Dr. Moreno 1- UCEP 0

Por Francisco Yofre
fyofre@miradasalsur.com
Ya llegaron, saquen las CPU y hagan las copias de seguridad ya. Vamos, rápido.” La orden atronó el jueves a la mañana en el quinto piso del Edificio del Plata ubicado en Carlos Pellegrini 291. Fue dada por una de las pocas empleadas de la Ucep que estaban presentes al momento del allanamiento que ordenó el juez Roberto Gallardo. Varias PC fueron movidas a otras oficinas y algunos back up lograron salir del edificio. Así lo confió a Miradas al Sur un testigo que estaba en el momento del ingreso de los funcionarios y que conoce la intimidad del escuadrón macrista.
La medida judicial fue una de las tres iniciativas requeridas al magistrado por el Asesor Tutelar de Menores de la Ciudad, Gustavo Moreno, que interviene en el marco de la investigación que se sigue por la agresión sufrida por Carla Baptista, la embarazada atacada en Pasco al 1300 el pasado 1º de octubre. Las otras dos medidas solicitadas, y a las que el juez Gallardo dio su visto bueno, son el otorgamiento de un subsidio a la agredida en esa oportunidad, y la estricta obligación de informar a alguna autoridad judicial cada vez que la Ucep inicie sus operativos.
Miradas al Sur accedió a información originada en esas copias de seguridad hechas de apuro. Los datos que se pretendieron esconder a la Justicia desnudan modos y detalles del accionar del grupo de choque. Una de los claves más reveladoras es la aceitada relación que existe entre el escuadrón y la jefatura de Gabinete de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta. Así, en una comunicación interna, se detalla lo siguiente: “soy el encargado de hacer el seguimiento de los reclamos que llegan desde jefatura de Gabinete. Me comentó Florencia Campo que cuando haya reclamos para su área se los pase a este correo. Los de HRL (la sigla corresponde a las iniciales de Horacio Rodríguez Larreta) tienen prioridad número 1”. Esta comunicación partió de un alto miembro de la Dirección Atención Ciudadana que depende del jefe de Gabinete autor, el 12 de enero de este año, de una frase que parece una confesión: “Despacito, en silencio, se van haciendo los desalojos”.
Un grupo veloz y eficiente. Los informes revelan la relación de Rodriguez Larreta con el director de la Ucep, el ingeniero Jorge Polini, ambos integrantes del espacio político llamado Grupo Sophia.
“El horario fue dispuesto para aprovechar el momento en que los puestos no tienen clientes y que habitualmente se disponen a cerrar sus puertas. El timing fue llegar de improviso y confeccionar la actas correspondientes y proceder al retiro de los puestos en el menor tiempo posible.” Este párrafo de tono castrense aparece en el llamado Informe Operativo Costanera Sur 17-09-2009, uno de los ataques más conocidos del grupo contra los puestos de choripanes ubicados a metros de la Reserva Ecológica. Pero además, del documento interno se desprende que la Ucep no anda errante por la noche buscando indigentes sino que van con un “dato”. Según la información que allí consta, se desprende que buena parte de la localización de los sin techo es proporcionada por la Dirección General de Atención Ciudadana, que depende de Guadalupe Rossi y está bajo la órbita de Rodríguez Larreta. Allí se acumulan denuncias hechas por vecinos de manera particular, y de las que son giradas por diversos CGP de la ciudad. Otra vertiente de datos es generada por los asistentes sociales de la ciudad.
La lógica represiva del grupo se refleja en el lenguaje empleado. Así, en otro informe interno se califican a varios desalojos con el nombre de “grandes hitos”. Allí figuran el desalojo del 22 de febrero de 2008 a los cartoneros que estaban a metros de la estación Barrancas de Belgrano, el debut mediático de la Ucep o el operativo de Paseo Colón al 1500. En ese informe, que data de julio de 2009, un anexo señala que la Ucep cuenta “con un porcentaje del 80 por ciento de eficiencia en recuperación del Espacio Público. El 20 por ciento restante de los casos responde a un trabajo conjunto con B.A.P. (Buenos Aires Presente)”.
Así, mapas donde están señalizados los puntos de la ciudad a desalojar y varios pedidos de mayor presupuesto a las autoridades superiores componen algunos de los documentos internos ocultados a la justicia. Hay un detalle final: prácticamente el 100 por ciento de los operativos son contra indigentes.
El Argentino