La Dra. Mussa usa el poder para limitar el accionar de la justicia

ARDE LA ASESORIA TUTELAR
En conflicto con Laura Mussa, Gustavo Moreno perdió facultades
La Asesora Tutelar General, Laura Musa, prohibió a su segundo recibir nuevas denuncias, realizar inspecciones oculares y continuar con viejas causas. Los curas villeros encabezados por Pepe Di Paola lo respaldan.
Por Lucas Schaerer Publicación: 28/09/2011Temática: Justicia
La decisión fue certera. Recortes de poderes al asesor Tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, el funcionario judicial en resguardo de los derechos de los menores que se enfrentó a las diferentes gestiones del GCBA. Desde hace semanas no puede recibir denuncias, realizar inspecciones oculares y se encuentra limitado en seguir las causas que impulsó en primera instancia. La supresión de facultades al asesor Tutelar de Cámara fue determinada por la asesora General, Laura Musa, según denunció el propio Moreno. Así, la máxima funcionaria que debería velar desde el poder judicial por los derechos de los menores de edad e incapaces es quien sale a enfrentar a su propio colega. En relación a este enfrentamiento, el equipo de curas para las villas miserias de la Ciudad presentó una carta a Mussa para que restituya las facultades a Moreno. Noticias Urbanas recibió en exclusiva el texto presentado este martes en la mesa de entrada de la Asesoría Tutelar General.“Nuestra carta valora el trabajo que Moreno viene haciendo en los barrios. No queremos que a raíz de un cargo superior se vea impedido a seguir recorriendo los barrios marginados como lo hace años. Queremos que mantenga la cercanía con las villas. No vemos que un nuevo cargo impida la cercanía con los pobres”, expresó a este medio el cura de la villa del Bajo Flores, Gustavo Carrara.La carta firmada por José "Pepe" Di Paola, en calidad de asesor de veinte curas villeros porteños, fue realizada "para manifestarle una preocupación respecto al impacto en las villas de la nueva situación del Asesor de Cámara", y agregó la misiva "nos preocupa que estas restricciones signifiquen un recorte en el acceso a los derechos de los más pobres".Gustavo Moreno inició el amparo por los menores adictos al paco, los cartoneritos, las irregularidades en los boliches y por las condiciones de asistencia a los pacientes psiquiátricos, entre otros temas de impacto social.

Grupo de la Sierra Denuncia

Denuncia Pública
Asesora Tutelar General restringe acceso a la Justicia

De acuerdo a la Resolución 120/11, la Asesora General Tutelar; Dra Laura Musa impuso un sistema de "TURNOS" para la atencion al público a cargo de los Asesores Tutelares de primera instancia a partir del 1º de agosto del corriente.-Queda evidenciada de esta manera, que la Sra Musa no tiene voluntad de que más habitantes accedan a la justicia, ya que maliciosamente impone a los ciudadanos que necesitan la intervención de la Asesoria que pidan TURNOS, y que se pudran sus derechos, mientras aguardan su turno.
Este sistema no solo restringe al acceso a la atención de los ciudadanos que así lo requieran sino que es una medida burocrática y arbitraria; maxime, porque se trata de velar por los derechos de los más necesitados como son los incapaces.
Ni hablar de la gran cantidad de expedientes que se duermen en los laureles en las oficinas de ciertas Asesorias de 1º Instancia desde que la Dra. Musa asumió. Ni hablar de la gran cantidad de niños durmiendo en las calles de la Ciudad, desnutridos, con frio en sus huesos, sin hogar, sin familia y sin ninguna intervencion de las Asesorias. Ni hablar de las familias que estan esperando una vivienda digna, salud o alimentación en las villas y los barrios de la ciudad.
¡¡¡LA DRA. MUSA SE DEFECA EN LOS DERECHOS DE LOS MAS VULNERABLES!!!

Denuciado por el Grupo de la Sierra

La Ministra Vidal Pasó la Topadora sobre los Pobres

Les entregarán apenas $ 700 a cada grupo familiar
El macrismo pasó la topadora para expulsar a la gente de “La Veredita”

Publicado el 4 de Junio de 2011 por Diario Tiempo Argentino

Por Claudio MardonesRodeadas de policías, más de 300 familias fueron desalojadas del predio en el Bajo Flores y sus casas destruidas. La ministra y candidata María Vidal fue la voz del gobierno que apeló la orden de pagar $ 7200 a cada familia.
La cuenta regresiva que durante meses mantuvo en vilo a más de 300 familias sin techo, terminó este viernes a las 6:30 de la mañana, cuando dos topadoras y más de 500 efectivos de las Policías Metropolitana y Federal desalojaron por la fuerza el asentamiento “La Veredita”, uno de los núcleos habitacionales más precarios de Villa Soldati, el barrio porteño más pobre de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde el 50% de su población sobrevive del cartoneo. La medida fue ordenada por la jueza contravencional porteña Claudia Álvaro y desembocó en una nueva pelea judicial entre el gobierno de Mauricio Macri y los tribunales de la Ciudad, debido a que la ministra de Desarrollo Social y candidata a vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, decidió desconocer dos medidas cautelares que habían sido dictadas por los jueces Vicente Cataldo y Elena Liberatori. Ambos magistrados resolvieron el pago que establece la ley de 7200 pesos, por única vez, para cada una de las familias que iban a ser desplazadas, pero Vidal sostuvo que “si les damos dinero o vivienda a estas familias lo que estamos diciendo es que se impone la ley del más fuerte”, dijo la funcionaria, mientras sigue adelante con su campaña electoral como compañera de fórmula del alcalde porteño.“La Veredita” está compuesta por tres núcleos de casillas que fueron erigidas por sus habitantes sobre la vereda de la calle Portela, entre Riestra y Castañares y sobre Riestra entre Lafuente y Portela. El tercer tramo del asentamiento, tiene más de cinco años de existencia y está ubicado a dos cuadras, sobre la calle Ana María Janner, entre Portela y Riestra. Los tres núcleos ocupan las veredas que rodean a tres terrenos: los predios del colegio Marianista, de los clubes Argentinos Juniors y DAOM, y de la Fuerza Aérea.La decisión de la jueza Álvaro estuvo destinada a desalojar con el uso de la fuerza pública a las dos primeras partes del asentamiento, donde hasta la mañana de este viernes habían más de 280 familias que terminaron aceptando una oferta de 700 pesos por única vez para que dejaran el lugar. La propuesta equivale al 10% del monto que dispuso la jueza Liberatori, pero fue realizada mientras dos topadoras arrasaban las casillas, ante la mirada atónita de un centenar de mujeres que trataban de resistir al avance de las columnas policiales y proteger a sus niños.“Nos trataron como basura y nos dijeron que no teníamos más alternativa que aceptar los 700 pesos y dejar el lugar, o las topadoras se iban a llevar nuestras cosas”, contó a Tiempo Argentino Laura Forno, una de las delegadas del asentamiento que presentó el amparo ante la justicia para evitar el desalojo. El jueves, un día antes del operativo represivo, la jueza Álvaro había dado por concluida la etapa de negociación, luego de que los fiscales Luis Duacastella Arbizu y Roberto Maragliano informaran el fracaso del intercambio con los habitantes de las calles Portela y Riestra. “Lo cierto es que lo único que ofrecieron fue el desalojo o 700 pesos, por eso lo rechazamos. Al día siguiente, cuando llegaron las topadoras a la madrugada, la oferta fue la misma, pero a la fuerza”, contó Forno a este diario, mientras sus vecinas levantaban sus pocas cosas para evitar que las máquinas excavadoras arrasaran con sus techos, sus colchones y la ropa de sus hijos. Para el comisario Ricardo Pedace, superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, se trató del sexto intento para liberar la zona y fue realizado “con total normalidad”, aunque muchos vecinos resistieron con forcejeos y piedras a la marcha ensordecedora de las topadoras.“La ministra Vidal, dice que cumplió el fallo, pero desobedeció dos órdenes cautelares y volvió a usar las topadoras como si fuera la época del intendente de facto Osvaldo Cacciatore”, denunció Gustavo Moreno, asesor tutelar de Cámara del Poder Judicial de la Ciudad. La funcionaria ya había anticipado que no cumpliría con el fallo, y dijo que la semana próxima analizaría la salida habitacional para “algunos afectados”. La ministra, que se encuentra en plena campaña electoral, no estuvo presente en el operativo y no dijo una palabra sobre el destino de los desalojados. No tiene mucho para decir, ya que no hay más lugar en los paradores del estado porteño, que desde esta semana quedaron repletos luego del desalojo del complejo habitacional ubicado en el Bajo Flores. Al parecer, los desalojados de “La Veredita” fueron condenados a terminar en ninguna parte, en medio de una campaña electoral que no se priva de utilizar las topadoras para ganar votantes en una Ciudad que vive al borde de la fractura.

A falta de techos, paradores...

En los departamentos de flores había 186 menores, muchos de ellos ubicados ahora lejos de sus padres.
Advierten que faltarán más de 500 casas para desalojados del RiachueloPublicado el 1 de Junio de 2011

Por Claudio MardonesEl asesor tutelar del poder judicial porteño, Gustavo Moreno, anticipa que la proyección de casas a construir no es suficiente para ubicar a las 2424 familias. Hoy se realiza otra audiencia pública ante la Corte Suprema.

En la Villa 21-24 de Barracas, contabilizamos a 1347 familias viviendo al lado del Riachuelo en situación de extrema pobreza, pero comprobamos que faltan más de 500 viviendas para poder completar la relocalización total que ordena la Corte para empezar el saneamiento de la cuenca.”La advertencia fue realizada por Gustavo Moreno, Asesor Tutelar de Cámara del poder judicial porteño, y uno de los funcionarios del Ministerio Público Tutelar que ha seguido de cerca la relocalización de las familias que viven al lado del curso de agua más contaminado del país.La falta de techos para concretar la reubicación dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue confirmada por Moreno a Tiempo Argentino, cuando faltan pocas horas para que el máximo tribunal reanude, hoy a las 10, la audiencia pública que dispuso para controlar el saneamiento que ordenó en 2008.Según los datos que maneja Moreno, al principio, el gobierno porteño, por medio del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), había destinado 1060 viviendas para esa relocalización, según el plan que su presidente, Omar Abboud, entregó al juez federal Luis Armella a principios de año, cuando faltaba un día para que vencieran los plazos que estableció el magistrado.Dentro de ese plan, el IVC había calculado erigir 840 casas en el predio de “Mundo Grúa”, ubicado en el límite de la Villa 21-24 con Zavaleta, es decir a pocos metros de Iguazú e Iriarte, en el extremo sudoeste del barrio. Sin embargo, un estudio de factibilidad de ese lugar, concluyó que en ese lugar no se podían proyectar 840 viviendas, sino 500.“A las 340 casas que no se pueden construir, se suman otras 220, que están ubicadas en la Avenida General Paz y Castañares, dentro del predio que construyó la Fundación Madres de Plaza de Mayo y que implica un grave desarraigo para las familias, especialmente porque no tienen una sola escuela, ni hospital, ni infraestructura social que los reciba en esa zona”, explicó el fiscal.El fantasma de quedar tirado en cualquier lado no es nuevo en la causa del Riachuelo.El lunes ocurrió en otro caso vinculado con la relocalización de los habitantes del camino de sirga, es decir, los 35 metros de espacio público que hay a los dos lados de la costa, donde viven 2424 familias.El lunes, después de que la Policía Metropolitana desalojara los departamentos del complejo habitacional construido por el IVC en Lafuente y Portela, Moreno inspeccionó el predio de la Metro donde habían llevado a todas las personas que aceptaron desalojar pacíficamente el edificio que tomaron en marzo.Una vez en el lugar, los funcionarios de la Asesoría Tutelar ante la Cámara concluyeron que dentro del edificio tomado había 186 chicos menores de 18 años y 84 familias.Cuando preguntaron a qué lugar serían trasladados, el equipo del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de María Eugenia Vidal, contestó que “la única opción” eran los paradores de la Ciudad.La situación derivó en la protesta de varios desplazados, porque sólo cinco familias pudieron continuar unidas en el Parador Costanera, el único destinado a albergar familias completas. Las otras restantes, es decir, 79 familias, fueron desmembradas para poder meterlas en los pocos lugares disponibles de los otros paradores. El lugar que ocuparon hasta hace 48 horas, estaba destinado a las familias de “El Pueblito”, uno de los asentamientos ubicados al lado del Riachuelo que también será relocalizado. Al parecer, el síndrome de la frazada corta en la causa del Riachuelo, no ha terminado En vísperas de la audiencia que comenzará hoy a las 10, Moreno dijo estar esperanzado en que el máximo tribunal pregunte “sobre el problema habitacional y sobre la forma en la que se han hecho desalojos sin relocalización y con subsidios, algo que viola completamente el fallo de la Corte”.

Fuente: Diario Tiempo Argentino 1/6/2011 Pag. 32

Una realidad

Empezaron las obras de la Terapia Intensiva Pediátrica en el Hospital de Quemados en cumplimiento de la sentencia dictada por la Jueza Petrella en el Expte "Asesoria Tutelar 1 c/ GCBA s/ amparo". Una realidad para exigibilidad de los derechos sociales. Dr. Moreno (19/5/2011)

La sociedad mundial

"En una sola semana, la sociedad mundial actual beatificó a un Papa, casó a un príncipe y mató a un moro. Mientras los pobres siguen muriendo de enfermedad y hambre. ¡Bienvenidos a la Edad Media!". Dr. Gustavo Moreno (18/5/2011)

Moreno 1- IRSA 0

SOCIEDAD › EL GOBIERNO APELARA EL FALLO QUE LO OBLIGA A URBANIZAR UNA VILLA EN LA COSTANERA SUR
El miedo a los pobres en Puerto Madero
Una jueza porteña le ordenó al gobierno de Macri presentar en 120 días un plan para urbanizar la villa Rodrigo Bueno. El jefe de Gabinete dijo que el fallo era “un disparate”. En el fondo del conflicto, un megaproyecto inmobiliario.
Final del formulario
Por Eduardo Videla (pagina 12 25/03/2011)
Para el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, urbanizar una villa ubicada junto a la Reserva Ecológica, tal como lo ordenó en un fallo la Justicia porteña, resulta un “disparate”. En esos términos, el funcionario adelantó que el Gobierno de la Ciudad apelará la medida, dictada el martes último por la jueza Elena Liberatori en una causa que ya lleva casi seis años. La magistrada, antes de adoptar la resolución, consultó a especialistas que dictaminaron que urbanizar esa villa es técnicamente posible y recomendable. En rigor, existe una controversia de fondo que consiste en la proximidad de este barrio precario, donde hoy viven unas 700 familias, de acuerdo con el último censo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), con los terrenos donde el holding IRSA planea construir un megaemprendimiento de viviendas y espacios de recreación marina para personas de alto poder adquisitivo.
La causa se inició en 2005, cuando un decreto del gobierno porteño, durante la gestión de Jorge Telerman, dispuso un plan de subsidios para los que aceptaran irse de la villa, con la idea de erradicarla. Muchas familias aceptaron el dinero, pero otras iniciaron un reclamo judicial, en ese momento, con el apoyo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“Los querían sacar con dinero porque el asentamiento resultaba molesto para el emprendimiento de IRSA”, dijo a Página/12 Gustavo Moreno, quien intervino en el caso como asesor tutelar de primera instancia, en representación de los niños que viven en la villa. Moreno logró que se declare inconstitucional la inclusión del barrio dentro de los límites de la Reserva Ecológica. “Cuando se hizo esa delimitación por ordenanza, en 1986, la villa ya existía, no se trata de una ocupación posterior”, argumentó el asesor.
La historia de la villa Rodrigo Bueno fue reconstruida para la causa por un equipo de antropólogas del Instituto Gino Germani de la UBA y del Conicet, designado por la jueza Liberatori. Los primeros asentamientos datan de mediados de los años ’80, pero su mayor crecimiento coincide con la etapa de crecimiento de Puerto Madero. “Allí vive mucha de la gente que trabaja en la construcción de los grandes emprendimientos inmobiliarios de ese barrio”, relató a este diario Rocío Sánchez Andía, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, autora de un proyecto para urbanizar dicha villa.
La villa Rodrigo Bueno se encuentra ubicada sobre la avenida Costanera Sur, entre la Reserva Ecológica y los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, que en 1997 compró IRSA para su emprendimiento Santa María del Plata. Pero entre la Reserva y la villa hay un cementerio de autos judicializados, de la Policía Federal, y un baldío donde funcionó el obrador de la empresa Covimet. Dos lotes sobre los que los gobiernos de la ciudad no mostraron tanto interés en recuperar como el que ocupa la villa.
El arquitecto Jaime Sorín recibió a principios de 2010, cuando todavía era decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, un pedido de la jueza Liberatori para que, en el marco de la causa, analice la factibilidad de urbanizar el barrio o determine si, por el contrario, era necesario erradicarlo. “El asentamiento tiene muchos años, construcciones definitivas y sólidas, aunque necesitan una mejora. Lo que sí requiere es inversión en espacio público: veredas, calles, agua, una plaza, comedor y guardería”, explicó Sorín a este diario, al hacer una síntesis de su dictamen.
Es que el único equipamiento que tiene el barrio es una capilla, Nuestra Señora de Caacupé, donde hasta fines del año pasado hacía su trabajo pastoral el cura Jorge Carbonell, hoy reemplazante de Pepe Di Paola al frente de la Pastoral Villera porteña.
Sorín advierte que hoy la villa quiere ser erradicada por el mismo Estado que antes le dio chapas, en la gestión de Ibarra, o caños para el agua, durante el actual gobierno. “Se debe dar allí una solución definitiva, a través de una ley de radicación como hicimos con la Villa 31”, agregó Facundo Di Filippo, legislador con mandato cumplido.
En su fallo, la jueza Liberatori declaró nulos los decretos que disponían el desalojo del predio, dispuso la incorporación del barrio Rodrigo Bueno al Programa de Radicación de Villas (Ley 148) de la cual estaba marginado, y le ordenó al Gobierno de la Ciudad que en 120 días presente un plan de integración urbana y social del barrio, entre otras medidas.
El gobierno porteño respondió a través de su jefe de Gabinete. “Realmente es un disparate. Estamos convalidando una toma a gente que ha usurpado un lugar. No podemos convalidar dándole un apoyo del Estado a alguien que tomó un espacio público o un espacio privado”, dijo Rodríguez Larreta.
“Deberían ser más sinceros –le respondió la diputada Sánchez Andía– y reconocer que ideológicamente no les gusta que haya una villa en Puerto Madero. Porque en lo técnico no hay ningún impedimento.”

Moreno 1- Larreta 0

Un fallo ordena al gobierno porteño a hacerlo en 120 días
Para Rodríguez Larreta, urbanizar la Villa Rodrigo Bueno “es un disparate”Publicado el 25 de Marzo de 2011
Por Claudio MardonesEl jefe de Gabinete PRO evitó decir que el grupo IRSA, que tiene como gerente a su hermano Augusto, proyecta un barrio de lujo en la zona.
Para el gobierno porteño, la Villa Rodrigo Bueno, habitada por casi 400 familias sobre el costado sur del lujoso Puerto Madero, no es un barrio sino una usurpación que no merece ser urbanizada. La polémica caracterización fue pronunciada ayer por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, en respuesta a un fallo de la justicia porteña que ordena la urbanización de ese asentamiento en un plazo de 120 días.“Realmente es un disparate. En este caso, es una zona donde no hay infraestructura adecuada para que la gente viva. Estamos convalidando una toma a gente que ha usurpado un lugar”, dijo el funcionario, luego de conocer la medida dispuesta por la jueza Elena Liberatori de Aramburu, titular del cuarto juzgado contencioso de la Ciudad. El fallo, firmado el lunes, considera probado que la villa nació antes que la Reserva Ecológica, que data de 1986, y establece un duro precedente para el megaproyecto inmobiliario Solares de Santa María, un barrio de lujo proyectado por el holding Inversiones y Representaciones SA (IRSA) en las mismas tierras que pertenecieron hace 30 años a la Ciudad Deportiva del Club Boca Juniors y que están frente a la Villa Rodrigo Bueno, en el último extremo de la ribera porteña.El fallo también establece un plazo de 30 días para que la comuna saque el depósito de chatarra que está al lado del barrio, pero ninguno de esos términos será cumplido. Rodríguez Larreta, en su papel de precandidato a jefe de gobierno del PRO, anticipó que apelará el fallo, pero en medio de la intempestiva respuesta se le olvidó un dato íntimo: su hermano, Augusto Rodríguez Larreta, se desempeña como gerente de Relaciones Institucionales del holding perteneciente a Eduardo Elsztain, que también es propietario del 14% del Banco Hipotecario, once shoppings y cientos de emprendimientos inmobiliarios. Por otra parte, apenas asumió Mauricio Macri como jefe de gobierno, en diciembre de 2007, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) quedó en manos del arquitecto Roberto Apelbaum, ex director de IRSA y del Hipotecario. Desde su llegada al IVC, el organismo quedó virtualmente desfinanciado.Dentro de la causa, un informe realizado por un equipo de antropólogas sociales de la UBA e investigadoras del CONICET, advierte que el barrio está habitado por porteños signados por “la imposibilidad de acceder a la vivienda urbana a través de los mecanismos de mercado” y que padecen “la exclusión de programas estatales de vivienda y la necesidad de ‘arreglárselas por las suyas’ para resolver carencias básicas”.El fallo señala que “en otras épocas, la ciudad no dio ninguna importancia” a la Costanera Sur, pero “ante la recuperación edilicia y económica del barrio y con inmuebles que cotizan en 4000 dólares el metro cuadrado, ahora la comuna pretende desalojar”. Consultado sobre la apelación que presentará el PRO, el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, dijo que no le extraña la respuesta, pero advirtió que apoyará el fallo en segunda instancia. “Lo triste”, dijo, “es que Rodríguez Larreta no entiende nada porque no sale de Bolívar 1, pero lo cierto es que el Estado se dio cuenta que existía Rodrigo Bueno el día que IRSA empezó su emprendimiento inmobiliario.”

Opinión
“El problema de fondo no se soluciona con polémicas”
Publicado el 19 de Marzo de 2011 (diario Tiempo Argentino)
Por Gustavo MorenoAsesor Tutelar de la Cámara del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
En medio de las polémicas mediáticas, ni el gobierno nacional ni el de la Ciudad se animan a tocar el principal tema de fondo que ha quedado al desnudo después de la crisis del Parque Indoamericano. Hasta ahora, nadie habló de la creciente pobreza y la profunda crisis habitacional que atraviesa a la zona sur porteña. Nadie ha dicho que desde San Juan y San Pedrito hacia el sur hay una ciudad postergada, y que del otro lado existe otra realidad. Han pasado tres meses desde la toma más grande que tuvo la Ciudad de Buenos Aires y, especialmente, el gobierno porteño ha demostrado que no está preocupado por solucionar la violación a los derechos sociales que se vive en las villas y asentamientos. Los cercos de seguridad pueden servir en un momento coyuntural de violencia, pero sólo sirven en ese momento. Luego, la única solución de fondo consiste en asumir la crisis social y buscar soluciones reales, como tener una política de Estado en materia habitacional con construcción permanente de viviendas y que incluya la urbanización de todas las villas. En estos barrios, el tema central es la falta de Estado, es decir, la ausencia de viviendas, salud y escuelas. Sin esa respuesta, creo que las tomas continuarán. Falta Estado y el problema de fondo no se soluciona con polémicas públicas.

Dr. Moreno en la franja del Riachuelo

Si continúan las demoras, los funcionarios serán multados
El juez del Riachuelo ordenó que no haya desalojo sin reubicación
Publicado el 24 de Febrero de 2011 (Diario Tiempo Argentino)
Por Claudio Mardones
Luis Armella, a cargo del juzgado federal de Quilmes, fijó además un detallado cronograma con fechas límites para garantizar el traslado de las familias que viven en la ribera. Impuso también un trabajo de “concientización”.
El Riachuelo ya cuenta con un cronograma real de saneamiento que incluye la relocalización de todas las familias que viven en las dos riberas del curso de agua más contaminado de la Argentina. Este martes, el juez federal de Quilmes Luis Armella ratificó que no puede haber desalojo de las personas que viven en la franja de 35 metros que nace en el Riachuelo sin una relocalización efectiva de todas las familias. La decisión establece, por primera vez, un cronograma detallado con fechas límites para que todos los estados que integran la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) garanticen el traslado de las familias.En la resolución, a la que accedió Tiempo Argentino, Armella estableció plazos específicos para reubicar a todas las familias que viven en el camino de sirga de los partidos bonaerenses de Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús y La Matanza, además de toda la costa porteña. En la Capital los plazos de reubicación son mucho más cortos que en provincia, donde la mayoría de los límites finales expiran en 2012 y 2013. El letrado aclaró que se trata de “plazos que responden a los estándares de celeridad exigidos, necesarios para dar respuestas a la acuciante situación habitacional existente en la cuenca en saneamiento, y en especial para la definitiva liberación del denominado camino de sirga”. La aclaración no es menor, ya que la ACUMAR no podrá comenzar a limpiar el Riachuelo hasta que no haya liberado la ribera, hoy colmada de personas pobres que viven en estado de alerta desde que comenzaron los primeros intentos de desalojo.También ordena a cada uno de los integrantes de la cuenca “un fuerte trabajo en materia de concientización social sobre los habitantes de la sirga.” Para Armella, los habitantes que hoy ocupan los 35 metros de costa del Riachuelo “resultan beneficiarios primigenios de las relocalizaciones”, es decir que serán prioridad en todas las acciones que se tomen al respecto.Fuentes cercanas al juzgado identificaron las demoras en el saneamiento por las internas que ocurren dentro de la ACUMAR, especialmente entre Nación y Ciudad. Al respecto alertó a “todos los estados de la cuenca que deberán mostrarse cohesionados y sin fisuras en su accionar, despojados de rencillas de cualquier naturaleza”. Si no lo hacen, serán multados, tal como estuvo a punto de ocurrirle al jefe de gobierno Mauricio Macri. Sin embargo, zafó: un día antes del vencimiento de todos los plazos para presentar alternativas de relocalización, el Instituto de Vivienda entregó un plan para garantizar la orden del juez.La medida también incluye a todos los pequeños asentamientos “sueltos”, que no han sido contenidos en los censos que lleva adelante un equipo de funcionarios de la Defensoría General del Poder Judicial, junto a la Defensoría del Pueblo y al Asesor Tutelar de Cámara Gustavo Moreno. Además, el juez también ordenó que los ministros de Seguridad y Justicia de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires deberán “asegurar el trabajo de los encargados de la relocalización” y si no lo hacen serán multados. El mensaje también está dirigido a las fuerzas de seguridad. “Deben maximizar los esfuerzos para evitar situaciones que entorpezcan el desarrollo de las obras”, advirtió el juez de Quilmes, que también aludió a todos los municipios que integran la ACUMAR para que se comprometan a recuperar los terrenos desalojados, transformarlos en espacios públicos libres que se puedan utilizar para las obras de saneamiento e impedir nuevas construcciones. Cualquier demora o entorpecimiento será considerado como incumplimiento y los responsables deberán ser identificados.

Moreno 1- Macri 0

Con Shakira, sin vecinos
Publicado el 15 de Marzo de 2011(Diario Tiempo Argentino)
Mauricio Macri estuvo la semana pasada a dos cuadras del lugar para sacarse una foto con la cantante colombiana Shakira, pero se negó a recorrer el camino de sirga del Riachuelo cuando los vecinos lo invitaron a recorrerlo. La noticia de la reubicación mantiene a los vecinos de la zona en estado de alerta, especialmente hace 15 días, cuando comenzaron a censarlos. Cuando la entrada de la Villa 21-24 amaneció vallada por la visita del jefe de gobierno y la cantante, la invitación fue comunicada a la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, por el asesor tutelar Gustavo Moreno, a cargo del censo. La respuesta nunca llegó, pero cerca de las 15 Macri y Shakira arribaron al centro de primera infancia El Alfarero, en la entrada de la 21-24. La colombiana dijo que “proyectos como este pueden inspirar a que se expanda la inversión para la infancia abandonada en América latina”, y se fue. Macri también. “Es insólito que Macri venga a dos cuadras de la sirga y no visite a las 1000 familias que viven una incertidumbre amargante”, se quejó Moreno y agregó: “Macri no puede entrar sin la policía al barrio, es lamentable.”

Sin viviendas, el desalojo es ilegal

Diario El Tiempo Argentino 13/02/2011
En 2008 la corte suprema ordenó la relocalización de sus habitantes, no la entrega de subsidios
Sirga: sin vivienda el desalojo es ilegal

Por Claudio Mardones
Mañana vence el plazo impuesto por el juez federal Luis Armella para que el gobierno porteño desaloje la costa del Riachuelo. No será posible: hay 1400 familias que deben recibir viviendas y la comuna sólo entregó algunos subsidios.

A los dos lados del Riachuelo hay miles de familias pobres que viven una cuenta regresiva que parece interminable. En los papeles del juez federal de Quilmes Luis Armella, esa espera terminará mañana, cuando venza el plazo para que el gobierno porteño desaloje a todos los habitantes porteños del camino de sirga, es decir, de los 35 metros de la ribera que son públicos. Si el jefe de gobierno Mauricio Macri no cumple con la orden federal, podría recibir una multa económica diaria. Pero ese dato no forma parte de las preocupaciones que quitan el sueño a las 1400 familias que viven en el costado porteño del Riachuelo. Especialmente porque no tienen donde ir.
“Si en este momento avanza cualquier tipo de desalojo, no hay viviendas disponibles para toda los habitantes de la sirga.” La advertencia pertenece al asesor tutelar de Cámara del Poder Judicial de la Ciudad, Gustavo Moreno. El funcionario recordó que realizar el desalojo masivo sin un destino definitivo, viola el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó sanear el Riachuelo en 2008. “El fallo dice claramente que hay que relocalizar a los habitantes de la sirga y esa orden no se soluciona con desalojos sin destino”, aclaró el abogado. De acuerdo a los relevamientos realizados por el Ministerio Público Tutelar, “hay 3000 menores de 18 viviendo al costado del Riachuelo”. Ese universo de niños y adolescentes está repartido en todos los asentamientos que hay en la ribera del cauce más contaminado de la Argentina. Se trata de las 70 familias del asentamiento “El Pueblito”, ubicado entre Barracas y la 1-11-14 del Bajo Flores, otras 70 que integran el asentamiento “Luján”, las 220 que forman parte de la Villa 26 y las casi 1000 familias de vecinos de la villa 21-24, que habitan en la curiosa curva del Riachuelo que parece una bahía. Todos ellos se mantienen en estado de asamblea desde el 12 y 13 de enero, cuando fueron desalojados tres grupos de adultos, dos familias, una mujer sola con discapacidad, una nena de seis años y un bebé de seis meses. La medida fue impulsada por el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, Diego Santilli. Sus funcionarios no ofrecieron viviendas, sino un manojo de subsidios. Los operativos sembraron pánico en la zona, pero la situación se disipó el martes pasado, cuando el presidente del Instituto de la Vivienda, Omar Abboud, llegó a la villa y anunció un plan de viviendas. Su implementación llevará un año. La noticia calmó a los vecinos, pero crispó a las empresas y funcionarios interesados en el saneamiento de la cuenca. Un negocio de 900 millones de pesos. “Están todos más interesados en sanear que en entregar vivienda, pero eso no se ajusta al fallo, es ilegal”, advirtió Moreno.

Ahora lo tenemos como Asesor Tutelar Camarista!!!!

El lunes 1 de noviembre de 2010, el Dr. Gustavo Daniel Moreno prestó juramento como Asesor Tutelar de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El destacado Dr. Moreno, después de su afirmación solemne "sí, juro", alzó su mano e hizo la "V" de la ¡Victoria!. Luego, expresó que seguirá trabajando por los derechos de los incapaces, renovando así su compromiso de lucha por alcanzar la justicia e igualdad social.