiachueloPublicado el 1 de Junio de 2011

Por Claudio MardonesEl asesor tutelar del poder judicial porteño, Gustavo Moreno, anticipa que la proyección de casas a construir no es suficiente para ubicar a las 2424 familias. Hoy se realiza otra audiencia pública ante la Corte Suprema.

En la Villa 21-24 de Barracas, contabilizamos a 1347 familias viviendo al lado del Riachuelo en situación de extrema pobreza, pero comprobamos que faltan más de 500 viviendas para poder completar la relocalización total que ordena la Corte para empezar el saneamiento de la cuenca.”La advertencia fue realizada por Gustavo Moreno, Asesor Tutelar de Cámara del poder judicial porteño, y uno de los funcionarios del Ministerio Público Tutelar que ha seguido de cerca la relocalización de las familias que viven al lado del curso de agua más contaminado del país.La falta de techos para concretar la reubicación dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue confirmada por Moreno a Tiempo Argentino, cuando faltan pocas horas para que el máximo tribunal reanude, hoy a las 10, la audiencia pública que dispuso para controlar el saneamiento que ordenó en 2008.Según los datos que maneja Moreno, al principio, el gobierno porteño, por medio del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), había destinado 1060 viviendas para esa relocalización, según el plan que su presidente, Omar Abboud, entregó al juez federal Luis Armella a principios de año, cuando faltaba un día para que vencieran los plazos que estableció el magistrado.Dentro de ese plan, el IVC había calculado erigir 840 casas en el predio de “Mundo Grúa”, ubicado en el límite de la Villa 21-24 con Zavaleta, es decir a pocos metros de Iguazú e Iriarte, en el extremo sudoeste del barrio. Sin embargo, un estudio de factibilidad de ese lugar, concluyó que en ese lugar no se podían proyectar 840 viviendas, sino 500.“A las 340 casas que no se pueden construir, se suman otras 220, que están ubicadas en la Avenida General Paz y Castañares, dentro del predio que construyó la Fundación Madres de Plaza de Mayo y que implica un grave desarraigo para las familias, especialmente porque no tienen una sola escuela, ni hospital, ni infraestructura social que los reciba en esa zona”, explicó el fiscal.El fantasma de quedar tirado en cualquier lado no es nuevo en la causa del Riachuelo.El lunes ocurrió en otro caso vinculado con la relocalización de los habitantes del camino de sirga, es decir, los 35 metros de espacio público que hay a los dos lados de la costa, donde viven 2424 familias.El lunes, después de que la Policía Metropolitana desalojara los departamentos del complejo habitacional construido por el IVC en Lafuente y Portela, Moreno inspeccionó el predio de la Metro donde habían llevado a todas las personas que aceptaron desalojar pacíficamente el edificio que tomaron en marzo.Una vez en el lugar, los funcionarios de la Asesoría Tutelar ante la Cámara concluyeron que dentro del edificio tomado había 186 chicos menores de 18 años y 84 familias.Cuando preguntaron a qué lugar serían trasladados, el equipo del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de María Eugenia Vidal, contestó que “la única opción” eran los paradores de la Ciudad.La situación derivó en la protesta de varios desplazados, porque sólo cinco familias pudieron continuar unidas en el Parador Costanera, el único destinado a albergar familias completas. Las otras restantes, es decir, 79 familias, fueron desmembradas para poder meterlas en los pocos lugares disponibles de los otros paradores. El lugar que ocuparon hasta hace 48 horas, estaba destinado a las familias de “El Pueblito”, uno de los asentamientos ubicados al lado del Riachuelo que también será relocalizado. Al parecer, el síndrome de la frazada corta en la causa del Riachuelo, no ha terminado En vísperas de la audiencia que comenzará hoy a las 10, Moreno dijo estar esperanzado en que el máximo tribunal pregunte “sobre el problema habitacional y sobre la forma en la que se han hecho desalojos sin relocalización y con subsidios, algo que viola completamente el fallo de la Corte”.

Fuente: Diario Tiempo Argentino 1/6/2011 Pag. 32

Una realidad

Empezaron las obras de la Terapia Intensiva Pediátrica en el Hospital de Quemados en cumplimiento de la sentencia dictada por la Jueza Petrella en el Expte "Asesoria Tutelar 1 c/ GCBA s/ amparo". Una realidad para exigibilidad de los derechos sociales. Dr. Moreno (19/5/2011)

La sociedad mundial

"En una sola semana, la sociedad mundial actual beatificó a un Papa, casó a un príncipe y mató a un moro. Mientras los pobres siguen muriendo de enfermedad y hambre. ¡Bienvenidos a la Edad Media!". Dr. Gustavo Moreno (18/5/2011)

Moreno 1- IRSA 0

SOCIEDAD › EL GOBIERNO APELARA EL FALLO QUE LO OBLIGA A URBANIZAR UNA VILLA EN LA COSTANERA SUR
El miedo a los pobres en Puerto Madero
Una jueza porteña le ordenó al gobierno de Macri presentar en 120 días un plan para urbanizar la villa Rodrigo Bueno. El jefe de Gabinete dijo que el fallo era “un disparate”. En el fondo del conflicto, un megaproyecto inmobiliario.
Final del formulario
Por Eduardo Videla (pagina 12 25/03/2011)
Para el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, urbanizar una villa ubicada junto a la Reserva Ecológica, tal como lo ordenó en un fallo la Justicia porteña, resulta un “disparate”. En esos términos, el funcionario adelantó que el Gobierno de la Ciudad apelará la medida, dictada el martes último por la jueza Elena Liberatori en una causa que ya lleva casi seis años. La magistrada, antes de adoptar la resolución, consultó a especialistas que dictaminaron que urbanizar esa villa es técnicamente posible y recomendable. En rigor, existe una controversia de fondo que consiste en la proximidad de este barrio precario, donde hoy viven unas 700 familias, de acuerdo con el último censo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), con los terrenos donde el holding IRSA planea construir un megaemprendimiento de viviendas y espacios de recreación marina para personas de alto poder adquisitivo.
La causa se inició en 2005, cuando un decreto del gobierno porteño, durante la gestión de Jorge Telerman, dispuso un plan de subsidios para los que aceptaran irse de la villa, con la idea de erradicarla. Muchas familias aceptaron el dinero, pero otras iniciaron un reclamo judicial, en ese momento, con el apoyo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“Los querían sacar con dinero porque el asentamiento resultaba molesto para el emprendimiento de IRSA”, dijo a Página/12 Gustavo Moreno, quien intervino en el caso como asesor tutelar de primera instancia, en representación de los niños que viven en la villa. Moreno logró que se declare inconstitucional la inclusión del barrio dentro de los límites de la Reserva Ecológica. “Cuando se hizo esa delimitación por ordenanza, en 1986, la villa ya existía, no se trata de una ocupación posterior”, argumentó el asesor.
La historia de la villa Rodrigo Bueno fue reconstruida para la causa por un equipo de antropólogas del Instituto Gino Germani de la UBA y del Conicet, designado por la jueza Liberatori. Los primeros asentamientos datan de mediados de los años ’80, pero su mayor crecimiento coincide con la etapa de crecimiento de Puerto Madero. “Allí vive mucha de la gente que trabaja en la construcción de los grandes emprendimientos inmobiliarios de ese barrio”, relató a este diario Rocío Sánchez Andía, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, autora de un proyecto para urbanizar dicha villa.
La villa Rodrigo Bueno se encuentra ubicada sobre la avenida Costanera Sur, entre la Reserva Ecológica y los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, que en 1997 compró IRSA para su emprendimiento Santa María del Plata. Pero entre la Reserva y la villa hay un cementerio de autos judicializados, de la Policía Federal, y un baldío donde funcionó el obrador de la empresa Covimet. Dos lotes sobre los que los gobiernos de la ciudad no mostraron tanto interés en recuperar como el que ocupa la villa.
El arquitecto Jaime Sorín recibió a principios de 2010, cuando todavía era decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, un pedido de la jueza Liberatori para que, en el marco de la causa, analice la factibilidad de urbanizar el barrio o determine si, por el contrario, era necesario erradicarlo. “El asentamiento tiene muchos años, construcciones definitivas y sólidas, aunque necesitan una mejora. Lo que sí requiere es inversión en espacio público: veredas, calles, agua, una plaza, comedor y guardería”, explicó Sorín a este diario, al hacer una síntesis de su dictamen.
Es que el único equipamiento que tiene el barrio es una capilla, Nuestra Señora de Caacupé, donde hasta fines del año pasado hacía su trabajo pastoral el cura Jorge Carbonell, hoy reemplazante de Pepe Di Paola al frente de la Pastoral Villera porteña.
Sorín advierte que hoy la villa quiere ser erradicada por el mismo Estado que antes le dio chapas, en la gestión de Ibarra, o caños para el agua, durante el actual gobierno. “Se debe dar allí una solución definitiva, a través de una ley de radicación como hicimos con la Villa 31”, agregó Facundo Di Filippo, legislador con mandato cumplido.
En su fallo, la jueza Liberatori declaró nulos los decretos que disponían el desalojo del predio, dispuso la incorporación del barrio Rodrigo Bueno al Programa de Radicación de Villas (Ley 148) de la cual estaba marginado, y le ordenó al Gobierno de la Ciudad que en 120 días presente un plan de integración urbana y social del barrio, entre otras medidas.
El gobierno porteño respondió a través de su jefe de Gabinete. “Realmente es un disparate. Estamos convalidando una toma a gente que ha usurpado un lugar. No podemos convalidar dándole un apoyo del Estado a alguien que tomó un espacio público o un espacio privado”, dijo Rodríguez Larreta.
“Deberían ser más sinceros –le respondió la diputada Sánchez Andía– y reconocer que ideológicamente no les gusta que haya una villa en Puerto Madero. Porque en lo técnico no hay ningún impedimento.”