falta en la ciudad una política de Estado que tienda a la inclusión de los chicos en la educación inicial

La venta y el consumo de alcohol por parte de menores de edad sumó un nuevo capítulo esta semana en la ciudad: a la muerte ocurrida a las puertas del colegio Marianista se agrega ahora una nueva disputa judicial.
El litigio se produce entre el defensor tutelar de Menores, Gustavo Moreno, y el juez en lo contencioso administrativo, Juan Vicente Cataldo: un fallo firmado por el magistrado habilita al local bailable Seven, situado en avenida La Plata al 700, a vender alcohol durante las fiestas de egresados, comunes en esta época, a los asistentes mayores de 18 años.
Los apoderados del local presentaron un recurso de amparo para que se les permitiera eludir la resolución ministerial que prohíbe expresamente la venta de alcohol en este tipo de reuniones, al aducir que sufrían un "perjuicio económico" por una disposición que calificaron de "inconstitucional".
Moreno se presentó espontáneamente en el juzgado tras conocer el fallo, dictado el 7 de agosto, para que se anulara la decisión, pues entiende que "provocaría más perjuicios que su aplicación".
"Hay que evaluar qué es más importante para la sociedad y el bien común: si el dinero que pueda ganar la empresa vendiendo alcohol a los mayores de 18 años o bien la ausencia de elementos como el alcohol, que, como todos sabemos, es un factor desencadenante de situaciones no deseadas", dijo ayer Moreno a LA NACION.
Cuestión de fondo Cataldo hizo lugar a la medida cautelar "hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo"; es decir, si es inconstitucional una resolución que, según Seven, contradice lo establecido por la ley que los habilita a vender alcohol y que, argumentan, es una norma con "rango superior" por tratarse de un decreto refrendado por la Legislatura.
"Es ilógico. Acá tiene que primar el sentido común. Las fiestas de egresados son fiestas privadas y no públicas, para las cuales rige esa norma que citan los apoderados del boliche. En una fiesta de egresados cómo se controla quién tiene más de 18 años y quién no. Es una locura, más si evaluamos que los chicos invitan a sus compañeros más chicos de 16 y hasta de 14 años", agregó Moreno.
La resolución N° 90/SCCC/2006 "prohíbe la venta, el consumo y suministro de bebidas alcohólicas durante todo el desarrollo de los eventos denominados fiestas de egresados". Según la presentación de los apoderados de Seven, la norma "afecta gravemente derechos y garantías constitucionales en cuanto ha sido dictada por un funcionario en exceso de sus atribuciones y facultades".
En la medida cautelar se agrega que el local está autorizado para la venta de bebidas alcohólicas, que posee el certificado de Bomberos correspondiente y que está inscripto en el Registro de Locales Bailables.
Irregularidades Moreno también destacó las irregularidades que asegura que se registran en las discos Caix, Pacha y Mint, que, según su denuncia, organizaron fiestas privadas de estudiantes pero no presentaron el certificado correspondiente ante el Registro Público de Lugares Bailables.
"Al no declarar que se realiza una fiesta no pueden actuar los fiscales contravencionales ni los inspectores del gobierno", dijo Moreno.
El fiscal general Germán Garavano fue notificado por Moreno del listado de locales bailables registrados en el gobierno, con el fin de que controlara las fiestas de egresados y su situación normativa.
Después de la muerte de la adolescente de 16 años Camila Rodríguez Viau, tras haber tomado alcohol antes de concurrir a una fiesta de egresados, en Caballito, otro caso relacionado con la noche y los excesos se conoció anteayer. Marcos Andreatini, un joven de 18 años del barrio de Villa Pueyrredón, falleció en el hospital Fernández después de haber asistido a un festival de música electrónica en Costa Salguero.
A estos dos casos se suman el alarmante dato de que en este último año han aumentado un 50% las atenciones de adolescentes intoxicados con alcohol en hospitales porteños.
Por Laura Rocha
De la Redacción de LA NACION







Multa para dos ministros
POR LA FALTA DE VACANTES EN ESCUELAS PORTEÑAS DE NIVEL INICIAL

Mariano Narodowski, titular de Educación, y María Eugenia Vidal, de Desarrollo Social, deben pagar 50 pesos por día hasta que presenten un plan para resolver un problema que afecta a unos 8000 niños y niñas. El martes rinden examen ante el juez.

Después de un año de incumplir una sentencia judicial, el ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, deberá pagar una multa de 50 pesos por día. Lo dispuso el juez en lo Contencioso Administrativo de la ciudad, Guillermo Treacy, en la demanda que una ONG inició contra el Estado porteño por la falta de vacantes en el nivel inicial de la educación en el sector estatal. En la ciudad, unos 8000 niños y niñas de hasta cinco años no consiguen lugar en jardines y guarderías y pasan su primera infancia en listas de espera aguardando un lugar que muchas veces no llega. Desde diciembre de 2006, cuando se inició la demanda, los sucesivos gobiernos no han presentado en la Justicia al menos un plan para resolver el problema. Por ese motivo, después de un año de advertencias, Narodowski deberá afrontar el pago de la multa. La misma sanción recibió la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, responsable de las guarderías. Los dos ministros fueron citados por el juez, para el martes próximo, a una audiencia donde deberán explicar si tienen un plan para cumplir con la sentencia.

La causa se inició en diciembre de 2006, ante una demanda presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en la que denunciaba la “exclusión de miles de niños y niñas de la educación pública en el nivel inicial por falta de vacantes”. Se argumentaba allí que el gobierno de la ciudad “no implementó las medidas necesarias para remediar la situación, a pesar de tener los recursos suficientes para hacerlo”. Para ese entonces, de acuerdo con cifras oficiales, el problema afectaba a 6047 chicos.
En 2007, en plena gestión de Jorge Telerman, el juez Treacy hizo lugar a la acción de amparo y le ordenó al gobierno que “presente en el término de veinte días un proyecto que especifique claramente las medidas que adoptará para asegurar que a partir de 2008 los niños de entre 45 días y cinco años puedan acceder a establecimientos de nivel inicial”. La ciudad apeló el fallo, pero la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia. Una nueva apelación llevó el expediente al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, donde se encuentra en la actualidad.

Ante la demora, la ACIJ pidió que se dictara una medida cautelar, a la que Treacy nuevamente hizo lugar, en marzo de 2008: el ministro –para entonces Narodowski llevaba tres meses en el cargo– debía presentar un plan para garantizar el acceso a la educación de los chicos involucrados, bajo apercibimiento de pagar una multa de 50 pesos por día.

Según la coordinadora del programa de Igualdad Educativa de la ACIJ, Nuria Becú, “el ministro nunca presentó un plan para solucionar el problema” y por eso, en diciembre último, le pidieron a Treacy que hiciera efectiva la sanción. Adhirió a ese pedido el asesor tutelar, Gustavo Moreno, que se encarga de defender los derechos de los niños y niñas de la ciudad. El juez nuevamente hizo lugar al pedido, el 19 de febrero último: les impuso a Narodowski y a Vidal una multa de 50 pesos diarios, lo que totalizaría 1500 pesos por mes, que les serían descontados de sus haberes.

En abril de 2008, Narodowski anunció públicamente que presentaría a la Justicia un plan para la construcción de doce nuevos jardines de infantes, especialmente en el sur de la ciudad, en un plazo de tres años: habló de cinco edificios nuevos y una cantidad no precisada de salas, más otros siete edificios que se harían con fondos del programa Mil Escuelas, de la Nación.

“En la causa sólo presentó un documento que habla de la gravedad de la situación y una lista imprecisa de obras donde no figuraba ubicación, presupuesto ni datos de las licitaciones”, dijo Becú anoche a Página/12. “Se limitó a hacer seis presentaciones, en muchos casos con información contradictoria e inconsistente”, agregó. El juez Treacy opinó en igual sentido al hacer efectiva la multa contra los funcionarios.

El asesor tutelar Gustavo Moreno opinó que “falta en la ciudad una política de Estado que tienda a la inclusión de los chicos en la educación inicial”. En ese sentido, responsabilizó a las gestiones de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman, además de la actual. “Entiendo que no se puede acabar con el problema de un día para otro, pero tampoco ha habido un plan para mitigarlo: el Estado no salió a contratar jardines privados para cubrir algunas vacantes”, dijo el funcionario a Página/12.

El juez Treacy citó a Narodowski y a Vidal para el martes 3 a las 11.30 –-un día después del oficialmente fijado para el inicio de las clases– en su despacho. Deben llevar “un informe detallado acerca de la forma y plazos en que darán cumplimiento a la sentencia”.

–Si el ministro lleva un plan, ¿el juez debería levantarle la sanción de la multa? –le preguntó este diario a la coordinadora de ACIJ.
–Eso lo va a resolver el juez. El plan tiene que ser muy concreto y específico, con plazos, presupuestos y mecanismos licitatorios. Y va a estar sometido a control judicial.

Fuente: www.pagina12.com.ar
Por Eduardo Videla