Gallardo, Moreno y el Padre Pepe

EL JUEZ GALLARDO, LA C.A.B.A Y
EL PACO EN LA VILLA 21-24…
El defensor presentó un amparo al ver a una gran cantidad de
chicos adictos en situación de pasillo.
Este miércoles el gobierno de Mauricio Macri le entregará a la
Justicia porteña un plan integral de trabajo y un protocolo de
internación y tratamiento para todos los menores con problemas de
adicción al paco en el sector más crítico de la Villa 21-24 del barrio
de Barracas, considerada uno de los barrios con mayor tráfico de
drogas sin control policial. El documento será entregado en
cumplimiento de un acuerdo judicial firmado el 27 de mayo entre el
titular del segundo juzgado contencioso, administrativo y tributario y
administrativo Roberto Andrés Gallardo y cinco funcionarios
porteños, entre ellos la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia
Vidal. Durante la audiencia del caso, el padre José María Di Paola,
párroco de la Iglesia Caacupé y coordinador del Equipo de
Sacerdotes para las Villas de Emergencia, expuso un demoledor
panorama de la adicción en el barrio y confirmó que, a pesar de los
esfuerzos, la situación “había empeorado mucho”. Luego de la
exposición, todos los presentes firmaron un acuerdo que fijó un
plazo de diez días hábiles para que la comuna entregue “un plan
judicialmente auditable”. El plazo vence mañana y se trata del
primer acuerdo sobre paco entre Gallardo y una administración
municipal que hace diez meses lo recusó en forma masiva. El plan
es la primera medida respecto de un grupo reducido de casos, pero
la comuna lo considera “un modelo de intervención testigo que, en
caso de ser aprobado por el juez, será aplicado en el resto de los
barrios”.
HALCONES Y PALOMAS. La iniciativa que tendrá Gallardo en sus
manos fue confirmada por fuentes del gobierno. Diez días después
de que este diario revelara la existencia de 600 chicos adictos “en
situación de pasillo” repartidos en todas las villas porteñas, la
Procuración General de la Ciudad apeló ante el Tribunal Superior
de Justicia el fallo de la jueza Andrea Danas que lo obligaba a
“garantizar el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes
de la ciudad con adicción a la pasta base de cocaína (paco), en un
plazo de 90 días”. Casi en la misma fecha que se firmó el acuerdo
que se cumplirá mañana, el procurador Pablo Tonelli dio la orden de
continuar las apelaciones ante la última instancia judicial porteña,
una polémica decisión que desató una tormenta de
cuestionamientos en el interior del gobierno PRO y que terminó en
diferencias entre funcionarios de Desarrollo Social y la oficina de
Tonelli. Para los técnicos de la cartera social, “hay que cumplir con
la orden de la jueza”, mientras que el jefe de los abogados del
estado sostiene que “el Poder Judicial no puede suplantar las
medidas que debe realizar un gobierno que fue votado para eso”. Si
el acuerdo de Barracas se cumple, nadie sabe qué dirá la Corte
porteña sobre el caso general, aunque para la mayoría de los
funcionarios judiciales consultados “Tonelli ha dejado en evidencia
una grave incongruencia judicial y ha mostrado una testarudez
ideológica que podría costarle el cargo”.
El caso que mañana abrirá un nuevo capítulo es el expediente
contencioso 12.975/9, que se originó en diciembre de 2007, cuando
el juez Gallardo y el titular de la Asesoría General Tutelar 1,
Gustavo Moreno, ingresaron al barrio por una denuncia de
irregularidades en la elección de delegados del barrio. Al salir, el
defensor de menores presentó un amparo luego de ver “a una gran
cantidad de chicos adictos tirados” en los pasillos del sector La
Toma, uno de los cuatro continentes que componen el mundo de la
21-24. Desde entonces la comuna ha realizado relevamientos sobre
los chicos y mañana entregará un plan que involucra al SAME y a
los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Justicia. Según el
último censo, el 80% necesita ser internado por tener cuadros
agudos de adicción. Al mediodía del último miércoles de mayo y
delante de cinco funcionarios porteños, además del juez, el padre
Pepe les dijo lo que piensa a gran parte de los 40.000 vecinos que
viven en la 21-24. “Las villas registran un alto nivel de orfandad
estatal, y si bien la presencia asistencial se ha incrementado, no es
suficiente, porque la cantidad de menores adictos al paco ha
empeorado mucho en lo que va del año”. Hace más de un mes,
cuando dijo que “la droga en las villas estaba despenalizada de
hecho”, recibió varias amenazas de muerte.
CRÍTICA DIGITAL Claudio Mardones
09.06.2009